Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127535
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Luis Fernando Iribarren (arts. 486 bis -según ley 14.647-, 481, tercer párrafo y ccds. del C.P.P.).
P. 127.535-RQ - “Iribarren, Luis Fernando s/ Recurso de queja en causa N° 73.348 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.535 RQ, caratulada: “Iribarren, Luis Fernando s/ Recurso de queja en causa N° 73.348 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Luis Fernando Iribarren contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, desestimó el carril de la especialidad contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que confirmó la denegatoria del pedido de prescripción de la acción por plazo razonable (fs. 31/34 vta.).
Estimó que el auto en crisis no es definitivo (art. 482 del C.P.P.) ni equiparable a tal en tanto no pone fin al proceso ni ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (fs. 32).
Recordó que si bien cabría excepcionar dicho déficit ante un planteo serio de prolongación injustificada del proceso, tal situación no acontece en el caso. En su apoyo, citó precedentes de esta Corte (fs. 32/vta.).
Luego, explicó que las cuestiones federales tampoco suplen el incumplimiento del art. 482 cit. pues el abastecimiento de este extremo es anterior a la consideración de tales problemáticas. Sin perjuicio de ello, aclaró que los embates de pretenso cariz federal no cuentan con la suficiencia y carga técnica necesarias para aplicar la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (fs. 33/34 vta.).
Finalmente, descartó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 34 vta.).
2. El defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló queja (fs. 36/43 vta.).
Manifestó que la resolución impugnada debe equipararse a sentencia definitiva por encontrarse afectado el derecho a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable (fs. 40).
De seguido, cuestionó que frente a planteos federales desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (arbitrariedad por excesivo rigor formal, derecho a ser juzgado en plazo razonable, defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva), la Alzada incurrió en arbitrariedad y, en base a fórmulas genéricas y abstractas, los desestimó apartándose del criterio fijado en los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del Máximo Tribunal nacional (arts. 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y cc. de la C.N. -fs. 40/41 vta.-).
Agregó que el a quo excedió los límites del art. 486 del C.P.P. en tanto ingresó en el fondo del reclamo (fs. 42).
Puntualizó que en el carril extraordinario desestimado se demostró que el fallo casatorio incurrió en arbitrariedad al no tratar las denuncias vinculadas con la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable como consecuencia de un excesivo rigor formal en base al cual se extendió el valor formal de la cosa juzgada a límites irrazonables. Destacó que en el libelo desestimado también se denunció la afectación de la tutela judicial efectiva y la defensa en juicio (fs. 42 vta./43).
En función de todo lo expuesto, concluyó que se demostró la relación directa e inmediata entre los derechos federales invocados y los hechos por lo que peticionó que no se apliquen las limitaciones del art. 494 del C.P.P.. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad de dicha norma con sustento en la garantía de doble conforme (fs. 43/vta.).
3. El juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse aunque por razones distintas a las expuestas por el a quo.
En primer lugar, resulta pertinente aclarar que los motivos en base a los cuales la Alzada decretó la inadmisibilidad no resultan acertados. Cabe aclarar que si bien esta Corte tiene dicho que las impugnaciones contra denegatorias de prescripción de la acción, en principio, no cumplen con el recaudo del art. 482 pues no pone fin a la discusión sobre el punto (cfe. P. 119.603, res. del 5/XI/2014; P. 122.529, res. del 13/V/2015; P. 120.014, res. del 26/VIII/2015; P. 121.264, res. del 30/III/2016, e.o.), tal criterio no puede aplicarse a los supuestos en los que tales planteos se solicitan encontrándose vigente el trámite impugnativo contra el fallo de condena -tal como se originó el presente pedido de prescripción- ya que la cuestión debatida no podría ser objeto de un tratamiento posterior (cfe. P. 122.299, res. del 19/II/2015; P. 109.345, res. del 30/III/2010; P. 120.953, res. del 19/III/2014; P. 120.661, res. del 19/VIII/2015, mutatis mutandi; Fallos: 300:985; 303:740; 307:1688; 324:81, disidencias de los doctores Moliné O'Connor y López, Boggiano y Vázquez, en sus considerando 5°).
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta igualmente inadmisible. Conforme se advierte de las copias adjuntas al presente, el pedido de prescripción de la acción penal por plazo razonable se originó estando -para ese entonces- en trámite el recurso extraordinario federal contra la sentencia de condena (v. antecedentes reseñados en el fallo de Cámara que, por mayoría, con fecha 23/IV/2015, desestimó la petición de extinción de la acción penal a fs. 1/9 vta.). Sin embargo, para el momento en que el órgano casatorio abordó el carril de la especialidad articulado por la defensa contra la denegatoria del pedido de extinción de la acción penal, la condena había adquirido autoridad de cosa juzgada en tanto la Corte nacional, con fecha 18/XI/15, desestimó el recurso de hecho contra la denegatoria del remedio extraordinario federal, siendo éste precisamente el motivo por el cual el a quo rechazó la impugnación (v. pronunciamiento de casación a fs. 14/19 vta.).
Frente a este cuadro de situación, siendo que adquirió firmeza la sentencia de condena contra Iribarren, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la denegatoria del pedido de prescripción de la acción penal por plazo razonable es inadmisible ya que el abordaje de un planteo de esa naturaleza exige como presupuesto que el proceso esté pendiente (art. 481, tercer párrafo, del C.P.P.).
En efecto, esta Corte en numerosos pronunciamientos similares al presente, resolvió que firme la sentencia de condena, ningún tribunal cuenta con jurisdicción para declarar la prescripción de una acción penal ya fenecida (cfe. P. 120.535, res. del 17/XII/2014; P. 124.373, res. del 15/VII/2015; P. 125.947, res. del 11/XI/2015; P. 122.741, res. del 2/III/2016; P. 124.272, res. del 30/III/2016; P. 125.152, res. del 21/XII/2016; e.o.).
En definitiva, la prescripción resta al juicio penal la acción que lo pone en movimiento, lo que supone por definición la pendencia de un proceso, situación que obviamente no se presenta cuando -como acontece en el caso- ha mediado sentencia de condena firme (cfe. Fallos: 329:2005, in re S. 717.XXXVI- “Sanz, Tomás Miguel S/ calumnias”, sent. del 30/V/2006, cons. 8° del Máximo Tribunal nacional).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Luis Fernando Iribarren (arts. 486 bis -según ley 14.647-, 481, tercer párrafo y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia