Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Oscar Francisco Verón y Víctor Hugo Aguilar, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.798 RQ, caratulada: "Verón, Oscar Francisco y Aguilar, Víctor Hugo s/ Recurso de queja en causa N° 72.807 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de ese órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora que condenó a Oscar Francisco Verón a la pena de doce años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y/o utilería en grado de conato (hecho I) en concurso real con homicidio simple (hecho II), declarándolo reincidente; y a Víctor Hugo Aguilar, a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallado coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple (hecho II) fs. 72/75 vta.-.
Para así decidirlo, luego de afirmar que estaba presente el requisito objetivo referido al monto de la pena, mas no el vinculado a la índole de los agravios, expuso que si bien era admitido por todos que el principio contenido en el art. 494 del Código Procesal Penal debía ceder en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en este supuesto la recurrente no lograba demostrar que estuviera involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. 74).
1. En dicho marco, juzgó que los planteos desarrollados en la articulación extraordinaria no pasaban de constituir la expresión de una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo en crisis, las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida (v. fs. 74 y vta.).
Sumó a ello que la generalidad de la argumentación de la señora Defensora, sin atención precisa a los fundamentos de la decisión de ese Tribunal, en particular en cuanto a la insuficiencia establecida respecto de los agravios casatorios traídos, no llegaba a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales que padecería la motivación desarrollada al desestimarse el recurso de casación oportunamente deducido (v. fs. 74 vta.).
2. Además, destacó que los reclamos dirigidos contra la porción del fallo que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial, estaban referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (art. 451 y 458, CPP), constituyendo una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la CSJN, resultaba ajena a la instancia federal pretendida (v. fs. 74 vta.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos de la defensa de asignar a sus planteos carácter federal con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y "...sin que resulte atinente a esta evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal...", sus apreciaciones "...no contienen la exposición en forma razonada y concreta de la posible afectación de las garantías constitucionales vigentes que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación" (fs. 75).
Concluyó que las características de los reclamos no posibilitaban argumentar que, en el caso, podía estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear los recaudos objetivos que estaban ausentes en esta situación en particular; a la vez que la articulación extraordinaria no había sido efectuada con la suficiencia y carga técnicas pertinentes a tales fines (v. fs. 75 y vta.).
II. Ante lo así resuelto, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 78/85.
1. En primer lugar, destacó que los recaudos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal resultan inaplicables al caso (v. fs. 80).
Entendió que, a diferencia de lo sostenido en la decisión en crisis, el recurso extraordinario demostró suficientemente la conculcación de derechos consagrados en la Constitución nacional que ameritan la intervención de esta Corte como superior Tribunal de la causa a fin de hacer cesar su afectación, conforme lo normado en los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional y los precedentes de la CSJN Strada, Christou y Di Mascio (v. fs. 80 vta.).
Sostuvo que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional en tanto que: a) los agravios postulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley son de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena, en lo concerniente a la determinación de la pena; b) esa cuestión federal fue oportunamente planteada en tanto se generó en la sentencia intermedia; y c) el gravamen es actual (v. fs. 81).
Remarcó que uno de los agravios formulados de naturaleza federal- fue suficientemente planteado en la vía extraordinaria, desde que "...consistió en la arbitrariedad de lo decidido por el Tribunal de Casación al sostenerse que éste no llevó a cabo una revisión amplia e integral del fallo condenatorio, desnaturalizándola al haber expedido, en materia de determinación de la pena, una resolución sólo basada en fórmulas genéricas y afirmaciones dogmáticas..." (fs. 81 vta.). En apoyo de su postura, citó precedentes de la Corte federal (Casal) y de este Tribunal (P. 99.084 y P. 89.939).
2. En segundo término, cuestionó el rechazo por extemporáneo del planteo introducido en la etapa intermedia desde que también llevaba explícita la cuestión federal (violación al debido proceso y defensa en juicio al haberse imposibilitado el encausado del acceso a la revisión amplia e integral del fallo de condena) fs. 82-.
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente Casal de la CSJN (v. fs. 82 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 83).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y adujo que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 83 vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. cit.).
En consecuencia, argumentó que la decisión de la sede intermedia, al declarar inadmisible el recurso que denunció la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, "con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias [...] para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada..." (fs. 84 y vta.).
Como colofón, arguyó que se vedó a sus asistidos el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto reiteró- la sentencia de dicho órgano "omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de esta parte resultó defectuoso" (fs. cit.).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. En orden al primero de los planteos, si bien de la reseña elaborada en el apartado I surge que el Tribunal revisor al señalar que los embates formulados constituían una opinión contraria a lo resuelto "...sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo..." (fs. 74 vta.) o que la generalidad de la argumentación de la recurrente "...sin atención precisa a los fundamentos de la decisión de ese Tribunal, en particular en cuanto a la insuficiencia establecida respecto de los agravios casatorios..." (fs. cit.), efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad y se inmiscuyó en la fundabilidad del recurso como acertadamente lo puso de manifiesto la quejosa-, el juicio negativo debe ser mantenido.
En efecto, la Casación desestimó el carril extraordinario a partir de la falta de demostración en el caso del compromiso de una cuestión de naturaleza federal susceptible de excitar la competencia revisora de esta Corte. A ello sumó que los reclamos de la parte se traducían en una opinión contraria al pronunciamiento fallado sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación del mismo.
Frente a ello, la quejosa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y, una vez más, planteó las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
De ahí que queda sin sustento la tacha de arbitrariedad atribuida al auto denegatorio del carril extraordinario.
2. Con relación al segundo de los reclamos, se aprecia que los desarrollos traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado en dicho segmento del resolutorio por parte del Tribunal revisor.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite.
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador art. 8 inc. 1, CADH- no prospera, en razón que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Oscar Francisco Verón y Víctor Hugo Aguilar, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia