Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante el Tribunal de Alzada (arts. 486 bis, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 62/70 (art. 494, CPP).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 127.951-RQ caratulada: "Fernández, Lidia Ángela s/ Recurso de queja en causa N° 72.848 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 7 de julio de 2016, desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Lidia Ángela Fernández contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora que la condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarla autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un medio idóneo para crear un peligro común (v. fs. 71/73 vta.).
Para arribar a tal decisión, luego de afirmar que el carril impugnativo se presentó en tiempo y forma contra una sentencia definitiva que impuso una pena superior a diez años (v. fs. 72), señaló que: "...el recurso incumple la carga de motivación suficiente impuesta por los artículos 484 y 495 del rito." (fs. 72 vta.).
En tal entendimiento, argumentó que "...el impugnante efectúa un análisis de algunas de las probanzas reunidas, pero omite abordar -y refutar- las constancias citadas a fs. 89 vta., párrafos primero y último; 90, párrafos primero y sexto; 90 vta., párrafos segundo, cuarto y quinto; 91, párrafo segundo; 92, párrafos tercero, cuarto y quinto; 92 vta., primer párrafo, que ayudaron a conformar la decisión mediante el razonamiento elaborado a fs. 91 vta., 92 vta./93, cuyas conclusiones tampoco se abordan en el remedio que se intenta" (fs. cit.).
Puntualizó así "...que la sola alegación de una hipótesis diferente, construida a partir de una valoración del plexo probatorio distinta a la sostenida en la sentencia de condena, no permite afirmar que ésta última resulte arbitraria, pues, como ha explicado la Suprema Corte: ‘Con relación a la violación del principio ‘in dubio pro reo’ derivado del principio de inocencia (arts. 1 del C.P.P. y 18 de la Constitución nacional) la temática refiere a una cuestión de esencia procesal -vinculada a la prueba de los hechos- extraña a la competencia reglada en la presente instancia. Más allá de que la parte expresa una razonada oposición a la actividad valorativa, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (...)" y que "...resulta inatendible la denuncia de arbitrariedad, y en consecuencia, inadmisibles los recursos articulados, si el recurrente se ‘desentiende’ de las respuestas brindadas por el tribunal intermedio, pues ello importa la ausencia de prueba de la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas, la alegada arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso (...) sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie..." (fs. 73 y vta.).
Concluyó que "si el peticionante se limita a sentar su queja a partir de una diversa interpretación de la prueba, pero no aborda la considerada en la sentencia, lucen infundadas las cuestiones federales que se denuncian, y con ello, el recurso no cumple con la autosuficiencia exigida por la ley ritual para superar el valladar de la admisibilidad" (fs. 73 vta.).
II. El defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 79/86 vta.).
Denunció que el a quo incurrió en exceso en el control de la admisibilidad pues se pronunció sobre el fondo del asunto, resolviendo el agravio que la parte pretendía que fuera analizado por esta Corte (v. fs. 81 y vta.).
Alegó que oportunamente se cuestionó la parcialidad del tribunal interviniente al momento de valorar la prueba de cargo y de descargo, pues la primera fue ponderada de modo fragmentado y parcializado, mientras que la otra fue lisa y llanamente omitida.
Dijo que en la resolución atacada se brindó la "respuesta" a lo planteado por la parte, en lugar de analizar si se encontraban dados los requisitos necesarios para decretar la admisibilidad del recurso extraordinario presentado.
Sostuvo que, como consecuencia de ello, se vedó a su asistida el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 82 vta.).
Señaló que la sanción de ley 14.647 fue posterior al hecho que se le imputa a su asistida y que al establecer un "doble juicio de admisibilidad", deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio órgano fiscalizador, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad (v. fs. cit.).
Subsidiariamente, cuestionó la insuficiencia endilgada al recurso extraordinario, y confrontó -a modo de ejemplo- diferentes pasajes de la sentencia original del Tribunal de Casación con planteos llevados en el remedio extraordinario, con el fin de demostrar el error del a quo, en cuanto a la supuesta omisión en la que incurriera esa defensa (v. fs. 83 vta. /86).
Concluyó que la casación al rechazar la admisibilidad del recurso fue arbitraria por falta de motivación.
III. La queja traída prospera (art. 486 bis, CPP).
De la reseña efectuada surge que el Tribunal intermedio efectuó consideraciones que excedieron la competencia que le es propia al realizar el juicio de admisibilidad contemplado en el art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-, avanzando indebidamente en el examen de la fundabilidad del reclamo, en una clara invasión a la competencia que a esta Suprema Corte le corresponde como juez de la impugnación (conf. causas P. 125.630, resol. de 17-VI-2015; P.125.652, resol. de 24-VI-2015; P. 125.578, resol. de 12-VIII-2015; P. 125.376, resol. de 14-X-2015 e.o).
Asimismo, le asiste razón a la parte en cuanto a que los agravios de pretensa índole federal se formularon con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad. En efecto, en la vía de hecho la parte demostró que la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba y la supuesta afectación del principio in dubio pro reo cuentan con aptitud para ser examinados en esta instancia (arts. 14 y 15, ley 48).
IV. En definitiva, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (conf. art. 486 bis, CPP; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; 310:324).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso articulado ante el Tribunal de Alzada (arts. 486 bis, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 62/70 (art. 494, CPP).
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 72.848 al a quo, mediante oficio de estilo.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia