Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan José Baric (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.489-RQ - “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires s/ Recurso de queja en causa n° 72.165 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.-
///Plata, 31 de mayo de 2017.
La presente causa P. 128.489-RQ, caratulada: “Baric, Juan José -Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires s/ Recurso de queja en causa n° 72.165 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 27 de diciembre de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Subsecretario de Política Penitenciaria contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás que hizo lugar parcialmente a la acción de habeas corpus presentada a favor de todos los detenidos de la Unidad Penal N° 3 y ordenó a la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial que, en el término de ciento veinte días, dé cumplimiento al cupo máximo de alojamiento en dicha dependencia carcelaria para lo cual deberá reubicar a los condenados en establecimientos carcelarios destinados exclusivamente a ellos, como así también, procurar el traslado paulatino de los procesados con domicilio en otros departamentos judiciales y solicitar al Director de la Asesoría Pericial que disponga la realización de una pericia arquitectónica en el plazo de sesenta días (fs. 51/57).
Para arribar a tal decisión, afirmó que la parte no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a demostrar el cumplimiento del recaudo del art. 482 del ritual (fs. 54).
Por otro lado, indicó que si bien el recurrente esgrimió agravios de pretensa índole federal, no reúnen la suficiencia y carga técnica necesaria para lograr la apertura excepcional del carril impugnativo pues no son más que una reedición parcial de lo expuesto con anterioridad y no evidencian la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (fs. 55).
Finalmente, descartó la denuncia de gravedad institucional por estimar que las genéricas alegaciones en torno a la supuesta interferencia con la competencia del poder ejecutivo se desentienden de lo decidido. En su apoyo, citó las causas Ac. 200.048 y P. 107.982 de esta Corte (fs. 55/56).
2. El Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan José Baric, presentó queja (fs. 58/64 vta.).
a. Aclaró que el interés en recurrir radica en que, de modo arbitrario e infundado, se invadieron las facultades del poder administrador al ordenarse el cumplimiento de un cupo determinado de internos en un plazo de tiempo (fs. 58 vta.).
Luego, aseveró que cuenta con legitimación recursiva conforme lo establece el decreto 1577/16. Trajo a colación las causas P. 103.248 y P. 104.930 de este Tribunal y explicó que sus facultades son complementarias de las del Fiscal de Estado (fs. 59/vta.).
b. Sentado lo anterior, tachó de arbitrario el juicio de admisibilidad negativo por infundado y dogmático (fs. 60 vta.).
En primer lugar, explicó que contrariamente a lo sostenido por la Alzada, la resolución en crisis es definitiva en los términos del art. 482 del C.P.P. ya que genera un agravio irreparable a los propios detenidos y es de imposible cumplimiento. Indicó que existe un exceso de población en todas las unidades penitenciarias de la provincia y que hasta que no se construyan nuevas plazas o se adopten medidas que permitan reducir el crecimiento poblacional, las medidas ordenadas resultarán de imposible cumplimiento (fs. 61/vta.).
En segundo término, refirió que los agravios constitucionales relativos a la división de poderes y al debido proceso se formularon con la suficiencia y carga técnica necesaria (arts. 1 y 18 de la C.N. -fs. 61 vta.-). Resaltó que la Cámara no sólo dispuso el cese del agravamiento de las condiciones de detención sino que también ordenó el cumplimiento de un cupo máximo en un tiempo determinado, siendo estas atribuciones propias de la administración penitenciaria. Mencionó la causa P. 103.248 (fs. 61 vta./62 vta.).
Como tercer punto, destacó que la gravedad institucional está suficientemente fundada en la violación de la división de poderes, lo que trasciende el mero interés de las partes y afecta a la comunidad entera (fs. 63).
Por último, tachó de arbitraria la resolución por falta de fundamentación, lo que a su entender derivó en el quebrantamiento del derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el principio de razonabilidad de los actos de gobierno y la división de poderes (fs. 63/64).
3. La queja es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. Sin perjuicio de las consideraciones que se podrían formular en torno a la legitimación del recurrente, lo cierto es que las particularísimas circunstancias que exhibe el presente ponen de relieve que la sentencia del Tribunal de Casación Penal que confirmó la resolución de la Cámara que, a su vez, hizo lugar parcialmente al habeas corpus a favor de las personas alojadas en la Unidad Penal N° 3 y ordenó el cumplimiento de una serie de medidas (v. punto 1. del presente), pone fin a la discusión sobre el punto y, por ello, debe equiparse a definitiva (art. 482 del C.P.P.; cfe. P. 125.111, res. del 9/III/2016; P. 122.246, res. del 9/IX/2014 y P. 116.475, res. del 5/VIII/2013).
b. Sin embargo, el apelante no removió de manera eficaz el obstáculo formal relativo a la falta de suficiencia y carga técnica de las pretensas cuestiones federales.
En efecto, como lo puso de manifiesto el órgano revisor, el quejoso no evidenció la relación directa e inmediata entre la sentencia casatoria y la denuncia de violación al principio de división de poderes y debido proceso.
En tal sentido, resulta esclarecedor puntualizar que la Alzada, frente a un idéntico planteo llevado por la parte en el libelo casatorio (v. fs. 12/28), lo descartó por estimar que el poder judicial, al ordenar el cese de medias que afectan los derechos de las personas privadas de su libertad en la unidad N° 3 de San Nicolás, actuó dentro de su ámbito de competencia sin que ello haya implicado el diseño de política penitenciaria (v. fs.37/38).
En suma, el apelante no controvirtió eficazmente el argumento consistente en la falta de carga técnica con que se desarrollaron los embates de pretensa índole federal.
c. Más allá de lo expuesto en el punto anterior, a mayor abundamiento, cabe señalar que esta Corte, en supuestos similares al presente, descartó denuncias vinculadas con supuestos conflictos de poderes por juzgar que, en su caso, debieron plantearse originariamente ante esta Suprema Corte y no mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada en el marco de un proceso judicial que se encuentra en trámite, como acontece en el sub lite.
Cabe recordar que en materia de conflicto de poderes, este Tribunal posee competencia originaria y exclusiva, y es el único que tiene atribuida por la Constitución de la Provincia la jurisdicción para resolver estas cuestiones (art. 161 inc. 2° de la Constitución provincial, B. 71.067, 4/VIII/2010; cfe. P. 111.237, resol. del 30-III-2011; P. 113.422, resol. del 16-III-2011, e.o.).
d. Finalmente, la denuncia de gravedad institucional, fundada en la violación al principio de división de poderes, tampoco prospera en tanto, una vez más, no se hizo cargo de los motivos por los cuales el a quo descartó un idéntico planteo con anterioridad (v. fs. 55/56).
e. En función de lo expuesto en los puntos anteriores, la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentación quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan José Baric (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia