Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de David Ezequiel Leguiza (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.975-RQ, caratulada: "Leguiza, David Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° 72.369 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de la Matanza que había condenado a David Ezequiel Leguiza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía; y en consecuencia, recalificó los hechos como homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y readecuó la pena en veinte años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 59/62).
Para arribar a tal decisión, afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de pena del art. 494 del Código Procesal Penal, no acontecía lo mismo con la índole de los agravios (v. fs. 60).
1. En tal sentido, sostuvo que la denunciada violación del derecho a ser oído como consecuencia de no haberse practicado la audiencia de visu que pauta el art. 41 inc. 2 del Código Penal, se debía rechazar por la plena aplicabilidad de la doctrina de los propios actos, en el entendimiento de que conforme surgía del memorial presentado por el mismo recurrente, éste desistió de la celebración de la audiencia de informe establecida por el art. 456 in fine del rito, ejerciendo la facultad conferida por el art. 458 del mismo plexo normativo (v. fs. cit.).
Expresó que "...la propia defensa en el pleno ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento ritual decidió no sustanciar audiencia alguna, ámbito en el cual debía llevarse a cabo el comparendo de su asistido" y que "...atento el carácter eminentemente técnico de dicha diligencia, podría -no obstante su desistimiento- haber solicitado el comparendo personal del imputado a efectos que los sentenciantes tuviesen oportunidad de tomar contacto personal con el imputado, cuestión que tampoco llevó a cabo" (fs. 60 vta.).
Adunó a ello el criterio establecido en el precedente P. 108.337 de esta Corte (v. fs. 60 vta./61) y concluyó que de las críticas desarrolladas no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, toda vez que del contenido del mismo se desprendían cuestionamientos de índole probatorio que no resultaban susceptibles de ser abordados a través del recurso de inaplicabilidad de ley" (fs. 61).
2. También agregó que la ponderación o desestimación de circunstancias atenuantes y agravantes fue abordada sin limitaciones rituales o afirmaciones dogmáticas de ninguna índole, exponiéndose las razones por las cuales debían ser valoradas las mismas y por qué se entendía que el monto de pena impuesto resultaba razonable y proporcional de acuerdo al injusto cometido (v. fs. 61).
En definitiva, sostuvo que la defensa no demostraba la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo (fs. cit.).
Con relación a la denunciada violación del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal, sostuvo que la audiencia de visu allí establecida encontraba su realización legalmente condicionada a través del mismo texto por la expresión "en la medida requerida para cada caso" (conf. P. 98.546, sent. 12-X-2011 de esta Corte).
Sumó a lo dicho que tampoco conseguía demostrar que el fallo impugnado pudiera subsumirse en algún caso de arbitrariedad de la sentencia, conforme la inveterada doctrina de la Corte federal. Expuso que la mera introducción y análisis dogmático de su contenido no resultaba medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como era la arbitrariedad (fs. 61 vta.).
Por todo lo expuesto, resolvió que "el recurso no presenta la idoneidad y carga técnica necesaria para abrir la instancia pretendida, desde que no cumple con el planteo suficiente de una cuestión federal que resulte apta para conceder la vía extraordinaria intentada" (fs. cit.).
II. Contra lo resuelto se alzó el doctor Nicolás Agustín Blanco -Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación- mediante recurso de queja -cfe. art. 486 bis , CPP, t.o. ley 14.647- (fs. 66/74 vta.).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, advirtió que resultaba aplicable al caso lo fallado en Strada, Christou y Di Mascio por la CSJN, y los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional (fs. 68 y vta.).
Tachó a la negativa de arbitraria pues se la fundó de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que cegaron la jurisdicción de este Tribunal al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (fs. 69).
Remarcó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte Federal en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley eran de índole federal, pues se debatía en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída y no explicitó el razonamiento lógico que lo llevó a escoger la cuantía aplicada, apartándose del mínimo legal; b) se vincula de manera directa con la solución del caso porque amerita la anulación de la sentencia atacada y su reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento que garantice el derecho a ser oído, ajustándose a derecho y a las constancias de la causa; c) está en relación directa con la solución, pues de acogérselas, habrá de permitir que dicho pronunciamiento reduzca la pena impuesta y garantice el debido proceso y la defensa en juicio del imputado; d) fue oportunamente planteada pues se originó en la sentencia casatoria y e) el gravamen es actual (v. fs. 69/70).
Con sustento en la doctrina de los aludidos fallos federales, expresó que esta Corte se encontraba obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional (fs. 70). Agregó que las limitaciones estipuladas por la ley procesal sobre la materia debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales por quebrantar los arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121 y 124 de la Constitución nacional "a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, a ser oído (...) a la defensa en juicio y al debido proceso" (fs. 70 vta./71).
Puso de resalto que la sede intermedia, defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 71 vta.).
Explicó que la referida audiencia personal con el imputado era una obligación constitucional y convencional destinada a garantizar el derecho del mismo a ser oído y a la no arbitrariedad de la sentencia condenatoria (v. fs. 72). En tal sentido, esgrimió el apartamiento de la doctrina de la Corte federal en el precedente Pin Hugo. (v. fs. cit).
Y reiteró que el a quo al fijar la pena en veinte años omitió valorar atenuantes y agravantes, sin exponer, además, ningún fundamento vinculado con la proporcionalidad o razonabilidad del quantum (v. fs. 72 vta.)
Concluyó que el recurso denegado no sólo portaba la fundamentación mínima requerida por toda impugnación para su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia, y que los límites establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal debían ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (v. fs. 73 vta./74).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del Código Procesal Penal).
Si bien de la reseña elaborada en el apartado I surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad (v. puntualmente tercer y cuarto párrafo de fs. 61) y se inmiscuyó en la fundabilidad del recurso -como acertadamente lo puso de manifiesto el quejoso-, el juicio negativo debe ser mantenido.
1. En lo que hace a la vulneración del derecho a ser oído, el quejoso no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal -núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo - que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Por el contrario, el señor Defensor no hace otra cosa que reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, insistiendo sobre el pretendido cariz federal del planteo (sin demostrar nuevamente la relación directa e inmediata), desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más dejó incontrovertido el argumento que coadyuvó a su rechazo referido a que de las críticas desarrolladas en el libelo recursivo se desprendían cuestionamientos de índole probatorio que no resultaban susceptibles de ser abordados por la vía interpuesta.
Por último, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. En efecto, la parte no evidenció de qué manera el precedente Pin resultaría aplicable al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquél y el presente.
2. Con relación al agravio por el que cuestiona la revisión en orden a la fundamentación de la pena, tampoco consigue el quejoso remover -con eficacia- el obstáculo formal fundado en que la defensa no demostraba la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo.
En ese escenario, el señor Defensor se desentiende del argumento dado e insiste -de modo genérico- que se omitieron valorar atenuantes y agravantes aduciendo que el fallo en crisis nada dijo en torno a la proporcionalidad o razonabilidad del quantum.
3. Así las cosas, el resolutorio atacado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha atribuida.
4. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de David Ezequiel Leguiza (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2520
Fin de la sentencia