Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128365 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de S.L.L., con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.365-RQ - “Slamovits, Luis Leandro s/ Recurso de queja en causa N° 73.249 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.365-RQ, caratulada: “S.L.L. s/ Recurso de queja en causa N° 73.249 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, el Tribunal en lo Criminal Nº 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a S.L.L. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravada por acceso carnal (fs. 2/25 vta.).
A su turno, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 28 de junio de 2016, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de la especialidad incoado contra aquél fallo. En consecuencia, descartó del plano de mensura los supuestos daños psicológicos causados a la víctima y fijó la pena en seis años y once meses de prisión (fs. 42/56 vta.)
Contra ello, se dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 60/64), el que fue declarado inadmisible con fecha 27 de octubre de 2016 (fs. 65/66 vta.)
2. Frente a lo así decidido, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso de queja (fs. 71/75 vta.).
Detalló que el a quo determinó la inadmisibilidad del recurso en virtud de: a) la falta de enunciación adecuada del compromiso de las garantías constitucionales denunciadas; b) la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen; la no introducción en tiempo oportuno de pedido expreso de la audiencia prevista en el art. 41 del Código Penal; y d) la falta de expresión de motivos por los que la pena finalmente impuesta resulta inadecuada a los fines de la resocialización.
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de pena (arts. 18 y 75 C.N., 8.1. C.A.D.H.); b) impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el Estado Argentino (art. 5.6. C.A.D.H.); y c) dictó una pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 C.N.) -fs. 72 vta.-.
Sumó a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual.
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la Convención citada impone a los Estados parte de la Convención (fs. 73).
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu resulta una cuestión típicamente procesal; “omisión que en realidad en el recurso denegado no es otra cosa que el presupuesto fáctico de los planteos federales presentados”.
En dicho marco, el quejoso manifestó que “[c]on transcripción expresa de ‘Pin’ y su remisión a los considerandos 18 y 19 de ‘Maldonado’ (…) se demostró que el visu del imputado -antes de fijar pena- integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH”. Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (fs. 73 vta.).
Reiteró que existe un gravamen actual y que la fijación de dicha audiencia debió hacerse de oficio en tanto es una obligación del órgano jurisdiccional y de la defensa (fs. 74 y vta.).
Concluyó que los límites establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal deben ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (fs. 75).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis del C.P.P.).
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el artículo 494 citado, dijo que “[a]unque tales requisitos no se encuentran abastecidos, la vía elegida constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencia remedio federal (art. 14, Ley 48) conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘Strada’, ‘Di Mascio’ y ‘Christou’”.
En dicho escenario, sostuvo que los pretendidos planteos constitucionales “no son eficaces”.
Ello, en tanto, el supuesto déficit en el pronunciamiento anterior a la sentencia, que se vincula con cuestiones típicamente procesales, “no evidencia adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que trae a colación (‘Maldonado’ y ‘Pin’), a lo que se suma que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión, en tanto el recurrente no indica los perjuicios que conllevaría la omisión de haber convocado al procesado ante e[s]e órgano en los términos del art. 41 inciso segundo, última parte del Código Penal”.
Sumó a ello que tampoco se señala la incidencia que ese conocimiento de visu “pudo haber tenido respecto a la decisión”, cuando la parte “no introdujo en tiempo oportuno requerimiento alguno en relación al cumplimiento de lo que ahora dice omitido” (v. fs. 66 vta.).
Finalmente, observó que tampoco explicó el recurrente porqué la pena impuesta -abarcada por la escala penal cuya constitucionalidad no cuestiona- no resultaría adecuada a los fines de resocialización.
b. Tal cual surge de la reseña efectuada, el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que los pretendidos planteos constitucionales introducidos por el impugnante no resultaban eficaces para sortear la valla formal prevista por el artículo 494 del Código Procesal Penal de acuerdo con el criterio sentado por la Corte nacional en “Strada” y “Di Mascio” (violación de los arts. 18 de la C.N., 8.1. y 5.6. de la C.A.D.H.).
Frente a ello, la defensa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 60 vta./63 vta.).
Para más, cabe destacar que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación se condice con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (cfe. P. 110.459, resol. del 4/4/2012; P. 109.331, resol. del 9/12/2010, P. 109.001, resol. del 26/10/2010, P. 109.618, resol. del 2/7/2010; P. 112.060, resol. del 12/12/2012; P. 115.615, resol. del 3/7/2013; P. 122.167, resol. del 17/12/2014; P. 125.701, resol. del 15/7/2015; P. 126.061, resol. del 11/11/2015; P. 122.488, resol. del 6/6/2016; P. 122.255, resol. del 21/9/2016; P. 123.519, resol. del 5/10/2016; P. 122.853, resol. del 26/10/2016; P. 123.935, resol. del 30/11/2016; P. 124.797, resol. del 21/12/2016; P. 124.517, resol. del 29/3/2017; e.o.).
4. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de S.L.L., con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia