Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Maximiliano Leguizamón (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.408-RQ - “Leguizamón, Martín Maximiliano s/ Recurso de queja en causa Nº 72.517 y su acumulada Nº 72.850 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.408-RQ, caratulada: “Leguizamón, Martín Maximiliano s/ Recurso de queja en causa Nº 72.517 y su acumulada Nº 72.850 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 13 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que había condenado -en lo que interesa- a Martín Maximiliano Leguizamón a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma (fs. 44/49 vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 54/63).
Adujo que contrariando la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, la decisión que origina esta queja importa una negación de la competencia apelada de esta Corte que la priva del rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo (fs. 58 vta.).
Tachó a la negativa de arbitraria en tanto se la funda “de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en lo que conoce la Provincia”.
Sostuvo que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal en atención a que: a) los agravios postulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley son de índole federal en tanto se debatió en él la frustración por el Tribunal de Casación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en su debida extensión fue puesta en juego; b) esas cuestiones federales se han vinculado de manera directa con la solución del caso; c) la cuestión federal fue oportunamente planteada, pues si bien se la presenta por primera vez en el recurso denegado ello se debe a que la indebida restricción del derecho a la doble instancia se consagró de manera originaria en la sentencia casatoria; y d) el gravamen es actual (fs. 59 y vta.).
De este modo, indicó que la limitación en razón del monto de pena y de la materia que trae el artículo 494 del Código Procesal Penal “deben ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad” (fs. 60).
Destacó que en su proceder el a quo para negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina “Di Mascio” formuló una serie de consideraciones dogmáticas que son inaplicables a los antecedentes del caso.
Consideró que el Tribunal de Casación defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud desnaturalizadora de la función que le asigna el art. 486 del Código Procesal Penal (fs. cit.).
En ese sentido, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior.
Para más, apreció que el Tribunal intermedio afirmó la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso mediante fórmulas genéricas y abstractas.
Sentado ello, señaló que no se advierte qué otra fundamentación podía portar el remedio local, desde que “se invocó el derecho a la revisión del fallo, se dijo que la mera repetición de los argumentos del tribunal de mérito por parte del Tribunal de Casación no satisface ese derecho de rango supremo y así se denunció la falta de respuesta por parte de la Sala I (…) por advertir que al momento de rechazar el recurso de casación intentado por la defensa del encartado, no examin[ó] verdaderamente la sentencia de condena en el marco de los planteamientos articulados, y así se invocaron los pronunciamientos del sistema interamericano que delimitan la extensión de ese derecho y de los de la Corte Federal que los recoge en esa misma extensión como obligación para el estado [a]rgentino y como cláusulas de rango supremo para el derecho interno” (fs. 61).
En consecuencia, expuso que el recurso extraordinario no solo portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que demostraba directamente su procedencia y la vinculación de ese modo de resolver con su consecuencia ineludible: la frustración del control que es la sustancia del derecho a la doble instancia.
Adunó que también se demostró que el a quo no había contestado debidamente los argumentos del casacionista, los que detalló (fs. 61 vta.).
Sobre el punto, refirió que el recurso denegado explicaba que ni una palabra dedicó la casación a esos ataques a la sentencia “lo que tornaba el tránsito por la instancia casatoria en uno meramente aparente”.
Asimismo, en cuanto a la infracción denunciada por esa parte al derecho al doble conforme originado en que el Tribunal a quo limitó su revisión sobre los hechos a la concurrencia de un absurdo valorativo que es de un alcance más restringido que el control que demanda el derecho a la doble instancia “absolutamente nada ha dicho el auto denegatorio”. En ese tren, dijo que ese ha sido uno de los defectos centrales de la sentencia casatoria “pues ha confirmado una sentencia condenatoria basada en conjeturas plausibles pero no verificadas con valor verdad”.
3. La queja formalizada es improcedente.
a. En efecto, el Tribunal de Casación Penal sostuvo que la pena impuesta resulta inferior a la estipulada en el artículo 494 del Código Procesal Penal y que en el desarrollo de la impugnación llevada a su conocimiento no se identifica infracción a la ley sustantiva.
Sumó a ello que la defensa “intenta sortear dicha limitación impugnando la sentencia dictada por e[s]a Sede, con los argumentos de que -en lo sustancial- se registra una ‘Revisión aparente de la sentencia de condena…’”; pero que “del desarrollo de dicho agravio se advierte que el impugnante tan sólo indica que ‘la recurrente demuestra con meridiana claridad que a partir de la valoración probatoria que el a quo realiza, no es posible afirmar con la certeza necesaria para desplazar el in dubio pro reo -derivado del principio de inocencia, art. 18 CN- que Leguizamón haya cometido el delito de robo agravado por haberse cometido con el empleo de arma’ (…) esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente puesto que solo remite -sin aditamento alguno- a lo planteado originariamente por la defensa de la instancia, sin esgrimir ningún argumento contra los fundamentos expuestos en el decisorio cuya revisión pretende” (fs. 45 y vta. -cursiva en el original-).
Para más, reprodujo lo dicho por este Tribunal en la causa P. 112.218.
A renglón seguido, observó que “no se advierte que el recurso extraordinario presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que, en el presente caso, están involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, a fin de tener presente circunstancias excepcionales que permita la concesión del remedio impetrado, dejando de lado las limitaciones objetivas que la ley establece” (fs. 46).
En este sentido, luego de aludir a lo dicho en la causa P. 108.624, expuso que es criterio de este Cuerpo que “las limitaciones objetivas que establece la legislación local (…), cede ante la existencia de ‘absurdo o arbitrariedad’, ambas causales que el recurrente no ha podido demostrar a lo largo de su impugnación” (fs. 46 vta.).
Finalmente y en sustento de lo expuesto, transcribió parcelas de diversos precedentes de esta Corte: P. 106.222, resol. del 16/XII/2009; P. 118.283, resol. del 23/IV/2014; P. 106.387, sent. del 14/10/2010, entre otros.
b. De lo reseñado, se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, más sin tener en consideración la respuesta brindada en el resolutorio aquí en crisis. Tampoco se hizo de los diversos fallos de esta Corte citados en el mismo para reforzar dicha decisión.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la tacha de arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
c. Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del Código Procesal Penal, tampoco es de recibo.
Pues, como tiene dicho este Tribunal, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13-5-2015; P. 125.523, resol. del 20-5-2015, P. 125.506, resol. del 3-6-2015, P. 125.630, resol. del 17-6-2015, P. 126.793, resol. del 15-6-2016; P. 126.939, resol. del 28-9-2016; P. 127.732, resol. de 1-2-2017; P. 128.008, resol. de 19-4-2017).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, se aprecia que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
4. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art.494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Maximiliano Leguizamón (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia