Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128347
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de A.J.F. (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 128.347-RQ - “A.J.F. s/ Recurso de queja en causa N° 72.355 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.347-RQ, caratulada: “A.J.F. s/ Recurso de queja en causa N° 72.355 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Dolores que había condenado a A.J.F. A la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente -tres hechos- en concurso real entre sí (fs. 37/39 vta.).
2. Contra lo así resuelto, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 42/47 vta.).
Puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso” ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal.
Dijo que en el recurso que motiva la presente queja se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de este Tribunal, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del Tribunal que rechazó por extemporáneos los planteos de la defensa realizados ante la instancia casatoria y, que en virtud de ello, se sostuvo que tal proceder afectó la garantía del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 8.2.h y 14.5 del P.I.D.C.yP.).
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena.
Trajo a colación el precedente “Casal” de la C.S.J.N. (fs. 44/45).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte Federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena.
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P. pues esa labor debe realizarla un superior.
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 46 y vta.).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente porque el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó infructuoso, limitándose a expresar dogmáticamente su falta de aptitud” (fs. 47).
3. La queja no es de recibo.
a. En efecto, el Tribunal de Casación, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P. afirmó que “[l]a situación en análisis no encuadra en el presupuesto objetivo referido al monto de pena establecido por dicha norma, desde que A.J.F. No viene condenado a pena de prisión ‘mayor a diez (10) años’, ni se cumple con el restante recaudo legal pues los agravios no fueron sustentados estrictamente en la inobservancia de ley sustantiva” (fs. 38).
De seguido, manifestó que si bien tal principio debe ceder en ciertas ocasiones, en el caso, el intento de la defensa de sortear aquella exigencia legal “no habilita vía alguna de excepción, pues aun cuando manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios para abrir la instancia extraordinaria intentada, en realidad ellos no presentan tal carácter”.
En efecto, juzgó que los reclamos contra la porción del fallo que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial “están referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458, C.P.P.), por lo tanto, constituyen una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la competencia federal pretendida” (fs. 38 vta.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no evidencian, en forma razonada y concreta, la posible afectación de las garantías constitucionales vigentes que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación”.
Así entonces, resolvió que ha quedado sin establecerse “la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo casatorio y las garantías constitucionales que fueron invocadas” y que para que esta Corte se encuentre vinculada a intervenir como Superior Tribunal de provincia “la articulación extraordinaria debe haber sido efectuada con la suficiencia y carga técnicas pertinentes a tales fines, observancia que no está presente en el escrito en tratamiento”.
b. De lo reseñado, se advierte que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite .
Asimismo el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la C.A.D.H.- no prospera, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de A.J.F. (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia