Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127981
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Alberto Palacio Godoy, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 127.981-RQ - “Palacio Godoy, Carlos Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 73.209 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.981-RQ, caratulada: “Palacio Godoy, Carlos Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 73.209 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2016 desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de casación incoado contra el fallo del Tribunal Criminal N° 4 de Mercedes que condenó a Carlos Alberto Palacio Godoy a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por la autoría responsable del delito de homicidio agravado por resultar criminis causae y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, y coautor del de robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda, todos en concurso real, imponiéndole en definitiva la pena única de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la mencionada, y de la de un año y dos meses de ejecución condicional (cuya condicionalidad se revocó) impuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Morón en causa Nro. 1693 (fs. 71/73 vta.).
2. Contra ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. texto según ley 14.647 -fs. 52/54 vta.-.
Transcribió parcelas del auto en crisis y sostuvo que la respuesta brindada por la Sala a fin de decretar la inadmisibilidad del remedio de ninguna manera satisface la garantía prevista en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. por cuanto -a contrario de lo decidido- el agravio constitucional por el cual se requería la tacha de arbitrariedad de la sentencia derivada de su revisión aparente, fue expuesto claramente al momento de interponer el recurso extraordinario (fs. 53 y vta.).
Con cita del precedente P. 85.977 de esta Corte, apuntó que existe un parámetro aplicable al caso concreto en el sentido de que no resulta adecuado que el tribunal que resuelve la sentencia en crisis sea quien analice si ha incurrido en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P., tarea que resulta reservada al tribunal superior (v. fs. cit./54).
Razonó que su asistido se vio privado de acceder a la jurisdicción en el marco de la ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-. y que por ello la sentencia no puede considerarse válida (fs. 54 vta.).
3. La queja no prospera, en virtud que el canal impugnativo escogido fue bien denegado por la sede casacional.
Así, luego de hallar cumplidos los recaudos de los arts. 482, 483 y 494 del C.P.P., la Sala entendió que no ocurría lo mismo “con la carga de motivación que imponen los artículos 484 y 495 del rito” (fs. 72).
En ese carril, señaló que la defensa “alude a una respuesta dogmática y aparente, pero sin abordar concretamente los argumentos dados en la sentencia que pretende impugnar, a efectos de criticarlos de modo razonado” de modo que “la queja se agota en la mera denuncia de arbitrariedad, pues el recurso no exhibe siquiera una línea que explique las razones por las que la decisión que se impugna resultaría meramente formal, inadecuada o superficial” (fs. cit. y vta.).
Afirmó que “no es posible obviar que la huera alusión a una 'respuesta insuficiente' no cumple con el requisito de los artículos 484 y 495 del ritual” pues el agravio se reduce a una mera discrepancia de opinión que “mal puede considerarse como motivación válida de la lesión constitucional que se denuncia” (fs. 72 vta.).
En definitiva, con citas de diversos precedentes de este alto Tribunal, concluyó que “la defensa no logr[ó] demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas, la alegada arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el caso” (fs. cit.).
4. De la reseña que antecede se desprende que, en rigor, el argumento basal por el cual el a quo -de modo acertado- desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la parte no desarrolló la pretensa cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesarias, pues omitió explicar las razones por las que -a su entender- la decisión que impugna resultaría meramente formal, limitándose a exponer un criterio divergente con la conclusión arribada en la instancia de revisión.
Cabe agregar -a mayor abundamiento- que la imprecisión en la doble cita del art. 495 del C.P.P. que efectuó la sede casacional para mencionar -por un lado- el cumplimiento de la técnica que exige la formalización de la impugnación, y -por el otro- vinculado a la “motivación válida de la lesión constitucional que se denuncia” -ver. fs. 72 y vta. respectivamente- si bien no resulta pertinente, no empece la solución expuesta.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Carlos Alberto Palacio Godoy, con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia