Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130611
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.611, "Ruiz, Norma; Silvera, Daniel Alejandro; Santillán, Fernando Matías y Collado, Luis Adrián s/ recurso de queja en causa n° 72.789 y acum. 72.791, 72.795 y 72.798 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de marzo de 2017, rechazó sendos recursos homónimos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a Norma Ruiz a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cuatro años y costas; a Daniel Alejandro Silvera a la pena de dos años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cuatro años y costas; a Jonathan Adrián Eichman a la pena de tres años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de seis años y costas; a Sergio Ariel Gómez a la pena de tres años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de seis años y costas; a Luis Adrián Collado a la pena de dos años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cuatro años y costas; a Ángel Gastón Grousaz a la pena de dos años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cuatro años y costas; y a Fernando Matías Santillán a la pena de dos años de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cuatro años y costas, por resultar coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público y por el empleo de amenazas y violencias en grado de conato, en concurso ideal con allanamiento ilegal de morada, imponiendo las reglas de conducta del art. 27 bis inc. 1 del Código Penal (arts. 5, 26, 27 bis inc. 1, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45, 54, 144 bis inc. 1 y último párr. y 151, Cód. Penal; v. fs. 98/113 con relación a fs. 11/39, legajo casatorio 72.789).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 124/139) y de nulidad (v. fs. 140/146 vta.), en beneficio de Norma Ruiz, Daniel Alejandro Silvera, Fernando Matías Santillán y Luis Adrián Collado. El defensor particular de Maximiliano Ángel Gastón Crousaz -doctorÁlvaro B. Melian- interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 215/221). La defensa particular de Jonathan Adrián Eichman -doctor Guillermo Seminara-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 224/244). Finalmente, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal -doctora Susana Edith De Seta- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Sergio Ariel Gómez (v. fs. 256/262).
Por resolución del día 6 de febrero de 2018, la citada Sala del tribunal intermedio rechazó todos los recursos por inadmisibles (v. auto de admisibilidad, fs. 263/269 vta.).
En lo que es de interés para la causa, aquella decisión motivó la interposición de queja por parte del señor defensor oficial adjunto de casación en beneficio de Ruiz, Silvera, Santillán y Collado (v. fs. 405/416 vta.), lo propio hizo la defensa particular de Maximiliano Ángel Gastón Crousaz (v. fs. 459/460 vta.), que fueron resueltas favorablemente por esta Corte mediante las resoluciones de los días 20 de marzo de 2019 (v. fs. 424/427 vta.) y 10 de abril de 2019 (v. fs. 461/462 vta.), respectivamente, concediendo los recursos extraordinarios interpuestos.
Oído el señor Procurador General (v. dictámenes, fs. 432/438 y 481/483 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 439 y 484) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa oficial a favor de Norma Ruiz, Daniel Alejandro Silvera, Fernando Matías Santillán y Luis Adrián Collado?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa particular a favor de Maximiliano Ángel Gastón Crousaz?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, con invocación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial (v. fs. 387 vta. y sigs.).
Alegó que en el recurso de casación se había agraviado por la errónea aplicación de los arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo y 151 del Código Penal y violación del in dubio pro reo, argumentando que sus pupilos habían actuado en el marco de la eximente de la obediencia debida prevista en el art. 34 inc. 5 del Código citado, cuestión que no habría sido abordada por el tribunal intermedio (v. fs. 389 vta./390 vta.).
Consideró que el planteo resulta procedente pues la cuestión omitida fue concreta -la absolución por obediencia debida o por beneficio de la duda-; era razonada pues había existido una orden emanada de un oficial de mayor rango; se trató de una cuestión esencial por su relación con una posible absolución; obedeció a un descuido conforme la doctrina de esta Corte (causas Ac. 90.240 y Ac. 100.703), sin posibilidad de interpretar un desplazamiento por el razonamiento expuesto; y no existió un tratamiento por errónea aplicación de normas de fondo sobre los delitos que fundaron la condena (v. fs. 391 y vta.).
Solicitó que se anule la sentencia en crisis y se reenvíe a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento que aborde la cuestión no tratada (v. fs. 393).
II. El señor Procurador General propició en su dictamen el rechazo de la impugnación (v. especialmente fs. 432/434).
III. Disiento con ese temperamento, a mi juicio el reclamo prospera.
IV.1. Al recurrir ante casación, la defensa oficial de los encartados Ruiz, Silvera, Santillán y Collado reclamó específicamente que, en el marco del juicio de antijuridicidad de las conductas atribuidas y el reproche penal que correspondía establecer respecto de cada uno de los imputados, se considerara la cuestión de la "obediencia debida" (fs. 47 vta.). Sostuvo que "...tal como quedó acreditado en el debate, el primer móvil que acude al lugar en función del llamado 911 estaba a cargo de los funcionarios policiales Subteniente Ruiz Norma y Silvera y luego en el segundo momento se suman los funcionarios policiales Collado y Santillán, el primero con jerarquía de Subteniente y el segundo Sargento"; para añadir luego que "El único funcionario policial con jerarquía superior era el Oficial Gómez Sergio Ariel, quien dio la orden de regresar al lugar con el fin de aprehender a César Menese, [y] frente a tal orden no manifiestamente ilegítima la Subteniente Ruiz y [el] oficial Silvera no se encontraban en condiciones de despejar el error pues claramente se trataba de un supuesto de urgencia.
Y en cuanto a los restantes funcionarios policiales Collado y Santillán actuaron bajo un error de prohibición inevitable porque no se advierte que tuvieran motivos para dudar de la orden impartida por Gómez" (fs. cit.). Aclaró que, si bien es cierto que es dable admitir la problemática que presentan los casos de obediencia debida asignándoles el tratamiento más beneficioso de un error evitable de prohibición, estima, con cita autoral, que en casos de "...aparatos de poder la capacidad de revisar la legitimidad de la orden se encuentra fuertemente disminuida y por ello el error debe ser considerado inevitable". Entiende que en este caso ha sido claro que los funcionarios policiales mencionados actuaron al amparo de la previsión del art. 34 inc. 5 del Código Penal (obediencia debida) "...pues dada la organización jerárquica que tiene la policía, Santillán, Collado, Ruiz y Silvera no se en[contraron]en posición de cuestionar la legitimidad de la orden" (sea, en razón de la situación de urgencia de Ruiz y Silvera, y porque no tenían motivos para dudar de la legitimidad de la orden emitida por un superior los otros dos que llegaron con posterioridad), actuando bajo un "error inevitable", lo que se corresponde con los buenos informes de sus respectivos legajos, al gozar de un buen concepto institucional, lo cual -a su entender- debió conducir a la absolución de los imputados, al menos, en función del principio in dubio pro reo (v. fs. 48 y vta.).
IV.2. De la lectura de la sentencia pronunciada por el órgano revisor (v. fs. 98/113), se advierte que respecto de este concreto planteo, no dedicó ninguna respuesta que abarque siquiera alguna mínima consideración sobre el alcance de esa defensa formulada por la parte, en tanto, como bien lo advirtió la recurrente en esta instancia, se trataba de una cuestión esencial, con virtualidad, en caso de prosperar, de modificar eventualmente la solución en favor de una posible absolución o decisión más ventajosa.
En consecuencia, siendo que el Tribunal de Casación Penal ha soslayado dar una respuesta concreta a esos planteos en infracción del art. 168 de la Constitución provincial, deberá anularse la sentencia recurrida y devolverse los autos al tribunal a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 492 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denunció que el fallo recurrido es arbitrario por falta de fundamentación, que se vulneró el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la presunción de inocencia al confirmar una condena que no estuvo motivada (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2, CADH y 14.2 y 14.5, PIDCP; v. fs. 373 vta.).
Refirió que ante la casación se había denunciado que en el veredicto no se razonó sobre los elementos de prueba, y que el tribunal intermedio se limitó a realizar una mera enunciación "lisa y llana" del contenido de los testimonios rendidos en debate, expresando simples consideraciones dogmáticas (v. fs. 374).
El recurrente hizo propios los argumentos del voto minoritario de casación, y resaltó las falencias de la decisión del tribunal de grado en torno a: las conductas agresivas e intimidatorias atribuidas a los policías que actuaron en el primer momento; el contenido de la convocatoria realizada por éstos a fin de determinar el conocimiento con el que arribaron los funcionarios policiales que concurrieron al lugar; la conducta concreta que realizó cada uno de los imputados; que ningún detalle se brindó sobre los daños de la vivienda, la cantidad de proyectiles hallados en el lugar; si se tuvo por verificada agresión por parte del grupo de policías hacia la familia Menese y los vecinos que salieron en su defensa; entre otras (v. desarrollo, fs. 375 y vta.).
Consideró que las conclusiones del tribunal quedaron huérfanas de sustento probatorio y ello impidió determinar el rol que le cupo a cada imputado para analizar su concreta intervención y responsabilidad (v. fs. 375 vta.).
Sostuvo que nada aportó la sentencia casatoria en tanto realizó una mera transcripción de testimonios, por lo que la revisión encarada no resultó suficiente como para confirmar ni subsanar la deficiente motivación del fallo de mérito. Citó en apoyo de su postura los casos "Aptiz Barberá vs. Venezuela", "López Mendoza vs. Venezuela", entre otros de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos relativos al deber de motivación de las sentencias (v. fs. 377 vta./378 vta.).
Solicitó que se case el pronunciamiento recurrido y se reenvíe la causa al Tribunal de Casación Penal a fin de dictar una nueva sentencia conforme a derecho (v. fs. 380).
I.2. Subsidiariamente, denunció la falta de cumplimiento con el deber de una revisión amplia de la sentencia de condena, lo que convirtió el tránsito por esa instancia intermedia en aparente, en vulneración del principio in dubio pro reo en lo relativo a la aplicación de la eximente prevista en el art. 34 inc. 5 del Código Penal -obediencia debida- (conf. CSJN causa "Casal"; arts. 18, Const. nac.; 8.2 apdo. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. cit. y vta.).
Sostuvo que la actividad que desplegó el Tribunal de Casación consistió en una reiteración de los testimonios y remisión a las pruebas incorporadas por lectura, por lo que -a su juicio- el fallo no superó el test de amplitud de la función revisora que implica para sus asistidos no conocer los motivos por los cuales sus conductas resultaron ilícitas (v. fs. 382/383 vta.).
Peticionó que se anule la sentencia y se dicte o se remita para dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 385).
II. Dado el modo en que fue resuelta la cuestión anterior, no corresponde el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa de Crousaz denunció que el Tribunal de Casación Penal omitió el tratamiento de cuestiones esenciales (art. 168, Const. prov.; v. fs. 452 y vta.).
Puntualmente, refirió que, por un lado, no ha dado tratamiento a la cuestión vinculada con la "...ajenidad en la participación de los hechos que le cupo a Maximiliano Crousaz", por otro, que "...los actos de omisión por los que fuera sustentada la injusta acusación del Tribunal de Origen no tienen sustento y no son una derivación razonada de la relación de hechos expuesta, sin perjuicio de que viola el principio acusatorio, puesto que la Vindicta Pública nunca acusó por actos de omisión" (fs. 455 vta.).
Sostuvo que, al confirmar la sentencia de primera instancia, el a quo avaló la existencia de un supuesto "plan previo" para lograr la detención ilegal de Menese, pero, según esa parte, ello nunca pudo haberse acreditado con los elementos de prueba colectados en la investigación y los testimonios brindados en debate (v. fs. cit.).
Destacó que el voto del doctor Violini se ocupó de dar tratamiento a la cuestión esencial que introdujo esa defensa -participación de Crousaz en los hechos- y claramente ha dicho que no pudo probarse; cuestión que -según esa parte- no fue tratada por los doctores Borinsky y Carral (v. fs. 456 vta.).
Concluyó señalando que en el fallo "...nada se di[jo] de los policías que no ingresaron (Crousaz)", por lo que pese a esa circunstancia aun así se le aplicó la misma calificación que al resto de los encartados que sí lo hicieron (v. fs. 457).
I.2. En segundo término, alegó la falta de mayoría de opiniones con relación a una de las cuestiones esenciales introducidas por esa parte (arts. 161 inc. 3 apdo. "b" y 168, Const. prov.; v. fs. cit.).
Afirmó que "...el fallo [...] no está sustentado en una argumentación cuantitativa, pues la mayoría no ha dado tratamiento a la cuestión esencial del rol de [su] defendido, cuestión que a criterio de la minoría ha quedado irresuelta y por lo tanto carece de fundamentación suficiente" (fs. cit.).
Solicitó se haga lugar al recurso y se reenvíe la causa al tribunal de origen a fin de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
II. El señor Procurador General se pronunció a favor del rechazo del recurso (v. dictamen, fs. 481/483 vta.).
III. Disiento con esa postura pues considero que este recurso también debe prosperar.
III.1. Ante el Tribunal de Casación (v. fs. 32/36 vta., legajo casatorio 72.795), en lo que resulta de interés para la causa, la defensa de Crousaz cuestionó la participación de su asistido en los hechos, alegó que se condenó a todos los policías pese a que realizaron tareas independientes y con distintas responsabilidades unos de otros; argumentó que no fue correcto asimilar la conducta dolosa del primer episodio a las acciones lícitas del segundo, donde hubo personal policial convocado de apoyo y sin que su defendido tuviera conocimiento de lo que había pasado anteriormente y diera origen al conflicto. En ese sentido alegó que, a pedido de la radio estación y del Oficial Gómez, su asistido compareció al lugar "...en cumplimiento de una orden hasta ese momento lícita" (fs. 33); y que la conducta de Crousaz consistió en "...acudir al llamado de auxilio proveniente de la radio del móvil en que se encontraba, luego de ello constituirse en el domicilio indicado y desplegar el debido accionar para salvaguardar la integridad física de sus compañeros, siendo vulnerado en la suya propia al ser lesionado" (fs. 35).
III.2. El Tribunal de Casación Penal, luego de referirse al cuadro fáctico y las pruebas de cargo, sostuvo que "...tanto aquellos efectivos policiales que ingresaron a la vivienda de la familia referida como quienes permanecieron en la acera de dicha casa -ante la notoria ilegalidad de lo que estaban presenciando- participaron del irregular procedimiento policial que se desarrollaba -allanamiento ilegal- y de la violencia desplegada, puesto que los miembros de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de los deberes que la ley les impone, deben servir a la comunidad, protegiendo a todas las personas contra actos ilegales...", confirmando de esa manera la participación de los encartados -entre ellos Crousaz- en carácter de coautores de los hechos imputados (v. fs. 107 vta. y 108).
IV. De ello se advierte que el tribunal revisor no brindó ninguna respuesta concreta que incluyese los argumentos de la defensa de Crousaz sobre su ajenidad en la participación de los hechos y que había comparecido al lugar "...en cumplimiento de una orden hasta ese momento lícita". En ese sentido, no es posible considerar que, porque afirmó que tanto los policías que ingresaron a la vivienda como los que permanecieron fuera de ella, tuvieron participación en un operativo irregular -el allanamiento ilegal de morada-, desplegando ese accionar con violencia, ratificando la calificación legal actuada (v. fs. 107 vta.), se descartó -aunque más no sea implícitamente- el argumento de la defensa.
Esa falta de respuesta a un planteo preciso susceptible de modificar la solución del caso respecto de Crousaz, implica la infracción del art. 168 de la Constitución provincial.
Toda vez que en la cuestión primera se hizo lugar al recurso de nulidad, y se resolvió anularse la sentencia recurrida y devolverse los autos al tribunal a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, corresponde aquí adoptar idéntico temperamento (art. 492 y concs., CPP).
V. La solución a la que se arribó en el apartado anterior, torna abstracto el tratamiento sobre la denuncia de ausencia de mayoría de opiniones, en tanto el argumento esgrimido para sustentar el agravio primero, es decir la falta de tratamiento de una cuestión esencial vinculada al "rol de [su] defendido" (fs. 457), también fue utilizado para fundar el segundo.
Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguient
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.