Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.849-RQ - “Mansilla, Marian Arcelia; Bellemans, Angélica Ester; Mansilla, Jesica Daniela; Mansilla, Pamela Elizabeth; Bellemans, María Ayelén; Mansilla, Matías Oscar; Molinari, Sergio Daniel S/ Recurso de Queja en causa N° 72.887 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.849-RQ, caratulada: “Mansilla, Marian Arcelia; Bellemans, Angélica Ester; Mansilla, Jesica Daniela; Mansilla, Pamela Elizabeth; Bellemans, María Ayelén; Mansilla, Matías Oscar; Molinari, Sergio Daniel S/ Recurso de Queja en causa N° 72.887 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de marzo de 2016, rechazó por improcedentes sendas quejas interpuestas por el Defensor Oficial contra las resoluciones de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, confirmatorias de las decisiones del Juzgado de Garantías N° 2 departamental, por medio de las cuales no se hizo lugar a las solicitudes de eximición de prisión formuladas en favor de Marian Araceli Mansilla, Angélica Ester Bellemans, Jésica Daniela Mansilla, Pamela Elizabeth Mansilla, María Ayelén Bellemans, Matías Oscar Mansilla y Sergio Daniel Molinari (fs. 100/105).
Interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 107/114 vta.), la citada Sala lo declaró inadmisible (fs. 115/119).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso de queja a favor de los nombrados (fs. 121/127).
En primer lugar, alegó que resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la Corte nacional en tanto el decisorio en crisis privó a esta Corte de su competencia como “cabeza de la administración de justicia de la provincia” (arts. 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 de la C.N. -fs. 124 vta.-).
Seguidamente, tachó de arbitraria la resolución “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas” (fs. cit.).
Destacó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados en el mismo son de índole federal, en tanto se halla en juego un derecho de insusceptible reparación ulterior como es el de gozar de libertad durante el proceso penal, en tanto que el estado de inocencia es de rango federal; y b) el auto atacado mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “se fundó en afirmaciones dogmáticas, genéricas y vacuas que no dieron respuesta a los argumentos del casacionista”.
Explicó que el a quo negó al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la concurrencia de esa cuestión federal pero -por sobre todo- negó la suficiencia de su fundamentación y la demostración de esa relación directa con la solución del caso (fs. 125 vta.).
Indicó que en el recurso extraordinario se expresó que existía una relación directa entre el derecho federal invocado y los hechos ventilados, dado que “la aplicación del código de forma efectuada en el caso (arts. 169, 185 y 186) transgrede lo normado por el art. 18 de la C.N. en cuanto consagra el derecho a permanecer en libertad durante el proceso” (fs. 125 vta./126).
También criticó la respuesta de la casación cuando dijo que el reclamo no reunía “la suficiencia y carga técnica necesaria que este tipo [de] demandas tiene que evidenciar en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal”, calificando ese argumento de genérico y abstracto “inaplicables a las constancias de la causa” (fs. 126).
Concluyó que la decisión de la casación negó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la inaplicación del límite que en razón de la materia impone el art. 494 del C. P.P. (fs. 126 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal.
En efecto, los desarrollos efectuados por la defensa oficial respecto del yerro del Tribunal a quo en punto a la no concesión del medio revisor extraordinario pese a la invocación de cuestiones federales, que hubiere generado dejar de lado las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas en el art. 494 del C.P.P., en pos de garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, sólo se traducen en una opinión contraria y discrepante con lo resuelto, mecanismo inidóneo para evidenciar la existencia de arbitrariedad en la decisión recurrida.
a. De la lectura del pronunciamiento en crisis, surge que el Tribunal de Casación, en primer lugar, afirmó que la presentación se dedujo contra una resolución equiparable a definitiva, citando en su apoyo jurisprudencia de la Corte nacional y provincial (fs. 116/116 vta.).
A continuación analizó si el recurso portaba algún planteo de índole federal que permitiese sortear el valladar del art. 494 citado, y -en su caso-, si había sido formulado con suficiencia (doctrina de los fallos “Strada” y “Di Mascio” de la C.S.J.N.). Agregó que “…la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento, pues sólo así [esta] Corte provincial se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal de la causa según los precedentes de la Corte Federal antes referenciados” -fs. 116 vta.-.
Puso de resalto que “…tales extremos no se abastecen con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretende, sino que requieren por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte”, y que “las críticas desarrolladas tampoco habilitan vía alguna de excepción, pues ellas se vinculan -en rigor- a temáticas de índole procesal (v.gr. el alcance del art. 186 del C.P.P. en conjunción con las previsiones de los artículos 169 y 170 del mismo digesto) que, por su naturaleza resultan impropias de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no ha sido acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado” (v. fs. 117).
Seguidamente, señaló que tampoco se había efectuado un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edifica su queja, pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo, y que -a su vez-, no consigue demostrar siquiera conjeturalmente que según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad. Recordó que “…la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad (Fallos 323:1247; 325.2319; etc.)”. Hizo mención a los precedentes “Gobet, Jorge Aníbal C/ Telefónica de Argentina, ENTel. Estado Nacional, S/ Accidente de trabajo”, sent. del 13/VI/2006 de la C.S.J.N. y P. 119.980 del 10/XII/2014, de esta Corte (v. fs. 117/117 vta.).
Sostuvo que la defensa se limitó a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis, circunstancia que resultaba determinante para dirimir la cuestión si se advierte que, como ha quedado expuesto, la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar (conf. P. 125.834 del 9/XI/2015).
Refirió que -en el caso- la defensa “…no ha controvertido eficazmente los argumentos por los cuales se ha descartado la arbitrariedad de los pronunciamientos de la Alzada departamental conforme ha sido expuesto en la resolución en crisis (v. fs. 61), donde además se dejó sentado que resulta clara la voluntad legislativa de dejar de lado los presupuestos del instituto regulados en el art. 170 del C.P.P., no encontrándose prevista la admisibilidad de la eximición de prisión extraordinaria y finalmente, no se ha replicado con suficiencia que, además de la calificación legal se tuvo especialmente en cuenta la pluralidad de intervinientes en la empresa delictiva y la gravedad de la misma que dicha circunstancia conlleva, trasuntando su crítica una mera disconformidad insuficiente que sella la inadmisibilidad del remedio” (v. fs. 118).
Concluyó que de los argumentos expuestos no se advierte que el recurrente refute, en forma concreta y razonada, los fundamentos otorgados en el pronunciamiento impugnado a partir de los que instaura su fallo (v. fs. 118 vta.).
b. De lo reseñado, se puede advertir que la queja traída dejó incontrovertidos varios de los argumentos en base a los cuales se desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Entre ellos el que hace pie en que la temática llevada en el recurso denegado resultaba ser “de índole procesal”, como aquel relacionado con el “alcance del art. 186 del C.P.P. en conjunción con las previsiones de los artículos 169 y 170 del mismo digesto” (v. fs. 117).
En el mismo sentido, la casación decidió que no había refutado de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis y que no había controvertido los argumentos por los cuales se descartó la arbitrariedad de los pronunciamientos de la Alzada.
De igual modo no se hizo cargo de los criterios tenidos en consideración por el órgano revisor en función de los diversos precedentes de esta Corte -P. 125.834, sent. del 9/XI/2015; P. 119.980, sent. del 10/XII/2014, entre otros- y del Supremo Tribunal federal -Fallos 324:1295; 328:3165; 323:1247; 325:2319, e.o.-.
c. En definitiva, la presentación no logra revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.), y por ende, la pretendida arbitrariedad (v. fs. 124 vta.) ha quedado huérfana de todo sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia