Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mauricio Ezequiel Andino y Alejandro Juan Pierraccini, con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.635-RQ, caratulada: "Andino, Mauricio Ezequiel y Pierraccini, Alejandro Juan s/ Recurso de queja, en causa n° 72.389 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 27 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra el pronunciamiento de ese mismo órgano que, a su vez, declaró procedente el recurso de la especialidad interpuesto por la Defensa Oficial de Mauricio Ezequiel Andino y Alejandro Juan Pierraccini y -en consecuencia- casó parcialmente el fallo impugnado y readecuó la pena, fijándola en seis años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia en lo que respecta a Mauricio Ezequiel Andino, por hallarlo coautor del delito de robo calificado por el uso de arma blanca y por el uso de arma de fuego cuya ofensividad no se tuvo por acreditada; en lo que concierne a Alejandro Juan Pierraccini, fijó la pena única en dieciséis años y diez meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por considerarlo coautor del mismo delito (v. fs. 67/69).
II. Frente a lo así decidido, se alzó el señor defensor oficial Adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- merced a la queja obrante a fs. 77/82 vta.
Allí rememoró los agravios llevados en el recurso de inaplicabilidad de ley y reafirmó su cariz federal. Sostuvo haber denunciado el incumplimiento del derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de pena (arts. 18 y 75 Const. nac., 8.1. CADH); la aplicación de una sanción que no tiende a la resocialización (art. 5.6. CADH); y su imposición arbitraria por haberse prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 Const. nac.) -v. fs. 79 vta.-.
Indicó que allí no se discutió la infracción al art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la Const. nac. y 8.1. de la CADH, en tanto la omisión de la audiencia de visu constituye el presupuesto fáctico de dichas garantías constitucionales (v. fs. 80).
Cuestionó que el Tribunal de Casación no hubiera hecho mención a los preceptos constitucionales cuya infracción se denunció, sino que se limitó a calificar a la omisión de la audiencia de visu como una "cuestión típicamente procesal", cuando en rigor ese es el presupuesto fáctico de los planteos federales; por ello consideró que el recurso se denegó erróneamente (v. fs. 80/81).
Luego, refirió que el gravamen actual que lo decidido les irroga a sus defendidos es claro, pues se halla en juego el derecho a ser oído, que ha sido suprimido en la instancia de mensura de la pena. A ello agregó que no puede pronosticarse cuál será la decisión de los jueces tras oír a los imputados, por lo cual esa sola posibilidad constituye el gravamen evidente que causa la infracción aludida (v. fs. 81 y vta.).
III. La queja deducida es improcedente (art. 486 CPP).
a. Para declarar la inadmisibilidad del carril extraordinario, el a quo juzgó que si bien en autos no se encontraban abastecidos los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal, el recurso impetrado constituía el carril idóneo para el planteamiento de las cuestiones federales, a fin de permitirle al impugnante el transitar por el Superior tribunal de la causa (art. 14 ley 48, conf. doctr. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" CSJN).
En ese marco, indicó que los pretendidos planteos federales no resultaban eficaces. Sostuvo que el supuesto déficit de procedimiento, anterior a la sentencia, se vinculaba con cuestiones típicamente procesales, por lo cual no se evidenciaba el compromiso de garantías constituciones que impusiera su abordaje en los términos de la jurisprudencia de la Corte federal traída a colación (en alusión a los precedentes "Pin" y "Maldonado"). A ello adunó que la parte no había individualizado un concreto gravamen, lo cual conducía a la ineficacia de la pretensión, en tanto no se indicaban los perjuicios que conllevaría la omisión de haber convocado a los procesados ante el órgano en los términos del art. 41 inc. 2 del Código Penal.
Expresó que tampoco se señalaba la incidencia que ese conocimiento de visu pudo haber tendido respecto de la decisión, cuanto la parte no había introducido requerimiento alguno en relación con lo pretendido -en referencia a la presentación de fs. 83/86-; por ello, consideró que la objeción resultaba el producto de una reflexión tardía y conducía igualmente a la inadmisibilidad del remedio.
Por último, manifestó que tampoco se había explicado por qué la pena impuesta no era la adecuada a los fines de la resocialización de los encartados (v. fs. 67/69).
b. De acuerdo a la reseña efectuada, el tribunal revisor desestimó el carril extraordinario por considerar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesarias, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguyó vulneradas (violación de los arts. 18 de la Const. nac., 8.1. y 5.6. de la CADH).
Frente a ello, la parte no logró remover con eficacia dicho óbice en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y a afirmar su carácter federal.
Finalmente, cabe adunar que el temperamento adoptado por el tribunal casatorio se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al sub lite (conf. P. 109.001, resol. de 26-X-2010, P. 109.618, resol. de 2-VII-2010; P. 115.615, resol. de 3-VII-2013; P. 122.167, resol. de 17-XII-2014; P.125.701, resol. de 15-VII-2015; P. 126.868, resol. de 13-VII-2016; P. 122.255, resol. de 21-IX-2016; P. 123.519, resol. de 5-X-2016; P. 122.853, resol. de 26-X-2016; P.123.935, resol. de 30-XI-2016; P. 124.797, resol. de 21-XII-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mauricio Ezequiel Andino y Alejandro Juan Pierraccini, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia