Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127963
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Daniel Romero, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa 127.963-RQ, caratulada: "Romero, Martín Daniel s/ recurso de queja en causa N° 72.816 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV"
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal merced el interlocutorio de fecha 23 de agosto de 2016- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el doctor Nicolás Agustín Blanco contra la sentencia de esa Sala que rechazó por improcedente- el remedio de la especialidad incoado contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Nicolás, que condenó a Martín Daniel Romero a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, manteniéndose la declaración de reincidencia decretada por el citado órgano, como autor penalmente responsable de los delitos de robo y robo calificado por el uso de arma de fuego apta para producir disparos, ambos en concurso real (v. su copia a fs. 51/54).
II. Controvirtiendo esa decisión, el mencionado Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación, interpuso recurso de queja por ante esta sede extraordinaria conf. art. 486 bis, ley 14.647- (v. fs. 55/62).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes, se disconformó con el auto del Tribunal intermedio que impidió el acceso a esta instancia.
En esa tarea, sostuvo que si bien la naturaleza del agravio expresado no se refiere a la ley sustantiva y el monto de la pena impuesta a su asistido es inferior al límite que requiere el art. 494 del Código Procesal Penal para acceder a la competencia apelada de esta Corte, resulta aplicable al caso la doctrina de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 58 vta.).
Expuso que la decisión que origina la presente queja importa una negación de la competencia derivada de aquella doctrina, que priva a este Cuerpo de ejercer el rol institucional básico de velar por la supremacía de la Constitución nacional y del bloque federal, utilizando para ello un fundamento aparente mediante la invocación de fórmulas "genéricas y abstractas" (v. fs. cit./59).
Expresó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario- en atención a que: a) los agravios postulados en la vía prevista por el art. 494 del Código Procesal Penal son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria en relación al monto de la pena e incumplió el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en su debida extensión fue puesta en juego; b) las cuestiones federales se vinculan de manera directa con la solución del caso; c) las mismas fueron oportunamente planteadas; y e) el gravamen que la decisión origina es actual (v. fs. 59 y vta.).
Arguyó luego que tanto el límite que en razón del monto trae la normativa aludida como el correspondiente a la limitación en razón de la materia "debían ser inaplicados o declarados inconstitucionales frente a las normas federales que [citó]" (v.gr. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y cc. de la Constitución nacional) a fin de tutelar los derechos a la no arbitrariedad de las sentencias, la defensa en juicio, el debido proceso y la doble instancia en materia penal (v. fs. 60).
De seguido sostuvo que el órgano intermedio "no sólo aplicó al caso dichas limitaciones de fuente local, sino que luego, para negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina ‘Di Mascio’, formuló una serie de consideraciones dogmáticas e inaplicables" al caso (v. fs. cit. y vta.).
Indicó que el Tribunal revisor defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud que desnaturaliza la función que le asigna el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 60 vta.).
En abono de su postura, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior (v. fs. cit.).
Señaló que el remedio local no sólo portaba la fundamentación mínima requerida sino que también demostraba directamente su procedencia (v. fs. 61 y vta.).
Concluyó de tal modo que la decisión en crisis negó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la aplicación errónea de los límites que en razón de la materia impone el art. 494 del Código Procesal Penal, que han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. 61 vta.).
III. El Tribunal de Casación, luego de hallar cumplidos los recaudos de los arts. 482, 483, 484 y 486 del Código Procesal Penal, estimó que la pretensión defensista no abastecía los requisitos propios de la vía impugnativa prevista por el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 51 vta.).
En esa senda, recordó que la sanción impuesta al encausado era de nueve años de prisión, y que además- no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, toda vez que de su contenido se desprendían "cuestionamientos dogmáticos" que no resultaban susceptibles de ser abordados a través del remedio de inaplicabilidad de ley. A ello adunó que "[b]ajo el ropaje de un embate vinculado con agravios de índole federal revisión aparente del fallo, violación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso, entre otros-, el recurrente intenta vanamente obtener una tercera revisión de los hechos y la pruebas por vía oblicua, la cual resulta materia ordinaria y de ninguna manera se condice con la naturaleza jurídica del recurso en trato" (fs. 52).
Asimismo, estimó necesario poner de resalto que tales extremos no se abastecían con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretendía, y que lo que se requiere por parte del recurrente es "un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causal federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte" (fs. 52).
Razonó de seguido que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que la parte edificó su queja, pues no evidenció la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se decían conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo (v. fs. 52 vta.).
A su vez, destacó que la parte no consiguió demostrar siquiera conjeturalmente que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado pueda subsumirse en un caso de arbitrariedad; toda vez que remarcó que "la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de [tal] caso excepcional" (fs. 52 vta. cit.).
Sumó a lo expuesto lo dicho por la Corte federal en la causa "Gobet, Jorge Aníbal, C/ Telefónica de Argentina. ENTEL. Estado Nacional, S/ Accidente de trabajo" (fs. cit./53).
Como conclusión, afirmó que se mantenía en pie la aplicación de las exigencias contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal por cuanto el reclamo por el cual se invocaba la violación de garantías constitucionales no reunía la suficiencia y caga técnica necesarias que ese tipo de demandas tiene que evidenciar, ello en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal. En efecto, expuso que no se demostró la relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso como así tampoco que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado por el recurrente (v. fs. 53).
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 494 del código de rito (v. fs. cit. y vta.).
IV. La queja no es de recibo en tanto la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limitan a decir que en aquel medio recursivo se hallaban en juego cuestiones federales, que habían sido suficientemente planteadas y que las mismas guardaban relación directa e inmediata con la materia del juicio (v. fs. 59 y vta.).
Para más, la parte centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas y abstractas, que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
Resta señalar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 60 vta.), tampoco es de recibo.
Ello, en tanto, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad, y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647-; P. 125.455, resol. de 13/V/2015; P. 125.523, resol. de 20/V/2015, P. 125.506, resol. de 3/VI/2015, P. 125.630, resol. de 17/VI/2015, P. 125.577, resol. de 17/VI/2015, P. 126.793, resol. de 15/VI/2016; P. 126.939, resol. de 28/IX/2016).
V. En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio sustento su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir tal argumento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Daniel Romero, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia