Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128999
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y conc., CPP según ley 14.647).
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.999-RQ, caratulada: "Martínez, Martín Julián s/ Recurso de queja en causa N° 72.048 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 25 de abril de 2017, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Martín Julián Martínez contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar al recurso de la especialidad contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón y, en consecuencia, calificó los hechos como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, readecuando la pena en treinta años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 53/56).
En lo que aquí interesa, afirmó que las críticas desarrolladas por la parte, en rigor, se refieren a un supuesto déficit procedimental anterior a la sentencia de casación (v. fs. 55).
Concluyó que la defensa no demostró que tales tópicos de índole procesal guardaran una relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que refiere conculcadas (v. fs. 55 y vta.).
II. La Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo queja (v. fs. 59/63 vta.).
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado en tanto en dicha presentación se cuestionó la afectación de las siguientes garantías constitucionales: 1) derecho a ser oído antes de la imposición de la pena (arts. 18 y 75, CN; 8. 1., CADH); 2) condena que no tiende a la resocialización (art. 5.6, CADH); 3) pena arbitraria (arts. 1, 18 y 33, CN fs. 60 vta./61-).
Aclaró que no se discutió la infracción al art. 41 inc. 2 del Código Penal sino que se denunció la violación del derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la Constitución nacional y que tiene reconocimiento expreso en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Destacó que la omisión del visu del imputado es sólo el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales (v. fs. 61 y vta.).
Resaltó que tal cual surge del precedente "Pin" y de su remisión a los considerandos 18 y 19 de "Maldonado", el contacto con el imputado antes de fijar la pena integra el derecho a ser oído (arts. 18, CN y 8.1., CADH). Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (v. fs. 61 vta./62).
Postuló que existe un gravamen actual, que el planteo de la cuestión federal se efectuó oportunamente y que la fijación de dicha audiencia debió hacerse de oficio (v. fs. 62 vta./63).
Concluyó que resultan aplicables los fallos "Di Mascio", "Maldonado" y "Pin" y que esta Corte se encuentra obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del ritual (arts. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDC y P; 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y cc., CN fs. 63-).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto I., el Tribunal de Casación Penal desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesarias, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18, CN; 8.1. y 5.6., CADH).
Frente a ello, la recurrente no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 45/52 vta.) y, una vez más, expuso las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
Por otra parte, no se evidenció de qué manera los precedentes "Pin" y "Maldonado" del Máximo Tribunal nacional resultarían aplicable al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquellos y el presente.
Por último, huelga poner de resalto que la inadmisibilidad decretada por el a quo (v. punto I.) se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al presente (conf. P. 110.459, res. del 4-IV-2012; P. 109.331, res. del 9-XII-2010, P. 109.001, res. del 26-X-2010, P. 109.618, res. del 2-VII-2010, e.o.).
IV. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 citado carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación y que la recurrente no pudo conmover- no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y conc., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia