Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Jonathan Gustavo Martínez (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.960-RQ - “Martínez, Jonathan Gustavo s/ Recurso de queja, en causa n° 72.833 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P: 127.960-RQ, caratulada: “Martínez, Jonathan Gustavo s/ Recurso de queja, en causa n° 72.833 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Jonathan Gustavo Martínez, contra la decisión de ese órgano que rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza que condenó a Jonathan Gustavo Martínez a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de homicidio simple agravado por la utilización de arma de fuego (fs. 59/61).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- articuló queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P (fs. 66/71 vta.).
Sostuvo que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto se denunció la arbitrariedad de la sentencia al haber declarado el Tribunal intermedio la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco de los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal relativos a la disminución de la pena impuesta en origen y a la exclusión como pauta agravante de la nocturnidad dada, por un lado, la ausencia de toda justificación por parte del Fiscal para su aplicación y, por el otro, la insuficiente justificación del a quo al momento de valorarla (fs. 68 y vta.).
Sostuvo que de tal modo se generó la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso en infracción a los arts. 18 de la C.N., 8.2.h de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial (fs. 68 vta.).
En dicho marco, expuso que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública ante el a quo y afectó, en consecuencia, de modo directo, la posibilidad de una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena respecto del imputado, con menoscabo, a su vez, del estado jurídico de inocencia (fs. cit.).
Adujo que debe tenerse presente que las limitaciones de carácter formal de las que la casación hace uso para desoír a la defensa ante dicha instancia “fragmentando -en perjuicio- del encartado los agravios de una única institución -la defensa pública-, infringe […] disposiciones constitucionales […] al limitar el derecho de defensa, restándole utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el Tribunal de Casación e imposibilitando al aquí condenado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena” y que “[t]al fragmentación de los agravios […] deviene arbitraria pues […] desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia” (fs. 68 vta./69).
Remarcó más adelante que resulta inexacto lo afirmado por el a quo en punto a que no se encuentra demostrada la denunciada vulneración a los derechos de defensa, al recurso, al estado jurídico de inocencia y a la garantía de la doble instancia que produce la limitación contenida en el art. 451 del ritual en cuanto excluye del tratamiento en Casación de los agravios planteados en el marco del art. 458 del C.P.P. (fs. 69 y vta.).
Por otra parte, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del C.P.P. pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior; de lo contrario -sostuvo- se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 70 y vta.).
III. La queja, tal como fue traída, no prospera.
1. La Casación Penal obturó el acceso a la instancia extraordinaria juzgando que si bien “se observa la existencia del recaudo establecido en el primer párrafo del art. 494 del C.P.P. vinculado con el monto de la pena […] no se advierte, en cambio, la denuncia concreta de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva […] pues la parte no la efectúa con la especificación técnica necesaria en este tipo de impugnaciones” (fs. 60, el subrayado en el original).
De seguido, analizó las cuestiones de pretensa índole federal invocadas en la postulación extraordinaria y en esa tarea resaltó que “las referencias traídas por el impugnante no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida (arts. 494 C.P.P., 14 y 15, Ley 48)” (fs. 60).
Observó que si bien se denunció la vulneración al derecho al recurso y a la revisión integral del fallo condenatorio “el derecho a obtener la revisión integral de la sentencia de condena es precisamente el que la parte ejerció con su recurso de casación (ver la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia in re ‘Mendoza, Walter Damián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 64.911 del Tribunal de Casación Penal, Sala I’, P. 125.464, del 22 de diciembre de 2015)” (fs. 60 vta. el subrayado en el original).
Finalmente y en lo que atañe a la solicitud de inconstitucionalidad de los arts. 451 y 494 del C.P.P. señaló que “es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de la leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio” y agregó que de esa forma para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doct. P. 100.955, res. de 23/VII/2008; Ac. 101.036, 10/IX/2008; P. 100.115, res. de 23/XII/2009, entre otros)” (fs. 60 vta.).
2. De los agravios esbozados surge evidente que el recurrente dejó incontrovertido el argumento central por el cual se ha desestimado el remedio extraordinario local incoado -insuficiencia de las cuestiones federales-.
Se advierte que las críticas vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la posibilidad de una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena, reeditan las llevadas en la instancia anterior.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que –en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. Del 7/XI/2001; P. 75.534, sent. del 21/XI/2001; P. 77.329, sent. del 10/IX/2003; P. 81.725, sent. del 16/IX/2003; P. 83.841, sent. del 9/X/2003; P. 89.368, sent. del 22/XII/2004; P. 99.549, sent. del 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Jonathan Gustavo Martínez (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia