Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja impetrada por la doctora Ana Julia Biasotti, a favor de Juan Armando Heredia con costas (art. 486 bis y concs. Del CPP y art. 31 bis de la ley 5827).
P. 128.037-RQ - “Heredia, Juan Armando s/ Recurso de queja, en causa n° 72.314 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.037 -RQ, caratulada: “Heredia, Juan Armando s/ Recurso de queja, en causa n° 72.314 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal -mediante resolución del 8 de septiembre de 2016 (v. copia agregada a fs. 50/53)- declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Defensora Oficial Adjunta ante esa instancia -doctora Ana Julia Biasotti- a favor de Juan Armando Heredia contra la decisión de ese órgano que -descartando el remedio de la especialidad- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Matanza que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo (fs. 35/42).
Para así resolver, -en lo que interesa destacar- consideró que -pese a encontrarse satisfecho el requisito del monto de la pena previsto por el art. 494 del C.P.P.- resultaba inadmisible el agravio dirigido contra la decisión de no tratar los planteos novedosos expuestos por la defensa en la oportunidad prevista por el art. 458 del C.P.P.
En efecto, estimó que “bajo la apariencia” de una cuestión de tal naturaleza, “la disconformidad del impugnante con ese aspecto del fallo”, involucraba en rigor “planteos vinculados con la interpretación de normas de orden local (art. 451 y 458, C.P.P.), materia (…) ajena a la instancia federal”, conforme la inveterada doctrina de la C.S.J.N., concluyendo en que la argumentación ensayada por la parte “no autoriza a entender” que pudiera estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear el mencionado requisito (v. fs. 52 y vta.).
II. Contra la parcela de la decisión que le resultó adversa, la citada Defensora Oficial Adjunta dedujo el recurso de queja -cfe. art. 486 bis, según ley 14.647- que obra glosado a fs. 56/61.
Allí -luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales- se disconformó con el juicio de admisibilidad de la vía extraordinaria realizado por el tribunal recurrido -transcripto en lo pertinente-, en cuanto negó entidad a la cuestión constitucional articulada en esa postulación, a los fines de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal (fs. 56/57 vta.).
De seguido, destacó la naturaleza federal de sus planteos, ligados a la violación de la utilidad de la defensa pública (art. 18 C.N.), con afectación de la garantía a una revisión integral, conforme lo prescriben los art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. 58).
Se refirió a la doctrina de la revisión amplia, conforme el precedente “Casal” de la C.S.J.N., los casos “11.137, Informe 55/1997” y “11.335, Informe 78/02” de la Corte I.D.H., y lo decidido por este Tribunal en la causa P. 85.977 (fs. cit./59 vta.).
En otro orden, alegó que la Casación omitió explicar por qué el planteo de índole federal resultaba defectuoso (fs. 60 y vta.) y que “…al ser la sanción de la ley 14467 posterior al hecho que se (…) imputa (…), y establecer un ‘doble juicio de admisibilidad’, deben evitarse los rigorismos formales en la evaluación del caso por el propio órgano revisor, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad” (fs. cit. vta.).
Como colofón, señaló que sus agravios habilitan la apertura de la jurisdicción de esta Corte, en orden a dar satisfacción a la doctrina derivada de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” del cimero Tribunal (fs. cit. vta.).
III. La queja intentada no logra socavar las bases argumentales sobre las que se cimentó el juicio de admisibilidad negativo sobre el tópico que aquí nos ocupa.
Ocurre que, conforme se reseñó en el considerando I° de la presente -al que cabe remitirse en honor a la brevedad-, el Tribunal intermedio, si bien advirtió que el libelo recursivo portaba una denuncia de cuestiones constitucionales, reprochó a la parte que su planteo -vinculado con la violación de la garantía de la revisión amplia del fallo condenatorio al haberse desestimado el reclamo de inaplicabilidad del art. 80 inc. 1 del Cód. Penal por ser novedoso-, implicó, en rigor, una cuestión procesal.
Ello puesto que no es cierto que el a quo no haya advertido la alegación de una cuestión federal sino que, al contrario de lo afirmado en la queja, la sede casatoria juzgó que tal planteo involucraba cuestiones referidas a la interpretación de normas de orden local –arts. 451 y 458, CPP- y que esa materia resultaba ser ajena a la instancia federal (fs. 52/vta.).
Tal aserto era el que debía controvertirse para remover el óbice adjetivo y lograr poner en juego un agravio federal, susceptible de habilitar la instancia. Pues las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio, aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite.
IV. A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para remover el juicio de admisibilidad negativo, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del C.P.P. y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. de 7/11/2001; P. 75.534, sent. de 21/11/2001; P. 77.329, sent. de 10/9/2003; P.81.725, sent. de 16/9/2003; P. 83.841, sent. de 9/10/2003; P. 89.368, sent. de 22/12/2004; P. 99.549, sent. de 8/7/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja impetrada por la doctora Ana Julia Biasotti, a favor de Juan Armando Heredia con costas (art. 486 bis y concs. Del CPP y art. 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia