Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128587
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Fernando Olivera, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.587-RQ, caratulada: "Olivera, Fernando s/ recurso de queja en causa N° 72.300 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Fernando Olivera contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que -en puridad- confirmó la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores que hizo lo propio con la denegatoria de eximición de prisión solicitada a favor del nombrado (v. fs. 48/52 vta.).
Para arribar a tal decisorio, señaló que el fallo impugnado resultaba equiparable a sentencia definitiva (v. fs. 49). De seguido, advirtió que -en el caso- no se vislumbraban "argumentos que permitan sostener que est[é]n involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales" que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa (v. fs. cit. vta.). Adunó que la mención de que el resolutorio dictado por la sala resulta arbitrario, no basta per se para sortear los limites rituales (v. fs. cit. in fine), y se pronunció por la ineficacia del gravamen que se desentiende de la respuesta brindada, reeditando planteos, con cita de lo resuelto por esa Corte en P.106.514 (v. fs. 50). Asimismo, señaló que si bien el absurdo o la arbitrariedad configuran causales que permiten sortear el valladar prealudido, en el caso, lo llevado en dichos términos no revestía aptitud. Ello, con mención a precedentes de la Corte federal y este Tribunal (v. fs. cit. y vta.).
En virtud de lo resuelto, concluyó en la innecesariedad de expedirse respecto a la constitucionalidad del art. 494 del Código de rito, reiteró el carácter extraordinario del carril y la necesidad de un planteo de naturaleza federal inequívoco (v. fs. 51 y vta.).
II. Frente a ello, el defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- dedujo recurso de queja (v. fs. 55/62).
Denunció que el carril fue erróneamente denegado (v. fs. 59 vta.). Señaló que resulta aplicable al caso la doctrina de la Corte federal sentada en los casos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. cit.), y tachó de arbitrario lo fallado por fundarse en de modo aparente, utilizando fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. cit./60).
Expuso que se halla en juego una cuestión federal -el derecho a gozar de la libertad durante el proceso y la arbitrariedad del fallo que confirmó la denegatoria del mismo-, derivación del estado de inocencia y el derecho de defensa -art. 18, Const. nac.- (v. fs. 60).
Explicó que la tacha prealudida se dirigió contra el análisis por el cual el revisor fundó la existencia de riesgo procesal a partir de la escala penal en abstracto (v. fs. cit. vta.). Advirtió que, frente a lo así planteado, la casación desestimó la vía reeditando lo dicho por el Tribunal de Alzada, lo que constituye "una afirmación vacua que en nada se vincula con los reclamos del recurrente" (fs. 60 vta.). Adjetivó de "circular" la argumentación brindada y halló reunida la relación directa del vicio de arbitrariedad con la solución del caso (v. fs. cit.).
Esgrimió que la negativa de la concurrencia de una cuestión federal se sustentó en meras citas jurisprudenciales sin siquiera demostrar su relación con lo fallado; configurando -de este modo- afirmaciones falsas, dogmáticas, genéricas e inaplicables a las constancias de la causa (v. fs. 60 vta. in fine/61).
Para finalizar, halló suficientemente demostrada la crítica en pos de la naturaleza prealudida, y advirtió reunida su vinculación con la solución del caso (v. fs. 61 y vta.).
Para terminar, insistió en la tacha de arbitrariedad y postuló la declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal. (v. fs. 61 vta.).
III. La queja deducida es improcedente (art. 486 bis, CPP).
En efecto, el argumento central que derivó en el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se basó en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteo de las pretensas cuestiones federales en razón del desentendimiento de la respuesta dada y la reedición de argumentos que le adjudicó a la parte.
Frente a ello, las alegaciones del recurrente no resultan idóneas para remover tal obstáculo pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre el agravio desarrollado en el remedio receptado en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 40/47 vta.), las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria (v. fs. 35/38, arts. 14 y 15, ley 48).
En función de lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Fernando Olivera, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Fin de la sentencia