Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129270
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Gabriel Lautaro Gesto Oviedo o Gabriel Agustín Pérez o Gabriel Augusto Pérez Rodríguez; con costas (arts. 486 bis y concs. del Código Procesal Penal -según ley 14.647- y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.270-RQ, caratulada: "Gesto Oviedo, Gabriel Lautaro o Pérez, Gabriel Agustín o Pérez Rodríguez, Gabriel Augusto s/ Recurso de queja, en causa n° 72.942 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Gabriel Agustín Pérez o Gabriel Lautaro Gesto Oviedo o Gabriel Agustín Pérez Rodríguez, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, y autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (v. fs. 44/47).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso de queja (v. fs. 51/56).
Con respecto a la parcela que le resultó adversa, la defensa puntualizó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria no resulta oponible en el caso ya que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (v. fs. 53).
Expuso que en el carril intentado se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del Tribunal que rechazó por extemporáneo el planteo de la defensa realizado ante la instancia casatoria y que, en virtud de ello, se sostuvo que tal proceder afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio al verse imposibilitado el imputado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena (arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP).
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y vulneró -en consecuencia- de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit. y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena. En esa línea, adujo que el órgano revisor encubrió su propia omisión. Citó el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 54 y vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. cit./55).
En consecuencia, argumentó que la decisión que declaró inadmisible el recurso que denunciara la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria (v. fs. 55 vta.).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de la parte resultó defectuoso (v. fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
1. En efecto, la sede casacional, aludió a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal y afirmó que la situación en análisis no encuadraba en dichos presupuestos objetivos. Ello, en razón de que el imputado no había sido condenado a una pena superior a diez años de prisión y los agravios no se sustentaban estrictamente en la inobservancia de ley sustantiva (v. fs. 45 vta./46).
De seguido, entendió que el intento de la defensa de sortear aquella exigencia legal no habilitaba vía alguna de excepción pues aun cuando manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios, ellos no presentaban tal carácter. En este sentido, juzgó que los reclamos dirigidos a cuestionar la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial se referían a la interpretación y aplicación de normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458 del CPP) y constituían una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ajena a la competencia federal pretendida (v. fs. 46).
Observó que, sin perjuicio de los intentos defensistas de asignar a sus reclamos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y "sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal", sus apreciaciones "no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación" (v. fs. cit. y vta.).
Así, concluyó que la presentación en examen no posibilitaba sortear los citados recaudos objetivos de la impugnación, los que, reiteró, se encontraban ausentes en esta situación en particular (v. fs. cit.).
2. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que pretende la defensa reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite .
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por la quejosa para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo - la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P.83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la CADH- no prospera, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Gabriel Lautaro Gesto Oviedo o Gabriel Agustín Pérez o Gabriel Augusto Pérez Rodríguez; con costas (arts. 486 bis y concs. del Código Procesal Penal -según ley 14.647- y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2738
Fin de la sentencia