Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa particular de Carlos Javier Peralta Ludueña, con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segunda párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.524-RQ, caratulada: "Peralta Ludueña, Carlos Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 72.363 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de diciembre de 2016, denegó los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados por la defensa técnica de Carlos Javier Peralta Ludueña, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora que -en lo que aquí interesa- lo había condenado a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio reiterado (dos hechos), homicidio en grado de tentativa (tres hechos) y amenazas, todos en concurso real (v. fs. 241/244).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Gustavo Manuel González- articuló recurso de queja (v. fs. 245/249 vta.).
Recordó que en la vía extraordinaria intentada había sostenido la definitividad de la decisión atacada y la "manifiesta arbitrariedad", vicio que entendió presente no sólo al momento de resolverse el recurso casatorio sino, también, en el auto denegatorio (v. fs. 245 vta.).
En ese discurrir, remarcó que la sentencia del órgano de grado fue producto de un "arbitrario e irracional análisis de la prueba obrante en autos y susceptible de ser revisada", en franca afectación del derecho al recurso -arts. 18 de la Const. nac.; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP- (v. fs. 246).
Transcribió -parcialmente- la respuesta casacionista e indicó, como principal motivo de su queja, la vulneración de la posibilidad de acceder al Superior "y poder esgrimir sus fundamentos, incluso mejorarlos y aclararlos, de manera escrita u oral". Ello a los fines del ejercicio eficaz de la defensa (fs. cit. vta./247).
Finalmente, expuso que el a quo se excedió en el juicio de admisibilidad (v. fs. 247 vta.).
Dentro del tópico, insistió en la tacha de arbitrariedad y sostuvo que el tribunal efectuó una errónea y caprichosa interpretación de la normativa y de la prueba obrante en la causa "de manera parcializada, forzada", con el fin de "mantener un dictamen condenatorio" (fs. 248 y vta.).
Así, concluyó en la necesidad de revisión por parte de esta Corte (v. fs. cit./249).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. La Sede intermedia desestimó el carril extraordinario de nulidad pues, luego que recordó los supuestos en que procede el mismo, no observó que la impugnación se encontrara basada en alguno de ellos. En ese raciocinio, apreció que los planteos desarrollados se dirigían al acierto o profundidad de lo resuelto, extremos detraídos del acotado marco del remedio escogido (v. fs. 242 y vta.).
2. Por otra parte, en lo relativo a la vía de inaplicabilidad de ley, transcribió la manda contenida en el art. 494 del digesto adjetivo y, si bien observó el cumplimiento del recaudo referente al quantum de la sanción impuesta, señaló que las pretensiones de la parte se vinculaban con cuestiones de hecho y prueba, ajenas -en principio- a la instancia extraordinaria (v. fs. cit.).
No obstante, a tenor de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio", expuso que solamente el correcto planteamiento de una cuestión de naturaleza federal permitiría el ingreso de los reclamos a conocimiento de este Cuerpo (v. fs. cit./243).
En ese derrotero, no halló patentizada la situación en tanto los planteos del recurrente se desentienden de las razones expuestas en la sentencia atacada, limitándose a exponer argumentos ya analizados en aquella instancia sin siquiera intentar refutar lo decidido; falencia que "le fue apuntada a fs. 367 vta. y s., cuando incurrió en la misma omisión respecto de la resolución dictada por el [a quo]" (fs. 243).
Concluyó que la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimó comprometidas y llevó a colación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la arbitrariedad (v. fs. cit. vta.).
IV. De lo reseñado se desprende que, más allá de la terminología empleada por el órgano intermedio, el juicio negativo debe confirmarse.
1. Por una parte, como bien señaló el a quo en el auto denegatorio, las críticas desplegadas por el impugnante en la parcela dedicada a la vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal no encuadran en ninguno de los supuestos allí enunciados, sino que ellas buscan controvertir el acierto o sentido de los resuelto. Y dicha temática resulta ajena al medio revisor pretendido.
En suma, no se advierte una extensión en el escrutinio desplegado por la sede casatoria que vulnere la manda contenida en el art. 486 del digesto adjetivo -texto según ley 14.647-.
2. Desde otra arista, la casación juzgó que la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías que estimó vulneradas y lo debatido y resuelto en el caso.
Frente a ello, el quejoso -lejos de controvertir dicho obstáculo- ciñó sus argumentos a reiterar los embates llevados en el canal desestimado, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Esto último corresponde también al agravio vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP), atento a la generalidad del planteo.
Finalmente, la denuncia de exceso en el presente tramo no logra prosperar en tanto el análisis de la suficiencia y carga técnica de las cuestiones federales es parte integrante del examen que -en este caso la Casación- debe efectuar, de conformidad con el art. 486 del Código Procesal Penal (conf. P.125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o. de esta Corte).
3. En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. art. 486 bis, CPP).
V. Sólo resta indicar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa particular de Carlos Javier Peralta Ludueña, con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segunda párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia