Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja formalizada por el señor defensor oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, por improcedente, y en consecuencia- declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 486 bis y concs. CPP, según ley 14.647).
"OBREGÓN RAMÍREZ, JORGE ARMANDO DANIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 72.667 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.003-RQ, caratulada: "Obregón Ramírez, Jorge Armando Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 72.667 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
1. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 30 de agosto de 2016, declaró inadmisible por extemporáneo- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, a favor de Jorge Armando Daniel Obregón Ramírez contra la decisión de dicho órgano que, a su vez, había rechazado el recurso de casación deducido contra el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza por el cual se condenó al nombrado a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra agravada por registrar antecedentes penales por delito doloso con el uso de armas (v. fs. 72/74 vta.).
Para así decidir, luego de especificar las fechas de las respectivas notificaciones y la interposición del recurso extraordinario, consideró que el recurso ha sido presentado "transcurrido con exceso" el término previsto por el art. 483 del Código Procesal Penal según ley 14.647- "el cual resulta perentorio e improrrogable" (fs. 73).
Con cita de doctrina de esta Corte expuso que "si bien es cierto que [se] ha resuelto que las cuestiones federales planteadas relativas a las garantías constitucionales en juego (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no pueden ser conculcadas por un excesivo rigor manifiesto, dicho principio general no conduce a ignorar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los recursos, de los que no resulta ajeno el relativo a la perentoriedad de los plazos para su articulación" (fs. 73 y vta.).
Adunó que "se dijo también que ‘[a]si, el cumplimiento de mínimos requisitos para el ejercicio del derecho al recurso como el relativo a la presentación en tiempo oportuno, sin que se esgrima ni se advierta un menoscabo derivado de la exigüidad de aquél que pudiera eventualmente conducir a su frustración, no permite concluir en un menoscabo a la garantía a la revisión del fallo condenatorio" (fs. 73 vta.).
De seguido señaló que el recurrente pretende soslayar los efectos de la presentación tardía "’sin justificar que la demora haya respondido a alguna situación que merezca ser especialmente atendida’", observando que la interposición del remedio extraordinario "se dio varios meses después de haber sido notificado el condenado sin que expresara en su oportunidad ninguna manifestación de disconformidad con el fallo dictado por es[t]a Sala […], habiéndose hecho entrega por la Actuaria que suscribe dicho instrumento de una copia certificada de la sentencia de e[s]e órgano intermedio e informado del rechazo del recurso casatorio" ergo "su voluntad impugnativa acaeció cuando el fallo ya estaba firme" (fs. 73 vta./74).
Recordó luego que en los casos en que se ha excepcionado el restricto cumplimiento de los plazos fijados por la ley "sólo se ha tratado de pequeños lapsos […] mas no de presentaciones extemporáneas computables en meses" (fs. 74).
Y continuó "no dándose [en el caso] ningún supuesto excepcional, no siendo posible tampoco parangonar la situación a un supuesto de interpretación excesivamente ritualista […] el recurso […] debe ser declarado inadmisible por extemporáneo" (fs. 74).
Finalmente, remarcó que tampoco se advierte la existencia del recaudo vinculado al monto de pena previsto por el art. 494 del código de rito (v. fs. 74).
2. El aludido representante de la Defensa Oficial interpuso queja por denegatoria de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, según ley 14.647 (v. fs. 81/86).
Señaló que Obregón Ramírez se encuentra en una situación de privación de justicia lo que implica de manera directa e inmediata un deterioro del debido proceso consagrado en el art. 18 de la C.N. (v. fs. 84).
Afirmó que el tribunal intermedio se desentendió de las particularidades del caso, negando la defensa en juicio con total menoscabo al principio pro homine. Explicitó que al declarar la extemporaneidad del recurso se limitó a mencionar que el encausado fue informado del rechazo del mismo sin tener en cuenta que no fue asesorado en relación a todos los alcances que eventualmente pudieran derivarse de dicho acto procesal, sin que pueda presumirse al respecto el cabal conocimiento por parte de Obregón Ramírez "de tecnicismos propios del procedimiento recursivo" (fs. 84 y vta.).
Sostuvo que la "fallida, ilegal e injusta" resolución del órgano casatorio soslayó, con fundamentos puramente formales, el necesario asesoramiento técnico que un condenado privado de su libertad debe recibir a fin de sostener la realidad de la defensa en juicio, incurriendo además- en un excesivo rigor formal (v. fs. 85).
Concluyó que se ha vedado al imputado privado de su libertad el acceso a la jurisdicción en tiempo útil, sin considerar las constancias de la causa y los argumentos tendientes a demostrar la manifestación de voluntad de aquél y razonó que el cómputo del plazo legal debió verificarse a partir del momento en que esa parte tomó conocimiento con los autos a la vista- de la voluntad impugnativa del encausado, observándose claramente de ese modo la temporaneidad de la presentación (v. fs. 85 y vta.).
3. La queja debe ser declarada improcedente, en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto ha sido bien denegado.
En efecto, el recurrente no controvirtió lo efectivamente decidido por el a quo en punto a que la articulación recursiva fue presentada fuera del plazo estipulado por el art. 483 del Código Procesal Penal, según ley 14.647, limitando sus esfuerzos a reeditar los planteos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desestimado (v. fs. 58/71); técnica inidónea para revertir el juicio negativo de admisibilidad arribado en la sede casacional (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
A ello cabe sumar que las alegaciones efectuadas en torno a la justificación de una situación de privación de justicia como a que la decisión de la casación incurrió en un excesivo rigor formal sólo han sido articuladas de manera genérica y esquemática sin relacionarlas con las concretas circunstancias comprobadas de la causa.
Es que, si bien no existen fórmulas sacramentales para introducir la cuestión federal, es indispensable que en la primera oportunidad concreta, se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto (conf., CSJN, Fallos: 286: 71; 294: 50; 306: 979; etc.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja formalizada por el señor defensor oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda, por improcedente, y en consecuencia- declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 486 bis y concs. CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia