Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128826
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, CPP).
2Desestimar, por improcedente, la vía extraordinaria de nulidad, con costas (arts. 492 y concs. del CPP).
3Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y concs. CPP, según ley 14.647).
4Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.826-RQ, caratulada: "Luna, Gabriel Horacio y Luna, Lucas Maximiliano s/ Recurso de queja en causa N° 72.957 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 21 de marzo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad interpuestos contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora que había condenado a Gabriel Horacio Luna y Lucas Maximiliano Luna a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio simple (v. fs. 15/19 vta.).
1. Para ello, resolvió en primer lugar- la viabilidad del remedio previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal.
Afirmó que no estaban cumplidos los requisitos exigidos por dicho precepto rituario y sostuvo que el recurrente no lograba demostrar la existencia de una cuestión de naturaleza federal susceptible de excitar la competencia revisora del superior tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. 16 vta.).
Explicó que los desarrollos contenidos en la articulación extraordinaria no pasaban de ser una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación desarrollada en términos de insuficiencia recursiva, mediante la que fue desestimado el recurso de casación, las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción (v. fs. cit.).
Indicó que resultaba de aplicación al caso lo decidido por esta Corte en cuanto a que la suficiencia del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal sino que será menester su correcto planteamiento, pues solo así se encontraría obligado a ingresar a su conocimiento como superior Tribunal de la causa (v. fs. 16 vta./17).
En definitiva, señaló que el impugnante se atuvo a la reedición parcial de los agravios casatorios y a la transcripción de diferentes pasajes del proceso, obviando de esa manera el desarrollo de una crítica razonada y concreta de los argumentos expuestos en el mismo, quedando entonces, sin establecerse la relación directa e inmediata entre lo decidido en ese fallo, del que se ocupó parcialmente en el aspecto concerniente a la valoración de la probatoria en el segmento de la participación criminal, y las garantías constitucionales que invocó en el escrito en tratamiento (v. fs. 17).
Expuso también que el cuestionamiento dirigido a la fundamentación de la comprobación de la intervención de los imputados en el hecho criminoso juzgado, se traducía en denuncias concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal y local que denotaban que no se encontraba involucrada una cuestión de cariz federal (v. fs. 17 y vta.).
Y en orden a la vulneración del derecho al recurso, afirmó que tal derecho era precisamente el que la parte había ejercido con su recurso de casación (v. fs. 17 vta.).
Concluyó que la presentación tratada no cumplía con los recaudos pertinentes desde que tampoco había sido articulada con la oportunidad y carga técnica necesarias para argumentar que en el caso podía estar involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal con aptitud para sortear los requisitos objetivos del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 17 vta./18).
2. Con relación al recurso extraordinario de nulidad, luego de mencionar los supuestos en los que procede dicha impugnación, sostuvo que los embates articulados no se estructuraban de acuerdo con las prescripciones que la Constitución provincial y el Código Procesal Penal establecían para dicho remedio (v. fs. 18 y vta.).
Afirmó que los reclamos se dirigían a impugnar el acierto o profundidad de lo decidido por el a quo; tema este que se encontraba detraído del acotado marco del recurso en examen. Agregó que tampoco se advertía la transgresión al art. 171 de la Const. pcial. desde que el pronunciamiento atacado se encontraba fundado en ley (v. fs. 18 vta.).
Y finalizó diciendo que conforme reiterada doctrina de esta Corte, resultaban ajenas al ámbito del carril extraordinario de nulidad las alegaciones relativas al supuesto quebranto de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y acceso a la justicia (v. fs. 19).
II. Frente a ello, el señor defensor particular de los imputados doctor Juan Cruz Irigoyen- articuló recurso de queja (v. fs. 22/24).
Fundó la misma haciendo hincapié en su procedencia debido a que el a quo "...se ha adentrado, para sustentar la resolución que dispuso el rechazo de dichos remedios extraordinarios, en el fondo de las cuestiones planteadas, lo que a todas luces resulta vedado por nuestro ordenamiento ritual, y por ende contrario a derecho..." (fs. 23 vta.).
Consideró, así, que debió limitarse al análisis de los requisitos de tiempo y forma para la concesión o rechazo de ambas vías impugnativas (v. fs. cit.).
III. La queja formalizada procede parcialmente (art. 486 bis del CPP).
1. El tramo vinculado con la denegatoria de recurso extraordinario de nulidad es de recibo.
a. Tal como lo puso de manifiesto la defensa y conforme se advierte de la reseña efectuada en el punto I. 2, el a quo se excedió en el examen de admisibilidad en tanto se expidió sobre el fondo del reclamo, invadiendo el juicio de fundabilidad que corresponde a esta Corte como juez del recurso (conf. arts. 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.376, resol. de 14-X-2015; P. 126.097, resol. de 11-XI-2015; P. 126.219, resol. de 16-XII-2015; P. 126.184, resol. de 16-XII-2015; P. 125.549, resol. de 29-XII-2015; P. 126.076, resol. de 2-III-2016, entre otros).
En consecuencia, el carril impugnativo fue mal denegado, lo que así debe declararse, correspondiendo a este Tribunal examinar su admisibilidad y, por lo tanto, verificar el cumplimiento de los recaudos formales del recurso extraordinario de nulidad.
b. En el escrito presentado, el recurrente alegó la omisión de tratamiento de una cuestión esencial planteada en el recurso de casación, referida a la solicitud de revisión integral del fallo conforme los precedentes Herrera Ulloa y Casal (v. fs. 12 y vta.).
Consideró que el a quo dejó de atender cuestiones propias de su competencia, lo que convierte al decisorio en contrario a la Constitución nacional, a los Tratados internacionales y al art. 168 de la Constitución provincial que impone tratar todas y cada una de las cuestiones que le fueran sometidas por las partes (v. fs. 12 vta./13).
De este modo, entendió que el Tribunal intermedio no cumplió con la normativa internacional vigente en relación al recurso como garantía, conforme lo prescribe el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no llevó a cabo el debido contralor casatorio, propio de un adecuado ejercicio de su jurisdicción "...al omitir dar tratamiento a una cuestión esencial, como lo es la revisión integral de la causa, y que esta defensa en tiempo y forma solicitara, sólo procediendo a confirmar el fallo que les fuera llevado a revisión" (fs. 13 y vta.).
c. En el sub lite, hallándose reunidos los requisitos previstos por los arts. 482, 483, 484 y 491 del Código Procesal Penal, corresponde abordar sin más- su procedencia (conf. art. 31 bis de la ley 5827 t.o. según ley 13.812-).
El recurso intentado no prospera, pues si bien la parte denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, lo cierto es que de la lectura de la impugnación en trato se aprecia dicha situación.
En efecto, las criticas desarrolladas controvierten el modo en cómo el órgano intermedio llevó a cabo la revisión de la sentencia condenatoria de la instancia; concretamente la amplitud con que lo hizo. Véase que de los propios dichos del recurrente surge que "...el Tribunal de Casación no ha cumplido con la normativa internacional vigente en relación con el derecho como garantía, extractada de lo mandado del art. 8, inc. 2° h) de la C.A.D.H..." (fs. 13).
En tal sentido, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que el acierto o profundidad de lo decidido es un tópico ajeno al acotado marco del recurso de nulidad intentado (art. 171, Const. prov.; conf. P. 112.191, res. de 21-IX-2011; P. 116.057 y acum. P. 116.334, res. de 22-VIII-2012; P. 111.305, res. de 12-IX-2012; P. 111.290, res. de 3-X-2012; P. 108.865, res. del 19-XII-2012; P. 113.257, res. de 8-V-2013; P. 111.678, res. de 31-VII-2013; P. 114.563, res. de 31-VII-2013; P.116.102, res. de 31-VII-2013; P. 114.008, res. de 9-X-2013; P. 116.535, res. de 30-X-2013; entre otros).
Para más, la afectación a la garantía de revisión amplia del fallo de condena contenida en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reafirma que el remedio incoado no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código Procesal Penal prescriben para el recurso de nulidad (conf. P.120.832, res. de 9-X-2013; P. 115.552, res. de 20-XI-2013; P. 116.958, res. de 23-XII-2013; P. 116.231, res. de 5-III-2014; P. 116.361, res. de 3-IV-2014; P.116.036, res. de 9-IV-2014; P. 118.622, res. de 23-IV-2014; entre otros).
2. Distinta suerte corre el segmento de la queja dirigida a controvertir la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, desde que la denuncia de exceso en la jurisdicción del a quo formulada por la defensa- no procede.
El análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015; P. 125.506, resol. de 3-VI-2015; P. 125.630, resol. de 17-VI-2015; P.125.577, resol. de 17-VI-2015; entre otros).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilite su admisibilidad.
Lo cierto es que el argumento basal de la resolución en crisis consistió en que los embates formulados no pasaban de ser una opinión contraria al pronunciamiento recurrido y una reedición parcial de los agravios casatorios. De ahí que concluyó que la impugnación extraordinaria no cumplía con los recaudos pertinentes, desde que no había sido deducida con la carga técnica necesaria para demostrar que el caso se encontraba comprometida de manera directa e inmediata- un planteo de naturaleza federal con aptitud para dejar a un lado los requisitos objetivos que impone el art. 494 del CPP (v. fs. 15/19 vta., en especial, fs. 16 vta., 17 y 17 vta.).
Frente a ello, el quejoso sólo se limitó a afirmar que el Tribunal de Casación, al elaborar el juicio negativo de admisibilidad, se excedió en su competencia ingresando al tratamiento del fondo de los planteos, sin efectuar crítica alguna a los fines de remover aquél óbice formal ausencia de carga técnica de los agravios intentados- razón por la cual la presentación directa se devela inidónea para revertir el decisorio recurrido (arts. 486 y 486 bis, CPP).
IV. Por último, y en lo que hace a la regulación de honorarios, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, CPP).
2. Desestimar, por improcedente, la vía extraordinaria de nulidad, con costas (arts. 492 y concs. del CPP).
3. Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y concs. CPP, según ley 14.647).
4. Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados en esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia