Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por la señora Asesora de Incapaces y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (art. 494 del C.P.P.).
P. 128.650 RQ - “Scherman, Ida Ariana -Asesora de Incapaces- s/ recurso de queja en causa n° 72.619 y su acumulada n° 72.988 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI”.
///Plata, 5 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.650-RQ, caratulada: “Scherman, Ida Ariana -Asesora de Incapaces- s/ recurso de queja en causa n° 72.619 y su acumulada n° 72.988 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI”,
1. El Juez de Garantías N° 6 de La Plata dictó el sobreseimiento total a favor de Cristian Capute en el marco de la IPP N° 042773/09 por extinción de la acción penal por prescripción (v. antecedentes de fs. 33).
Objetando lo resuelto, se alzó -en lo que aquí interesa- la Titular de la Asesoría N° 1 de La Plata, doctora Ida A. Scherman, mediante recurso de apelación, que resultó desestimado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial mediante el pronunciamiento dictado el 11 de junio de 2015. Ello implicó -asimismo- la interposición del recurso de casación por la representante del Ministerio Público (fs. cit. y vta.).
El 31 de mayo de 2016, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, rechazó -por inadmisible- la vía homónima (fs. 33/42).
2. La señora Asesora de Incapaces dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que resultó -igualmente- desestimado por la Sala Sexta del Tribunal de Casación por auto dictado el 15 de diciembre de 2016 (fs. 43/46).
Para decidir, luego de señalar que la resolución atacada -en donde, en lo que interesa destacar, se rechazó el recurso de casación que cuestionaba la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación- no constituye una decisión de las contempladas por el art. 494 del C.P.P. y que la vía impetrada configura el carril idóneo para las eventuales cuestiones federales, aclaró que dicha circunstancia no se abastece con su mera invocación sino que es menester su correcto planteamiento.
En ese sentido, señaló que tal situación no se patentiza en la presente pues los reclamos “se desentienden de lo efectivamente resuelto”, en tanto la decisión recurrida sostuvo que no se encontraban satisfechos los requisitos de impugnabilidad objetiva del art. 450 del C.P.P., tras lo cual se descartó la presencia de gravedad institucional como la existencia de una cuestión federal correctamente planteada (fs. 44 vta./45).
Agregó que la parte se limita a enunciar garantías sin acompañarlas de un razonamiento que permita conectarlas con los hechos de la causa, “y cuando pretende atacar la razonabilidad del plazo esboza una idea inatingente y desconectada de lo efectivamente sucedido” (fs. 45).
Afirmó que la impugnante no consigue demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimó comprometidas; ni logra evidenciar que la sentencia cuestionada sea el fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas indefectiblemente inconducentes o inconciliables con las pruebas habidas en la causa o desconozca abiertamente el derecho positivo vigente.
Concluyó que la pretensa cuestión federal no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se sustentó la resolución atacada, por lo que el recurso carece de fundamentación autónoma, recaudo que no se satisface con la exposición genérica y esquemática de causales de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculan directamente con el contenido del fallo que resuelve las respectivas cuestiones.
En definitiva, resolvió que la presentación en trato no fue articulada con fundamentación necesaria para argumentar que podría estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear los requisitos objetivos del art. 494 del C.P.P., ausentes en el caso.
3. Contra esa decisión, la señora Asesora de Incapaces interpuso una queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. -texto según ley 14.647- ante esta Suprema Corte de Justicia (fs. 49/54)
En puridad, le adjudicó al decisorio dos falencias:
a. Denunció el apartamiento, injustificado y arbitrario, de la doctrina de esta Suprema Corte y del Tribunal federal sobre la admisibilidad del carril impugnativo, y le recriminó incurrir en exceso de atribuciones, ingresando al análisis de la procedencia (fs. 51).
Expresó que la vía denegada contenía una cuestión federal suficiente -violación a la Convención de los Derechos del Niño, y la Convención de Belem do Pará, y arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente-. Afirmó que su correcto planteamiento habilita per se el recurso impetrado, y le objetó al órgano omitir aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, avanzando en la procedencia de la cuestión federal (fs. cit. y vta.). Proclamó que el examen debió ceñirse a la admisibilidad formal del planteo (fs. 51 vta.).
b. A continuación, tachó de arbitrario el auto “por notorio apartamiento de las constancias de la causa”, al afirmar que la cuestión federal no se encuentra debidamente planteada (fs. 51 vta. in fine/52). Confrontó con lo razonado en punto a la falta de demostración de la relación directa a inmediata entre la misma y el fondo del reclamo y expuso que “la sola lectura del recurso” evidencia que el reclamo de la parte se erige en el respeto a los derechos y garantías de la niña damnificada y su interés superior, en particular el derecho a ser oída, la tutela judicial continua y efectiva, “y a que se investiguen y sancionen los abusos de los que resultara víctima” (fs. 52).
Adunó que el a quo “desconoce por completo el principio de prioridad de exigibilidad de protección jurídica” -arts. 5 inc. 2 de la ley 26.061, y 3 y 5 de la C.D.N.- que establece la prioridad del niño ante la colisión de sus intereses con los de los adultos (fs. 52). Explicó que el voto que abre el acuerdo privilegió el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable, “en desmedro del interés superior de la niña víctima de autos”, desconociendo el bloque de constitucionalidad federal -arts. 75 inc. 22 de la C.N., 8.1 y 129 de la C.A.D.H., 14.3 inc. c) del P.I.D.C. y P.- (fs. cit. in fine).
Agregó que el instituto prescriptivo reglamenta el derecho del imputado en esta etapa procesal, plazo que -resaltó- no ha transcurrido (fs. 52 vta.). Aseveró que la afectación al plazo razonable “no surge de otra fuente más que la mera voluntad y discreción de los jueces intervinientes en esta causa” (fs. cit.).
A renglón seguido, pormenorizó en lo llevado en la vía extraordinaria (violación a la C.D.N. y la Convención de Belem do Pará, arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente) y afirmó que se halla fundado el motivo de agravio. Refirió que ello se evidencia con la referencia concreta a los pasajes de la sentencia recurrida, habiéndose indicado -además- el déficit de fundamentación y las contradicciones en que incurría (fs. 52 vta./53). Coligió en que -por un lado- se desarrollaron claramente los vicios argumentales del acto sentencial, lo que abastece “las exigencias de una correcta identificación de las causales de arbitrariedad”, y se indicó el modo en que la interpretación y aplicación de la ley que efectuó el órgano vulnera los mandatos convencionales aludidos (fs. 53).
Por lo expuesto, entendió que la cuestión federal denunciada guarda directa e inmediata relación con lo resuelto en la causa (fs. cit.).
4. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Tal como lo evidenció la impugnante, contrariamente a lo sostenido en el juicio de admisibilidad negativo, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se demostró que las pretensas cuestiones federales allí expuestas se desarrollaron con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad y guardan una relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto por el Tribunal de Casación Penal.
5. Por todo lo expuesto, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (cfe. art. 486 bis del C.P.P.; doct. de los precedentes “Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou” -Fallos: 310:324- de la Corte nacional.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por la señora Asesora de Incapaces y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (art. 494 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y estese al requerimiento efectuado en P. 128.556-RQ, a la cual luce acollarada.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia