Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Rubén Alejandro Rodríguez (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de los doctores Oscar N. Salas y Christian A. Romano por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.759-RQ, caratulada: “Rodríguez, Rubén Alejandro s/ Recurso de queja en causa Nº 72.910 del Tribunal de Casación, Sala III”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de julio de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad contra su propio decisorio por el que confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mercedes que -en lo que aquí interesa- condenó a Rubén Alejandro Rodríguez a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de extorsión, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con hurto simple (fs. 47/50).
Para así decidir, luego de señalar que la vía contemplada en el art. 491 del C.P.P. sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces de tribunales colegiados o en la no concurrencia de mayoría de opiniones -arts. 168 y 171 de la Const. prov.-, razonó que en el caso, de la reseña de los agravios “es fácil advertir que no se encuentran comprendidos en los supuestos antes mencionados”, pues -agregó- “la defensa busca controvertir aspectos del fallo vinculados con el acierto o sentido de lo resuelto”, extremos que identificó como ajenos al acotado marco de la vía incoada (fs. 48).
De seguido, luego de indicar las exigencias objetivas del remedio contemplado en el art. 494 del C.P.P., explicó que el mismo resulta el carril idóneo para el tratamiento de las eventuales cuestiones federales que pudieran estar involucradas -art. 14, Ley 48-, y razonó que “tal interpretación constitucional, torna innecesaria la invalidación pretendida” (fs. 48 vta.).
Finalmente, sindicó que el art. 489 del C.P.P. procede cuando se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales confrontados con normas de la Constitución Provincial, “supuesto que no se configura si en el pronunciamiento impugnado no se ha resuelto caso constitucional alguno, ni se advierte en el escrito impugnativo fundamentación en los citados términos” -artículo 161 de la Constitución Provincial- (fs. 48 vta./49).
A continuación entendió que los motivos federales carecían del mínimo de suficiencia técnica a los fines de su abordaje, y explicó que resulta menester su correcto planteamiento en pos del tránsito por ante esta Suprema Corte. En ese razonar, entendió que “la parte no estaría refiriéndose a otra cosa que a la insuficiencia de motivación en la sentencia dictada”, y agregó que su cuestionamiento -en rigor- “se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales y precisiones” que permitan desentrañar los extremos respecto de los cuales, -según afirma- se dictó una sentencia con fundamentos dogmáticos y aparentes, y confirmó una condena.
Razonó que la parte no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y halló que guardaban plena aplicación los límites de recurribilidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 49 y vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el nombrado, junto a su defensa particular -doctores Oscar N. Salas y Christian A. Romano-, articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 52/90 vta.).
1. En primer lugar, denunció que el órgano incurrió en exceso, pronunciándose sobre el fondo del asunto, en clara invasión a la competencia propia de esta Suprema Corte (fs. 53 vta./54).
2. A continuación se expidió respecto del recurso extraordinario de nulidad denegado (fs. 55 vta.).
Tachó de “incoherente” lo así decidido y transcribió las parcelas del auto que le fueron adversas (fs. cit.). Esgrimió que reiteradamente se planteó la falta de tratamiento de cuestiones esenciales en la instancia casatoria, tales como la inconstitucionalidad y el cambio de calificación legal solicitado (fs. 56 vta.).
Le adjudicó a la sentencia casatoria falta de fundamentación, y sostuvo que dicho planteo “se recuest[a] sobre otro nuevo resolutorio nulo, mediante el cual se rechazan nuestros Recursos Extraordinarios” (fs. 58 vta.). Tachó de dogmáticos y carentes de un análisis lógico los fundamentos de ambos pronunciamientos (fs. cit. in fine ).
Reiteró la omisión de tratamiento, y agregó que también fue denunciada la violación a los arts. 40, 41 y 41 bis del CP, por entender excesiva la sanción aplicada (fs. 59 vta.). Señaló que pese a la ponderación de atenuantes por parte del órgano casatorio se mantuvo la misma penalidad, lo que -además- de tornar arbitrario lo decidido, vulnera el principio de razonabilidad, reafirmando el carácter nulo del acto sentencial (fs. 60).
Peticionó el cambio de calificación hacia la figura de concusión -art. 266 del CP-, y se explayó respecto de los requisitos típicos y su comparación con otras figuras -extorsión, exacciones ilegales- (fs. 60 vta./64).
Entendió que la ausencia de tratamiento del reencuadre típico genera una cuestión de gravedad institucional (fs. 64 in fine ).
A continuación se explayó respecto de la falta de fundamentación -arts. 106 del CPP, 168 y 171 de la Const. provincial- (fs. 65). Citó precedentes de esta Suprema Corte y vinculó lo denunciado con el derecho al recurso –art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP-. Arguyó en punto al carácter amplio que debe revestir el proceso revisor y aseguró que la omisión reprochada invalidó dicho precepto (fs. 66 y vta.).
Objetó la mera discrepancia que le adjudicó el auto, y afirmó que se demostró la vulneración a diversas garantías constitucionales (fs. cit. in fine /68).
3. De seguido se ocupó del remedio contemplado en el art. 494 del CPP (fs. 68 in fine ).
Tachó nuevamente de arbitrario el decisorio que obturó el acceso a esta Corte y cuestionó la ponderación probatoria efectuada por el Tribunal de condena, y reafirmada por el revisor (fs. 68 vta./69). Reiteró la falta de fundamentación y la vulneración a garantías constitucionales por ambos decisorios, y precisó que “el presente es un caso de flagrante violación al debido proceso legal por errónea aplicación de la ley” (fs. 69 y vta.), puntualizando en el error de subsunsión -arts. 1, 106, 210 y 373 del CPP y 40, 41, 54, 55, 162 y 168 del C.P.- (fs. 69 y vta.).
Confrontó con la primer sentencia casatoria, se explayó respecto a la prueba -testimonial, informes de las comunicaciones-, y afirmó que no se describió la participación de su asistido en el hecho (fs. 70 vta./75 vta.). Concluyó en la violación a los arts. 120 y 373 del C.P.P, “motivado en el absurdo lógico-jurídico de la valoración de la prueba producida y agregada legalmente al proceso” (fs. 75 vta. in fine ).
Mencionó el valladar de la vía en trato, y sindicó que el resolutorio atacado merece la tacha de arbitrariedad. Explicitó que “[e]l derecho vulnerado es derecho constitucional federal ”, esto es, la violación al debido proceso, entre otros -arts. 16, 17, 18, 19 y 31 de la C.N.- (negrita en el original, fs. 77 vta. in fine ).
Consideró que la “orfandad probatoria” demuestra que el resolutorio de condena quebrantó el principio del in dubio pro reo , lo que -expuso- fue llevado en la vía extraordinaria (fs. 78 vta.).
4. Finalmente, se abocó al recurso de inconstitucionalidad -art. 489 del CPP- (fs. 79 in fine ).
Objetó su desestimación y afirmó que -en dicho marco- se esgrimió la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 79 vta.). Agregó que la tarea revisora llevada a cabo por la casación vulneró lo normado por el art. 28 de la C.N. (fs. 80).
A continuación, se refirió a la limitación que prevé el 494 del CPP, mencionó vulnerado el art. 16 de la CN, y -con cita de lo fallado en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” por la Corte federal- postuló que la misma debe ceder a los fines de la cuestión federal traída: derecho de defensa en juicio (fs. 80 vta./81).
Se explayó respecto de la violación al art. 18 de la C.N. “por no tratar cuestiones esenciales que hacen al derecho de defensa en juicio y debido proceso legal”, adunó el quebranto al derecho a la jurisdicción, citó diversa normativa convencional, y coligió que median en el presente cuestiones federales que pueden generar responsabilidad internacional del Estado (fs. 81 in fine / 83.).
Estimó que se torna necesaria la intervención de esta Suprema Corte -cfe. arts. 5 y 31 de la CN- (fs. 85).
Insistió en el exceso del órgano, citó parágrafos del auto desestimatorio, y señaló que intenta defender su propia sentencia (fs. 86 y vta.).
Para finalizar, transcribió diversos decisorios de esta Suprema Corte (fs. 87/89 vta.) e hizo reserva del caso federal -art. 14, ley 48- (fs. 90).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , C.P.P.).
1. Respecto a las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley -conforme la reseña del apartado I.- se desprende que el motivo basal por el cual el órgano obturó el acceso a esta Suprema Corte radica -por un lado- en la ausencia de una causal propia de la vía receptada en el art. 491 del CPP, y -por el otro- en la insuficiencia del planteo federal respecto al carril del art. 494 del código de cita.
Frente a ello, lo cierto es que la parte -más allá de las someras menciones al auto adverso- dirigió sus esfuerzos a efectuar una reedición textual de los planteos llevados en las mismas, lo que per se configura una técnica inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del CPP).
2. Con relación al remedio extraordinario de inconstitucionalidad, se aprecia que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida, esto es, la ausencia de caso constitucional.
Lo argüido ante esta instancia lejos de demostrar que su pretensión encuadra en las previsiones del art. 489 del código de rito, evidencia aún más que sus planteos no se enmarcan dentro del objeto del remedio denegado.
IV. Tampoco prospera la denuncia de exceso mencionada por la parte –v. fs. 53 vta./54 y fs.86 y vta.-, en tanto, no se observa que hubiera avanzado más allá de las facultades conferidas en el marco del art. 486 del CPP.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE :
1. Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Rubén Alejandro Rodríguez (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de los doctores Oscar N. Salas y Christian A. Romano por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia