Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128123 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja articulada a favor de Sandra Elizabeth Contreras (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios del doctor Darío Norlis Rodríguez Busso por los trabajos profesionales desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
La Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.123-RQ, caratulada: “Contreras, Sandra Elizabeth s/ Recurso de queja en causa N° 72.842 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. De las piezas acompañadas por la parte surge que la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de septiembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa particular de Sandra Elizabeth Contreras contra el decisorio de dicho órgano que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 6 departamental que condenó a la nombrada a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autora del delito de homicidio calificado por el vínculo (fs. v. cédula de fs. 1 y fs. 2/5).
Para así fallar, halló reunido el quantum punitivo que exige la manda de rito, aunque ausente lo exigido respecto a la índole de los agravios (fs. 3 vta. in fine). De seguido, afirmó que -en casos excepcionales- dicho principio debe ceder cuando se hubiese puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, y razonó que “en este supuesto, la defensa no logró demostrar que se encuentre involucrada de manera directa inmediata una cuestión de tal naturaleza” (fs. cit./4).
Expuso que los desarrollos de la parte constituyen una “discrepancia expresada en términos de generalidad con lo resuelto”, carente de “críticas concretas dirigidas contra la motivación expuesta” (fs. 4). Sentado ello, recordó que la suficiencia del reclamo no se satisface con la mera invocación de un cuestión de la naturaleza prealudida, siendo menester su correcto planteamiento (fs. cit. in fine). En dicho marco argumental, delimitó el objeto de la doctrina de la arbitrariedad con cita de lo resuelto por esta Suprema Corte en P. 107.574 y por el Máximo tribunal en Fallos: 310:234 (fs. 4 vta.).
Finalmente, afirmó la innecesariedad de expedirse respecto a la constitucionalidad del art. 494 del C.P.P., en tanto el mismo no se erigió como obstáculo para la admisibilidad (fs. cit./5).
2. Frente a ello, el doctor Darío Norlis Rodríguez Busso interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis del CPP (fs. 25/30).
Se agravió de la ausencia de críticas concretas que le reprochó el auto. Explicó que el carril extraordinario refería a la prueba producida “pero siempre amparándose y resaltando los derechos y garantías elementales” vulnerados (fs. 26 vta.). Entendió que lo allí expuesto es “la muestra cabal” del quebranto a los principios constitucionales y tratados internacionales, entre los que mencionó los de razonabilidad, legalidad, inocencia, y el derecho de defensa en juico y debido proceso objetivo (fs. cit./27).
Agregó, que allí denunció el prejuzgamiento y la arbitrariedad que pesó sobre su asistida (fs. 27), y afirmó que los fundamentos vertidos “superan indudablemente” las limitaciones del art. 494 del Código ritual. A tal fin, y por economía procesal, se remitió al escrito recursivo y lo dio por reproducido (fs. 27). Entendió que la alegada arbitrariedad habilita el estudio por este Tribunal (fs. cit.).
Objetó al a quo la fundamentación de carácter general y las referencias jurisprudenciales sin efectuar una relación específica con la vía denegada. Advirtió que el único fundamento se cimenta en la falta de demostración de una cuestión federal involucrada de manera directa e inmediata (fs. 27 in fine/vta.). Riñó con ello, y afirmó -nuevamente- que la presentación denegada contiene específicamente los derechos y garantías constitucionales vulnerados, con sustento en jurisprudencia y doctrina vinculante al caso, “realizando además una relación de ello con las constancias de autos y la propia prueba producida y recolectada” (fs. 27 vta.).
Tachó de arbitrario al acto sentencial “por inobservancia de la obligación jurisdiccional a favor de la valoración obligada de la prueba tasada” -art. 18 de la C.N.- (cursiva en el original, fs. 28). Denunció que el rechazo del remedio incoado incurre nuevamente en falta de fundamentación y argumentación suficiente, portando -asimismo- el vicio de mención (fs. cit. in fine).
Para finalizar, se refirió a la aptitud del remedio receptado en el art. 494 del CPP, a los fines del planteo federal, y transcribió parcelas de pronunciamientos de esta Corte (fs. cit./29 vta.).
Hizo reserva del caso federal -arts. 14 y 16, ley 48- (fs. 29 vta.).
3. La queja es improcedente.
a. Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto 1., la Alzada desestimó el carril extraordinario por hallar insuficientemente planteada la cuestión federal.
Frente a ello, el quejoso lejos de remover dicho obstáculo formal se limitó a reiterar las garantías constitucionales que aduce vulneradas, sin demostrar la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto -art. 14 de la ley 48-, motivo específico en que el a quo cimentó la falencia.
En suma, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del CPP).
b. En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja articulada a favor de Sandra Elizabeth Contreras (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios del doctor Darío Norlis Rodríguez Busso por los trabajos profesionales desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia