Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso interpuesto ante la aludida instancia (art. 486 bis, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
“ALTUVE, CARLOS ARTURO -FISCAL- S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA Nº 72.127 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA VI, SEGUIDA A PAGET, GRISELDA BEATRIZ”
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.451-RQ, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso de queja en causa Nº 72.127 del Tribunal de Casación, Sala VI, seguida a Paget, Griselda Beatriz”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 6 de octubre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por el Fiscal General del Departamento Judicial Junín contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental que, revocando parcialmente la decisión de primera instancia, dispuso el sobreseimiento de Griselda Beatriz Paget en orden al delito de corrupción de menores (fs. 8/10).
El a quo, luego de aludir a lo normado por el artículo 494 del Código Procesal Penal adujo que “el requisito anteriormente expuesto no se encuentra abastecido, en virtud de tratarse del sobreseimiento de la imputada de autos”.
De seguido, refirió que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales (cfe. “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”), la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento. En dicho marco, señaló que ello no se da en el caso de autos en tanto “el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto por e[s]e Tribunal, precisamente porque e[s]a magistratura dio acabada respuesta al planteamiento que oportunamente efectuara la parte en su recurso de casación, explicando los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de base para sustentar la decisión” (fs. 8 vta./9).
En efecto, sostuvo que la parte no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas.
2. Frente a ello, el señor Fiscal ante la aludida instancia -doctor Carlos Arturo Altuve-, articuló recurso de queja (fs. 12/18).
Señaló que el a quo denegó erróneamente la vía extraordinaria intentada, al apartarse de la letra expresa de la ley procesal, como así también de la doctrina de esta Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ha excedido el límite de la competencia que la ley le asigna en tanto avanzó sobre funciones y facultades propias de este Tribunal (fs. 13 vta.).
a. Por un lado, después de mencionar lo previsto por el artículo 494 del ritual, remarcó que con una simple lectura del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad previstos por la normativa vigente”. A tal fin detalló: a) que la vía en cuestión se dedujo contra el sobreseimiento de la imputada, por lo que resulta evidente que la causa no llegó a instancia alguna en la que se pudiera requerir pena, “no resultando dicho requisito exigible para el caso en cuestión”; y b) que el Tribual de Casación no hizo referencia alguna al motivo principal del recurso –inobservancia del artículo 125 del Código Penal-, lo cual pone de resalto el apartamiento por parte de los sentenciantes de la letra expresa de la ley procesal (fs. cit./14).
b. Por el otro, denunció -además- que se omitió considerar que otro de los agravios primordiales denunciados resultaba ser la arbitrariedad de sentencia por déficit de fundamentación y tránsito aparente ante el Tribunal de Casación, “vicios que conforme la asentada doctrina de los Máximos Tribunales Provincial y Federal, constituyen cuestión federal suficiente a los fines de habilitar la vía extraordinaria, como así también la vulneración a la Convención sobre los Derechos del Niño” (fs. 14 y vta.).
En sustento de su postura, citó diversos precedentes de esta Corte, a saber: P. 126.132, P. 125.901, P. 125.564, P. 117.082, P. 118.738, P. 120.599, P. 118.188, P. 121.639, P. 111.735, P. 117.093 -fs. 15/16-.
Luego, afirmó que el agravio consistente en la arbitrariedad de sentencia “ha sido debidamente planteado”. A tal fin, apuntó que: a) el a quo debió limitarse a examinar si la misma había sido interpuesta debidamente, o sea, si “enmarca adecuadamente la arbitrariedad dentro de los supuestos específicamente reconocidos pretorianamente por la CSJN y la SCBA”; punto sobre el cual entendió que se excedió; b) que la vulneración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño constituye cuestión federal compleja directa; c) no se limitó el recurso interpuesto a invocar de modo abstracto ni genérico la cuestión federal “sino que el recurso ha planteado y fundado sobradamente el motivo de agravio”; y d) las cuestiones federales planteadas guardan relación directa e inmediata con la cuestión a decidir –destacado en el original).
3. La vía directa prospera.
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado el señor Fiscal de Casación, en primer lugar, denunció la inobservancia y errónea aplicación del artículo 125 del Código Penal. Consideró que el a quo se desentendió por completo de las constancias de la causa “apelando a argumentos abstractos y genéricos, y además han desnaturalizado la estructura típica de la figura imputada al exigir un elemento subjetivo no previsto”. Expuso que no resulta necesario la comprobación de un ánimo corruptor en el sujeto activo ni tampoco comprobar que el resultado (corrupción) haya efectivamente acaecido. Sumo a ello que Paget desplegó conductas reiteradas de contenido sexual para con el joven víctima con plena conciencia de estar ejecutando actos con aptitud para corromper, vale decir, para afectar el libre desarrollo de la sexualidad del mismo (fs. 4/5).
En segundo lugar, alegó absurdo y arbitrariedad por déficit de fundamentación y tránsito aparente ante la instancia intermedia. Argumentó que se rechazó el recurso de la especialidad “sobre la base de fórmulas dogmáticas y genéricas y, por tanto, omitiendo el debido tratamiento de los agravios planteados, basados en el absurdo y arbitrariedad y errónea aplicación de la ley sustantiva que rige el caso” (fs. 6 vta.).
Finalmente, destacó que el sobreseimiento de Paget, por prematuro e infundado, deviene violatorio de la obligación estatal de investigar y sancionar los abusos cometidos contra niños (fs. 7).
a. En efecto, en relación a lo que fuera reseñado en el apartado 2.a., conforme lo señalara el quejoso, toda vez que en la impugnación se denuncia la inobservancia del artículo 125 del Código Penal, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir –sobre el punto- el recurso extraordinario articulado (art. 494, ap. 2º, C.P.P., texto ley 13.812).
b. Igual suerte ha de correr la crítica restante.
Ello, en tanto, el Tribunal de Casación al abocarse al tratamiento de las cuestiones federales llevadas a su conocimiento se inmiscuyo en la sustancia del agravio (v. fs. 9 y vta.; cfe. doct. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; causa P. 125.376, resol. del 14-10-2015; P. 125.549, resol. del 29-12-2015; P. 126.076, resol. del 2-3-2016, P. 126.964, resol. del 1-6-2016; e.o.).
Asimismo, asiste razón a la parte en cuanto a que los agravios de pretensa índole federal se formularon con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad. Conforme surge del contenido del recurso los embates vinculados con la denuncia de arbitrariedad por déficit de fundamentación y tránsito aparente y la vulneración del bloque de constitucionalidad federal –puntualmente las obligaciones emanadas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño-, se desarrollaron de modo suficiente.
En virtud de ello, corresponde conceder este tramo del recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (cfe. art. 486 bis del CPP; doct. de los precedentes “Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou” -Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, e.o. de la SCBA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso interpuesto ante la aludida instancia (art. 486 bis, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa Nº 72.127 al órgano a quo mediante oficio de estilo.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia