Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Jorge Federico Leveu (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.269-RQ, caratulada: "Leveu, Jorge Federico s/ recurso de queja en causa N° 72.970 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 21 de junio de 2017, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Jorge Federico Leveu contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata que -en el marco de un proceso de juicio abreviado- lo condenó a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (v. fs. 30/32 vta.).
II. La Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso queja (v. fs. 34/38 vta.).
Alegó que el argumento utilizado por el Tribunal de Casación Penal para cerrar la vía extraordinaria no resulta oponible en el caso pues se había demostrado la existencia de agravios de orden federal -violación a los principios de razonabilidad, lesividad y legalidad-, como así también su relación directa con lo resuelto (v. fs. 35 y vta.).
De seguido, reseñó los agravios articulados en el recurso extraordinario denegado y entendió que la declaración de inadmisibilidad del mismo no se compadece con las constancias de la causa, pues se había planteado concretamente una cuestión de naturaleza federal con el desarrollo explicativo correspondiente a las razones del por qué lo normado en el código resulta contrario a las garantías y principios constitucionales (v. fs. cit./36 vta.).
Asimismo, afirmó que la decisión impugnada se apartó de los lineamientos dados por la Corte nacional con relación a la doctrina según la cual existe cuestión federal suficiente si el debate tiene por objeto el conflicto de una norma de derecho común y normas de la constitución nacional, conforme el fallo "Gramajo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit./37).
Adujo que el a quo -con su proceder- no hizo más que encubrir su propia omisión. En su apoyo, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 85.977. Así, esgrimió que deviene inadecuado que el propio órgano revisor sea quien analice si se incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, situación que -desde su óptica- involucra la cuestión sobre imparcialidad judicial. Al efecto, citó varios precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (v. fs. cit./38).
Como colofón, arguyó que se vedó el derecho de su defendido al acceso a la jurisdicción en tiempo útil, por lo que requirió la intervención de éste alto Tribunal a los fines de evitar la desnaturalización del instituto (v. fs. cit.).
Finalmente, resaltó que al ser la sanción de la ley 14.647 posterior al hecho que se le imputa a su asistido, y establecer un doble juicio de admisibilidad deben evitarse los rigorismos formales en la evaluación del caso por el propio órgano revisor, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad, habida cuenta que se lo coloca en una situación más gravosa al tener que sortear un juicio formal previo y de mayor rigurosidad para lograr acceder a esta jurisdicción (v. fs. cit. y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis , CPP).
1. El órgano casatorio declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado. Para así decidirlo, señaló que en la presente no se encontraba satisfecho el primer presupuesto objetivo establecido en el art. 494 del Código Procesal Penal, desde que la pena impuesta al acusado no era mayor a diez años de prisión (v. fs. 31 vta.).
De seguido, expuso que la recurrente no se había ocupado de atacar todas las razones que fueron suministradas en el pronunciamiento impugnado, toda vez que más allá de una alusión parcial a la fundamentación en él expuesta, dejó sin establecer, de manera inequívoca e inmediata, la relación que existiría entre lo resuelto en la sentencia de ese Tribunal, en un análisis completo de esa decisión, y las afectaciones constitucionales que denunció en el recurso, recaudo imprescindible para que pudiera ser atendido por el superior tribunal de la causa como tránsito inexcusable hacia la instancia ante la Corte nacional (v. fs. 32). Así, entendió que los planteos recursivos no habían sido formulados con la carga técnica necesaria para que las pretensiones de la defensa puedan ser consideradas por la Suprema Corte provincial (v. fs. cit.).
2. En primer lugar, la defensora oficial no logró controvertir de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica con que, a criterio del a quo, se fundaron las críticas de pretenso cariz federal.
En efecto, la parte se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre el punto, sin ningún anclaje en las particulares características del caso, pretendiendo que la solitaria enunciación de garantías constitucionales como la denuncia de inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, habilite -sin más- a excepcionar los recaudos formales del art. 494 del ritual (conf. P. 126.878, resol. de 4-VIII-2016; P. 126.309, resol. de 24-VIII-2016; P.126.983, resol. de 12-IV-2017; P. 127.676, resol. de 21-VI-2017, entre otras de esta Corte).
Por el contrario, la apelante debió explicar -y no lo hizo- de qué manera los agravios de pretensa índole federal que expuso en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 21/29) se vincularían con el fallo del Tribunal de Casación (v. sentencia de casación a fs. 9/18).
Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) no prospera en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Jorge Federico Leveu (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia