Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128163 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Ignacio Ledesma, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
“LEDESMA, CARLOS IGNACIO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 72.539 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.163-RQ, caratulada: “Ledesma, Carlos Ignacio s/ Recurso de queja, en causa n° 72.539 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Carlos Ignacio Ledesma, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente al resolutorio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen que confirmó el rechazo de la eximición de prisión solicitada a favor del nombrado (fs. 36/39).
Para así resolver, luego que juzgó equiparable a definitiva la decisión impugnada, remarcó el carácter procesal de la materia involucrada (eximición de prisión) y, al no hallar abastecidos los requisitos previstos por el art. 494 del C.P.P., estimó que cabía analizar si mediaba algún planteo federal idóneo para sortear el valladar allí impuesto.
En ese tren, consideró -por un lado- que el impugnante no logró evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido, en tanto se desentendió de las razones vertidas por aquella sede para desestimar sus planteos.
Por otra parte, indicó que las cuestiones federales alegadas (violación a la garantía de debido proceso y defensa en juicio) no fueron acompañadas de fundamento argumental autónomo como para demostrar por qué -a su criterio- la sentencia había restringido de manera directa e inmediata las garantías invocadas.
En suma, concluyó que el recurrente no logró demostrar de modo suficiente la relación directa e inmediata entre las garantías que estimó vulneradas y lo decidido y resuelto.
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló recurso de queja (fs. 55/60).
Liminarmente, alegó el cumplimiento de los recaudos formales y reseñó los antecedentes de la impugnación (fs. 55/56 vta.).
Ingresando en la fundabilidad del reclamo, transcribió -parcialmente- la respuesta brindada por la sede casatoria, y señaló que la misma “excedió los límites del control de admisibilidad”, inmiscuyéndose en el fondo del asunto (fs. 56 vta./57 vta.).
En ese discurrir, denunció que la casación confirmó la denegatoria de la eximición de prisión decidida por la Cámara, sin considerar diversas circunstancias que fueron expuestas a su conocimiento, tales como que su asistido posee arraigo en Pehuajó, que transcurrieron más de tres años desde el inicio de las actuaciones y que no existen peligros procesales (fs. 58 y vta.).
Sostuvo que al momento de resolver la admisibilidad del recurso extraordinario local, la sede casatoria desoyó concretos agravios federales y las circunstancias pre aludidas; y cuestionó que -en definitiva- se haya fundado la denegatoria de la eximición en la escala penal del delito endilgado y la pena en expectativa (fs. cit.).
Afirmó que el órgano intermedio se extralimitó en la función conferida por el art. 486 del C.P.P. pues dirimió el planteo desnaturalizando el instituto y vedando el acceso de su asistido a la jurisdicción, en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo condenatorio -arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 P.I.D.C. y .P-. En dicha senda, tildó el decisorio de arbitrario y requirió la intervención de esta Corte (fs. 59 y vta.).
Finalmente, puso de resalto que la sanción de ley 14.647 fue posterior al hecho que se le imputa a su pupilo y que al establecer un “doble juicio de admisibilidad”, deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio Tribunal revisor, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad (fs. cit./60).
III. La queja es improcedente.
En efecto, la denuncia de arbitrariedad y exceso en la jurisdicción no puede prosperar en tanto el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.). En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por otra parte, frente a lo resuelto por el a quo la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal, pues se limitó a reiterar las alegaciones vertidas en el recurso de casación y en la vía extraordinaria, pero no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (art. 15 de la ley 48).
Por todo lo expuesto, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Ignacio Ledesma, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia