Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127030
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 486 bis , 494 y concs. del CPP).
2Hacer lugar a la vía extraordinaria intentada y remitir copia certificada de la presente a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal, a los fines indicados en el acápite VII (art. 31 bis , ley 5827).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"MOCCIA, ANDRÉS ESTEBAN S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 72.966 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 127.030-RQ, caratulada: "Moccia, Andrés Esteban s/ Recurso de queja, en causa n° 72.966 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Andrés Esteban Moccia, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón que -en cumplimiento de un reenvío dispuesto por esa Sala, como consecuencia de la revocación de la absolución dictada a favor del nombrado- lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y homicidio agravado por ser criminis causae , reiterado en dos oportunidades; todos en concurso real entre sí (v. fs. 6/12).
Para así decidir, sostuvo que "…la parte no especific[ó] su motivo de agravio, esto es, si pretende alegar un caso de errónea aplicación de la ley sustantiva (artículo 494 del rito), o una cuestión federal, derivada de la denuncia de arbitrariedad en la ponderación de los medios de prueba y la violación a las reglas del in dubio pro reo". Adunó que "pese a la extensión del líbelo, [el recurrente] no ha argumentado cuál de [los] razonamientos considera arbitrario, en qué consistiría dicha tacha, cuál habría sido la interpretación correcta, y [por qué], en todo caso, tal argumento resultaría contrario al principio beneficiante de la duda". Concluyó que lo señalado lleva a afirmar que el recurso "se desentiende de las constancias de autos, técnica insuficiente para considerar cumplida la exigencia de ‘específica fundamentación’ que trae el art. 484 del ritual, a los efectos de acreditar los vicios que pregona", y citó el precedente P. 118.961 de esta Corte (v. fs. 10/12).
II. Frente a ello, los señores Defensores Particulares -doctores Héctor Jorge Rodríguez y Alejandro Javier Blumenfeld- articularon recurso de queja (v. fs. 86/89).
Como punto central de agravio arguyeron exceso ritual manifiesto por parte del a quo , y la violación de la garantía del doble conforme.
Indicaron que del texto impugnativo se desprende con facilidad el planteo efectuado por esa defensa, vinculado a la revisión de los hechos materia de juzgamiento, en los términos de la doctrina sentada por la Corte federal in re "Casal".
En ese discurrir, refirieron a las "[setenta y nueve] causales de crítica concreta y razonada a la sentencia condenatoria" que esbozaron; entendieron que tal situación demuestra la existencia de duda razonable sobre la autoría de Moccia en los eventos endilgados, e insistieron en la vulneración del doble conforme como resultado del actuar ritualista del órgano revisor.
III. Liminarmente, corresponde efectuar un racconto del iter procesal de la presente causa.
a. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón, absolvió a Andrés Esteban Moccia de los delitos de homicidio simple y homicidio criminis causae reiterado en dos oportunidades -en concurso real- por los que fue acusado.
b. Impugnado dicho fallo por parte del señor Fiscal y el Particular Damnificado, la Sala III del Tribunal de Casación declaró procedentes los recursos. En consecuencia, tuvo por acreditada la intervención del encartado en los hechos, y devolvió las actuaciones a origen a los fines que se renovaran los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
c. Así, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón condenó a Moccia a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.
d. Ante ese escenario, la defensa particular dedujo recurso de casación y, en forma previa, requirió la recusación de los magistrados de la Sala.
e. La misma Sala III -luego que rechazó el planteo de recusación- hizo lo propio respecto del remedio casatorio articulado, por resolutorio del 24/II/2016.
f. Frente a ello, la asistencia técnica de encausado impetró recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual -conforme lo indicado en el considerando I° de la presente- fue desestimado por el órgano intermedio; situación que generó la deducción de la presentación directa en abordaje.
IV. Si bien al límite, le asiste razón al quejoso en cuanto sostiene que "se desestimó un recurso que permite garantizar a Moccia la única vía posible para tener un doble conforme en su condena, lo que hasta el momento no ha ocurrido" (fs. 87).
En tal sentido, conforme las particularísimas circunstancias del caso, el a quo al desestimar el escueto planteo de la defensa referido a la necesidad de aplicar a las presentes "el doble conforme" (v. fs. 57), incurrió en un déficit en el juicio de admisibilidad que debe ser aquí reparado.
V. En función de lo expuesto, corresponde declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y analizar, sin más, la procedencia del mismo en relación a ese planteo por haberse expedido este Tribunal en casos análogos al presente (art. 31 bis de la ley 5827).
VI. Tal como surge de los antecedentes, en el caso la sala revisora que previamente revocó el veredicto absolutorio y dispuso el reenvío al órgano de grado para la evaluación de la calificación legal y la imposición de la sanción correspondiente, luego abordó estos últimos extremos de la sentencia. Y ello no resulta eficaz a los fines de salvaguardar la tutela de la garantía aludida.
Así, conforme lo ha dispuesto este alto Tribunal en reiteradas oportunidades, resulta aplicable lo resuelto en la causa P. 108.199 (res. del 24/VI/2015) donde, a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", C. 382. XLIX (sent. de 27/XI/2014), se decidió que una nueva Sala del Tribunal intermedio será la que deba llevar a cabo la revisión integral de la primera sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Alzada.
En dicha ocasión, esta Corte consideró que a fin de garantizar con mayor plenitud el derecho al recurso emergente de los arts. 8.2.h, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ella no estaba en condiciones de cumplir ese cometido a cabalidad.
Ello en razón que los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el CPP), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena. En efecto, por un lado, se hallan regulados precisos carriles estructurados según los motivos de impugnación -de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal-; por otro, en cuanto a este último recurso, las normas que lo disciplinan consagran limitaciones en razón del monto de condena y de los motivos de agravios (sólo se revisa el alcance de la aplicación de ley sustantiva o la doctrina legal referida a ella, con exclusión -por regla- de las cuestiones fácticas y probatorias, salvo la pretoriana doctrina del absurdo o la arbitrariedad).
Por eso, no sólo en salvaguarda del alcance excepcional de su competencia constitucional, sino también en favor de dotar de la mayor amplitud a la garantía en juego consideró -siguiendo los lineamientos de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "D. 429.XLVIII. Duarte, Felicia s/recurso de casación", sent. de 5-VII-2014; y sus citas- que en tales casos, pese a ser ella el "tribunal superior" en la línea de impugnación, no estaba habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en "Casal" en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor, contando, por el contrario, el recurso de la especialidad, con mejores herramientas para la satisfacción de ese cometido (v. gr.: arts. 457, 458, CPP).
Concluyó entonces que como la garantía del derecho al recurso debe regir respecto de todo aquél que es condenado, aun cuando recién lo sea por primera vez por un tribunal superior al revocársele el originario veredicto absolutorio, correspondía devolver el expediente a la Cámara de la que provenía para que, por quien fuere pertinente, se designare una nueva sala a fin de revisar integralmente la sentencia condenatoria.
VII. En razón de lo expuesto, corresponde remitir copia certificada de la presente a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles que conformen la nueva sala revisora y, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, lleve a cabo a la brevedad el examen de la sentencia impugnada.
VIII. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 486 bis , 494 y concs. del CPP).
2. Hacer lugar a la vía extraordinaria intentada y remitir copia certificada de la presente a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal, a los fines indicados en el acápite VII (art. 31 bis , ley 5827).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2829
Fin de la sentencia