Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular a favor de B.A.O. (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios del doctor Gabriel Hernán Di Giulio por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.120-RQ - “Bongiorno, Antonio Osvaldo s/ Recurso de queja en causa N° 72.524 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 5 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.120-RQ, caratulada: “B.A.O. s/ Recurso de queja en causa N° 72.524 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. Conforme surge de las piezas aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 13 de abril de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de B.A.O., contra la sentencia de dicho órgano que -declarando parcialmente procedente el recurso de la especialidad- condenó al nombrado a seis años de prisión, accesorias legales y costas por reprocharle la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal bajo la modalidad de delito continuado -por el que venía condenado, mediante juicio abreviado, a ocho años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del departamento judicial Azul- (fs. 35/38).
2. Contra lo así resuelto, el defensor particular -doctor Gabriel Hernán Di Giulio- interpuso queja -cfe. art. 486 bis -ley 14.647- (fs. 42/51 vta.).
En primer lugar se refirió a los requisitos de admisibilidad de la vía extraordinaria. Sindicó cumplido lo dispuesto por los arts. 482 y 483 del C.P.P., y postuló su correcta fundamentación (fs. 44 vta.).
Afirmó que se torna admisible la vía en virtud de la cuestión federal que porta, y esgrimió la necesidad del tránsito previo por ante esta Suprema Corte -cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del Máximo Tribunal nacional- (fs. cit./45).
Expuso que en el recurso se denunció el quebranto a las garantías de revisión amplia del fallo condenatorio -art. 8.2.h de la C.A.D.H.-, el debido proceso y la defensa en juicio, dejándose planteada -a todo evento- la inconstitucionalidad de la limitación que prevé el art. 494 del código de rito (fs. 45).
A continuación fundó la queja (fs. cit.).
Postuló que el a quo incurrió en exceso al ejercer el control de admisibilidad, “ingresando en el mérito de los fundamentos” (fs. cit. in fine).
Confrontó la insuficiencia que le endilgó el revisor en el auto desestimatorio. Afirmó que dicha respuesta lo convierte en juez de su propio decisorio, en clara afectación a lo normado por los arts. 482, 483, 484 y 494 del C.P.P. y a las garantías de la inviolabilidad de la defensa en juicio e imparcialidad (fs. 45 vta.).
Trajo a colación lo fallado por esta Corte en punto al control de admisibilidad y procedencia. Reiteró que “los agravios fueron considerados insuficientes para configurar la cuestión federal”, y transcribió parcelas del auto en crisis (fs. 45 vta./46).
En segundo término le reprochó el fundamento dogmático que le endilgara, desvinculado de los basamentos de la impugnación (fs. 46 vta.).
Confrontó “que el recurso se limita[ra] a sostener que la respuesta es insuficiente”, y señaló denunciado el incumplimiento a la garantía de la doble instancia, específicamente respecto al alcance que la sentencia acuerda al juicio abreviado. Esgrimió que el primer fallo casatorio no ingresó al análisis de las críticas que la parte llevara en la vía homónima, efectuando “un examen somero del fallo…sin ingresar en el tratamiento meduloso del material probatorio íntegro” (fs. 46 vta./47 vta.).
Cuestionó la visión del sometimiento al juicio abreviado como un renunciamiento al debate amplio. Riñó con el criterio por el cual el acuerdo “eximía de la construcción del estado de culpabilidad a partir de la valoración de la prueba” -arts. 201 y 373 del C.P.P.-, del juicio de adecuación típica y del ejercicio del derecho de defensa (fs. 47 vta.).
A continuación, reiteró los embates llevados en la apelación primigenia, y detalló la exigencia del análisis probatorio que pretendió ante dicha instancia (fs. 48 vta./50 vta.).
Para finalizar, refirió que la desestimación del recurso extraordinario mantiene la inobservancia del control amplio para la revisión del fallo -art. 8.2.h de la C.A.D.H.- (fs. 51).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado.
Se advierte que la Alzada basó su decisorio en el “incumpl[imiento] de la carga de motivación suficiente impuesta por los artículos 484 y 495 del rito” (fs. 36).
Para concluir de tal modo, en primer lugar razonó que, aun cuando se hallen incumplidos los requisitos del art. 494 del C.P.P., es doctrina de esta Suprema Corte que la existencia de una cuestión federal “obliga a obviar dicho límite” toda vez que constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieren estar involucradas (fs. 36 y vta.).
No obstante -razonó- que la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión de la naturaleza señalada, siendo exigible su correcto planteamiento. De seguido, pasó a verificar dicho extremo, y entendió que el mismo se hallaba incumplido en virtud de la inaptitud de la parte para demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 36 vta.).
A continuación, rechazó el planteo sobre la valoración probatoria, afirmando que la naturaleza procesal del embate escapa a la competencia extraordinaria -cfe. lo fallado por este Tribunal en P. 117.211-. Adunó que el impugnante “no logra motivar en forma suficiente” las violaciones constitucionales denunciadas, en tanto no se hace cargo de los motivos de la sentencia revisora para desestimar su planteo “las que no critica ni refuta” (fs. 37 y vta.).
En dicho tópico, especificó las falencias endilgadas al escrito impugnativo sobre el agravio vinculado al plexo probatorio y afirmó que “no es posible obviar que la huera alusión a una 'respuesta insuficiente' no cumple con el requisito de los artículos 484 y 495 del ritual” pues el agravio se reduce a una mera discrepancia de opinión que “mal puede considerarse como motivación válida de la lesión constitucional que se denuncia” (fs. 37 vta.).
Concluyó que la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento revisor no fue “identificada en forma argumental”, por lo que luce infundada, y resulta inhábil para desplazar los límites de la norma de rito (fs. 38).
4. Si bien de la reseña efectuada surge que el Tribunal revisor al afirmar que el impugnante “no logra motivar en forma suficiente” las violaciones constitucionales denunciadas (fs. 37 y vta.), efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad -tal como lo puso de manifestó el quejoso a fs. 45/46-, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual el a quo -de modo acertado- desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la parte no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesarias pues omitió realizar una crítica razonada y precisa del decisorio atacado, limitándose a exponer un criterio divergente.
5. Cabe señalar que la imprecisión en la doble cita del art. 495 del C.P.P. que efectuó el órgano revisor para mencionar -por un lado- el cumplimiento de la técnica que exige la formalización de la impugnación, y -por el otro- vinculado a la “motivación válida de la lesión constitucional que se denuncia” -v. fs. 36 y 37 vta., respectivamente- si bien no resulta pertinente, no empece la solución expuesta.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular a favor de B.A.O. (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios del doctor Gabriel Hernán Di Giulio por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia