Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127517 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Sebastián Cristian López (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Alejandro Daniel Díaz en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°587
P. 127.517-RQ - “López, Sebastián Cristian s/ Recurso de queja en causa Nº 72.839 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.517-RQ, caratulada: “López, Sebastián Cristian s/ Recurso de queja en causa Nº 72.839 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Quinta del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 7 de junio de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza que –en el marco de un juicio abreviado- había condenado a Sebastián Cristian López a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y coautor del de homicidio en ocasión de robo y robo agravado por el uso de arma, todos en concurso real (fs. 2/9).
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Alejandro Daniel Díaz, articuló recurso de queja (fs. 43/48 vta.).
Adujo que en caso de no compartirse el criterio expuesto por esa defensa en cuanto a la admisibilidad de los recursos interpuestos “el órgano que dictó la resolución impugnada, con la denegatoria del recurso interpuesto, frustraría los derechos de quien recurre”.
Indicó que el a quo sólo debe limitar su intervención al análisis del cumplimiento de las formalidades impuestas a la presentación de los recursos en trato y en nada pueden emanar voluntad respecto de las cuestiones de fondo, puesto éste último análisis es materia exclusiva del superior (fs. 46).
Denunció exceso ritual manifiesto en la interpretación y aplicación del art. 486 del rito.
De seguido trajo a colación lo normado por el art.161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Señaló que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley podrá fundarse únicamente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella “hay nuevas interpretaciones mediante las cuales se amplía la posibilidad de instrumentar este remedio, mediante la doctrina del absurdo probatorio o valorativo respecto del hecho y/o la prueba”. Agregó que, también, resulta un medio idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales y que –asimismo- resulta un medio adecuado para garantizar el doble conforme o derecho a revisión de los fallos (art. 8 inc. 2 de la C.A.D.H.) -fs. 47 vta./48-.
3. La queja es improcedente.
4.a. Respecto del recurso extraordinario de nulidad, el Tribunal de Casación, en primer lugar, recordó los supuestos en que puede sustentarse dicho remedio. Sentado ello, destacó que los embates llevados a su conocimiento, más allá de su mención, no se estructuran de acuerdo con las prescripciones que la Constitución provincial y el Código Procesal Penal prevén para su viabilidad.
Así, por un lado, indicó que las alegaciones del impugnante se vinculan con el criterio interpretativo tenido en cuenta al momento de ponderar la prueba reunida en la causa y confirmar la decisión condenatoria, así como respecto a la fundamentación brindada por ese Tribunal para descartar los cuestionamientos dirigidos a la determinación de la pena. En consecuencia, entendió que se intentó poner en jaque aspectos del fallo que tenían que ver con el mérito de la decisión y con el alcance o profundidad de lo decidido, temas -conforme doctrina de esta Corte- ajenos al remedio intentado (fs. 5).
Asimismo, expuso que si bien se denuncia la configuración de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y la indebida fundamentación –temas propios de la vía seleccionada- “lo cierto es que no desarrolla argumentación alguna, más allá de su discrepancia con el modo en que se ha dado tratamiento, tendiente a demostrar el quebranto que alega (SCBA, P77.160 del 18/04/2001 entre otras)”.
Por otro lado, en lo atinente a la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, dijo que la defensa “se limita a afirmar que no fueron tratados (…) determinados planteos formulados en el recurso originario, lo cual podría percibirse como suficiente si tal formulación tuviera su correlato en el fallo puesto en crisis, no obstante, se aprecia que los planteos defensistas fueron tratados expresamente en la sentencia de e[s]e órgano sólo que en diverso sentido al pretendido por la parte”.
Por último resolvió que de la simple lectura de la sentencia atacada se advierte que la misma se encuentra argumentada en derecho (fs. 6).
b. Más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en punto a la extensión del juicio de admisibilidad efectuado por el Tribunal intermedio, lo cierto es que este tramo de la queja no se autoabastece pues no se acompañaron las copias necesarias para su análisis.
Cabe recordar que el art. 486 bis del Código Procesal Penal, luego de la reforma de la ley 14.647 (B.O. 5/XII/2014), establece que el recurso de hecho debe presentarse con copia simple del recurso denegado, de la decisión que se pretende recurrir, de las respectivas notificaciones y de cualquier otra pieza que el peticionario considere útil para fundamentarlo.
En el caso, el recurrente omitió adjuntar copia del recurso de casación incoado contra la sentencia de la instancia a pesar de ser una pieza útil para fundar el recurso de hecho. En efecto, ésta resulta imprescindible para analizar si se ha omitido el tratamiento de cuestiones que fueran llevadas a conocimiento del Tribunal de Casación, y en su caso, en qué términos, extremos imposibles de constatar en la presentación directa efectuada ante esta Corte debido a dicha deficiencia técnica (cfe. doct. Ac. 106.979, resol. del 6/V/2009; C. 109.924, resol. del 4/VIII/2010; C. 113.114, resol. del 10/XI/2010; Q. 71.266, resol. del 18/IV/2011; Q. 72.316, resol. del 6/III/2013; Q. 72.972, resol. del 5/III/2013; Q. 72.441, resol. del 24/IV/2014; Q. 73.153, resol. del 2/VII/2014; P. 125.385, resol. del 15/IV/2015; P. 125.998, resol. del 13/VII/2016, entre otras).
5.a. Con relación a la restante vía deducida, el a quo luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, refirió que –en autos- la índole de los agravios trasunta un planteo que escapa a la previsiones de la citada norma. Puntualizó que “[a]ún cuando el recurrente denunció la naturaleza federal de sus agravios bajo la mención del ‘principio de inocencia’ y ‘acceso a la doble instancia’, lo cierto es que la suficiencia del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal sino que será menester su correcto planteamiento, pues solo así la Suprema Corte Provincial se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal de la causa según los precedentes (…) ‘Strada’, ‘Christou’ y ‘Di Mascio’ entre otros” (fs. 7).
En dicho marco, observó que el impugnante se desentendió del principal argumento brindado por ese Tribunal para desestimar la queja recursiva, por lo que no logró demostrar la existencia de una relación directa e inmediata entre las garantías federales invocadas y lo acontecido en el caso (fs. 8).
b. De lo reseñado, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
En definitiva, el quejoso no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario incoado, dejando incontrovertido su fundamento.
c. Por último, resulta pertinente recordar que este Tribunal tiene dicho que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13/V/2015; P. 125.523, resol. del 20/V/2015, P. 125.506, resol. del 3/VI/2015, P. 125.630, resol. del 17/VI/2015, P. 125.577, resol. del 17/VI/2015, P. 126.793, resol. del 15/VI/2016; P. 126.939, resol. del 28/IX/2016).
En efecto, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del reclamo sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Sebastián Cristian López (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Alejandro Daniel Díaz en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia