Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128291
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Miguel Ángel Gil; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 128.291-RQ - “Gil, Miguel Ángel s/ Recurso de queja, en causa n° 72.611 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.291-RQ, caratulada: “Gil, Miguel Ángel s/ Recurso de queja, en causa n° 72.611 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de noviembre de 2016, denegó -parcialmente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la señora defensora oficial de Miguel Ángel Gil, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata, que lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por resultar en despoblado y en banda y mediante el uso de un arma cuya aptitud en el hecho no ha sido acreditada, en grado de tentativa (fs. 51/54 vta.).
II. Frente a ello, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 56/61.
Con respecto a la parcela que le resultó adversa, la defensa puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso” ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (fs. 57 y vta.).
Expuso que en el carril intentado se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del Tribunal que rechazó por extemporáneo el planteo de la defensa realizados ante la instancia casatoria, y que, en virtud de ello, se sostuvo que tal proceder afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio (arts. 18 de la C.N., 8.2.h y 14.5 del P.I.D.C.yP.) -fs. cit./58-.
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y vulneró -en consecuencia- de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente “Casal” de la C.S.J.N. (fs. 58 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte Federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena. En esa línea, adujo que el órgano revisor encubrió su propia omisión, citó el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P. pues esa labor debe realizarla un superior (fs. 59 y vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. cit./60).
En consecuencia, argumentó que la decisión que declaró inadmisible el recurso, en el tramo referido a la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, “con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias (…) para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria” (fs. 60).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso” (fs. cit. vta.).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, la sede casacional, luego de referir que en autos se cumplieron los requisitos de los arts. 482 y 483 del C.P.P., aludió a lo normado por el art. 494 del mismo cuerpo y afirmó que “[l]a situación en análisis no encuadra en los presupuestos objetivos”, toda vez que no se halla abastecido el monto punitivo impuesto al encartado, y los agravios no fueron sustentados estrictamente en la inobservancia de ley sustantiva (fs. 52 vta./53).
En lo que a la presente atañe, juzgó que resulta inadmisible el agravio dirigido contra la resolución de ese órgano de no tratar los planteos novedosos expuestos en la oportunidad del art. 458 del ritual, toda vez que “el intento de la señora Defensora de sortear las exigencias establecidas por la ley para abrir la instancia extraordinaria, las que según se señaló no concurren en el caso, no habilita vía alguna de excepción” (fs. 53 vta.).
Agregó que los reclamos contra la porción del fallo se refieren a la interpretación y aplicación de normas que regulan la instancia casatoria (art. 451 y 458, C.P.P.), y, por ende, constituyen una temática de naturaleza procesal; materia que, conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la competencia federal que pretende (fs. cit./54).
Observó que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no contienen la exposición en forma razonada y concreta de la posible afectación de las garantías constitucionales vigentes que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación” (fs. 54).
Así entonces, resolvió que en el presente tramo de la impugnación “ha quedado sin establecerse la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo casatorio y las garantías constitucionales que fueron invocadas, de modo que no es posible sortear los recaudos objetivos que, cabe reiterar, están ausentes en esta situación en particular” (fs. cit.).
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite.
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la C.A.D.H.- no prospera, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Miguel Ángel Gil; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia