Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128532
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Barrionuevo, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 16 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.532-RQ, caratulada: "Barrionuevo, Martín s/ Recurso de queja, en causa n° 72.626 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Martín Barrionuevo, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente al resolutorio de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que -a su vez- confirmó el auto de grado que había denegado la eximición de prisión requerida a favor del nombrado (v. fs. 67/74 vta.).
Para así decidir, entendió que el fallo atacado resulta equiparable a sentencia definitiva (v. fs. 68/69).
De seguido, recordó los límites de admisibilidad de los arts. 494 y 495 del digesto adjetivo e indicó que "… no se advierte que el recurso presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que, en el presente caso, están involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa" (fs. 69).
Señaló que, ante la carencia de fundamentación en la ley sustantiva, sólo la existencia de algún planteo federal correctamente desarrollado permitiría el tratamiento del reclamo por ante este Cuerpo, en los términos de la doctrina sentada por la CSJN in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio"; situación que no observó en la especie en virtud del planteamiento genérico esbozado por la parte. Citó lo resuelto por esta Corte en la causa P. 107.892 (v. fs. cit./70).
Razonó que -en rigor- la defensa se desentendía de la respuesta brindada en aquella sede, reeditando sus críticas, por lo que no lograba patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto. A tal fin, transcribió -parcialmente- el precedente P. 106.514 de este alto Tribunal (v. fs. 70 y vta.).
Agregó que si bien los límites objetivos de la norma ritual ceden ante la existencia de absurdo o arbitrariedad, esas causales no fueron demostradas por el recurrente a lo largo de su impugnación. Refirió al objeto de la doctrina de la arbitrariedad y, con cita de la causa P. 125.519 de este Cuerpo, expuso que las críticas defensistas no pasaban de ser una opinión personal discrepante con el criterio del a quo , lo cual no importaba un medio de cuestionamiento idóneo (v. fs. cit./72 vta.).
Por último, recalcó el carácter excepcional de la vía en trato y que la misma no constituye un remedio ordinario donde se busca, como en el caso, una tercera instancia para reeditar planteos ya formulados y a los cuales se les había otorgado responde (v. fs. 73).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- articuló recurso de queja (v. fs. 80/87 vta.).
Liminarmente, señaló el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación y reseñó los antecedentes relevantes de la causa (v. fs. 80/85 vta.).
Con respecto a la fundabilidad, entendió que el carril extraordinario fue erróneamente denegado, toda vez que resultaba de aplicación al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio". Asimismo, tachó de arbitrario lo resuelto, por fundamentación aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. 85 vta.).
Esgrimió que el reclamo se encontraba en condiciones de ser conocido por el cimero Tribunal, toda vez que los agravios postulados en el mismo son de índole federal -derecho de insusceptible reparación ulterior como es el de gozar de libertad durante el proceso penal y la arbitrariedad del fallo que confirmó la denegatoria del mismo-, derivación del estado de inocencia y el derecho de defensa -art. 18, Const. nac.- (v. fs. 86).
En ese discurrir, explicó que dicha tacha se dirigió contra el análisis por el cual el revisor fundó la existencia de riesgo procesal -peligro de fuga- a partir de la severidad de la pena amenazada al encartado. Agregó que, frente a ello, la casación desestimó la vía argumentando que el inferior no sólo había referido a la expectativa de pena sino también a la naturaleza del hecho, lo que constituye "una afirmación vacua que en nada se vincula con la existencia de peligros procesales" sino que remite nuevamente a la pena en expectativa; afirmación dogmática que dejó sin responder al planteo defensista (v. fs. cit.).
De seguido, explicó que el a quo negó la concurrencia de esa cuestión federal y, sobre todo, la suficiencia de su fundamentación y la demostración de su relación directa con la solución del caso (v. fs. cit. vta.).
Resaltó que en la vía deducida se habían demostrado cuáles eran las afirmaciones dogmáticas que se constituyeron en el "holding" de la sentencia casatoria, que sostener un fallo en meras afirmaciones dogmáticas es causal de arbitrariedad y se respaldó esa afirmación en doctrina de la propia Corte nacional que así la define (v. fs. cit./87).
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de las limitaciones a la recurribilidad contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 87 y vta.).
III. Es dable poner de relieve que el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Isidro puso en conocimiento de esta Corte que, mediante un proceso de juicio abreviado, condenó a Barrionuevo a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por su comisión con el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple agravado por su comisión con el uso de arma de fuego en grado de tentativa (v. oficio de fs. 102/103).
Asimismo, informó que en dicho fallo dispuso que la detención del nombrado se hiciera efectiva una vez que el resolutorio que denegó la eximición de prisión o la sentencia dictada pasen en autoridad de cosa juzgada (v. fs. cit.).
Finalmente, comunicó que la defensa interpuso recurso casatorio, que el encartado no fue notificado de lo resuelto y que, por ello, se ordenó correr vista a las partes en los términos de los arts. 303 y concs. del Código Procesal Penal, encontrándose a la espera de la decisión del presente recurso de queja a fin de adoptar el temperamento correspondiente respecto de la rebeldía y detención solicitadas por el representante de la vindicta pública (v. fs. cit.).
IV. La vía de hecho no prospera (art. 486 bis , CPP).
IV. 1. El argumento central que derivó en el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se basó en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteo de las pretensas cuestiones federales, en razón del desentendimiento de la respuesta dada y la reedición que le adjudicó a la parte.
IV. 1. a. Cabe recordar aquí que la sede casatoria -en oportunidad de abordar el remedio de la especialidad- juzgó que de la presentación no se advertía ni el sustrato material ni la acreditación de un agravio federal suficiente. En ese contexto, observó que el a quo había desarrollado las razones por las cuales correspondía denegar la eximición de prisión, adunando a los argumentos expuestos en la resolución de primera instancia referidos a las características del hecho atribuido -enfrentamiento armado, con resultado de muerte-, la entidad del monto punitivo previsto para los delitos endilgados -arts. 79 en función del 41 bis ; y art. 79 en función de los arts. 41 bis y 42- que poseen un mínimo que no admite la condena en suspenso, circunstancias que por sí verifican la existencia de peligro procesal en el caso en concreto y resultan abarcadas por el art. 171 del Código Procesal Penal. Finalmente, estimó que el inferior había meritado de manera ajustada a derecho y con arreglo a las constancias de la causa los obstáculos para denegar la petición efectuada (v. fs. 53/56).
IV. 1. b. Frente a ello, la defensa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denunció -como tópico central- la arbitrariedad de lo fallado en cuanto se había desconocido la existencia de una cuestión federal -derecho a permanecer en libertad durante el trámite del proceso- y se denegó el requerimiento realizado a través fórmulas genéricas y dogmáticas, ponderando única y exclusivamente la pena en expectativa para tener por acreditada la concurrencia de peligros procesales (v. fs. 63 vta./65 vta.).
IV. 2. De lo apuntado se observa que -tal como juzgó el órgano intermedio al desplegar el juicio de admisibilidad negativo- las alegaciones del recurrente no resultan idóneas para remover el obstáculo sobre el que se edificó la desestimación de su intento extraordinario, pues -en la presente vía de hecho- insiste en los cuestionamientos esbozados en la vía del art. 494 del Código Procesal Penal sin hacer ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre ellos, las supuestas garantías constitucionales vulneradas y la sentencia casatoria de fs. 53/56 (arts. 14 y 15, ley 48).
En efecto, el recurrente debió demostrar -y no lo hizo- que sus alegaciones vinculadas con el derecho a transitar el proceso en libertad no se desentendieron de las concretas respuestas brindadas por el órgano casatorio para concluir que la instancia de grado había meritado de manera ajustada a derecho los obstáculos para denegar la eximición de prisión requerida.
En función de lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad formulada.
Por lo demás cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN, Fallos 310:234), y más allá de su discrepancia, el autor de la queja no pone en evidencia la existencia de esos graves defectos.
V. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del digesto adjetivo tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por este Cuerpo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Martín Barrionuevo, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°717
Fin de la sentencia