Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127920 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular de Juan Silvestre Iñiguez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Juan Alberto Bottegal por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.920-RQ - “Iñiguez, Juan Silvestre s/ Recurso de queja en causa n° 73.605 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.920-RQ, caratulada: “Iñiguez, Juan Silvestre s/ Recurso de queja en causa n° 73.605 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala IV del Tribunal de Casación, el 7 de junio de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad deducidos por la defensa particular de Juan Silvestre Iñiguez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Morón que lo condenó a la pena de tres años de prisión, y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa (fs. 37/40 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no encontrándose abastecidos los recaudos formales del art. 494 del C.P.P., las críticas desarrolladas no habilitan vía alguna de excepción, púes sólo se vinculan a temáticas de neto corte procesal, como la valoración de la prueba, las que conforme su naturaleza resultan impropias para abrir la instancia extraordinaria (cfe. doct. “Di Mascio”). En ese discurrir ingresó al análisis de los reclamos y remarcó que el impugnante “bajo el ropaje de denunciar la violación a la garantía constitucional consagrada en los arts. 8.2. h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P., en función de lo normado por el art. 75 inc. 22 de la C.N., se limitó a esbozar un criterio divergente en cuanto a la revisión de la valoración probatoria” y afirmó que los agravios deducidos en el recurso de casación fueron abordados y desestimados, exponiéndose claramente las razones por las cuales se atribuyó la autoría penalmente responsable, examinando al efecto el plexo probatorio y explicando las razones que determinaron sopesar determinados elementos por sobre otros. Desechó la existencia de causa federal suficiente en tanto las críticas “consisten en una reedición de los planteos efectuados en el recurso originario, sin que el impugnante se haya dedicado a cuestionar los argumentos brindados en el pronunciamiento puesto en crisis”, y consideró que no hubo demostración de que exista una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto en el caso, no advirtiendo que el recurrente refute, en forma concreta y razonada, los fundamentos otorgados en el pronunciamiento impugnado a partir de los que instaura su reclamo. Concluyó que en función de lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida que lo decidido no se fundó de modo dirimente en las limitaciones allí establecidas sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los reclamos federales que permitirían excepcionarlas (fs. cit.).
2. Frente a lo decidido, el defensor particular, doctor Juan Alberto Bottegal, articuló queja (fs. 42/59).
De modo preliminar, realizó una extensa reseña de los antecedentes del caso (fs. 43/49 vta.), y se refirió a la intimación cursada por el a quo, en los términos de los arts. 97 y 98 del ritual (fs. 49 vta. /50 vta.).
a. En orden al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, alegó que se trataba por medio de esta vía incoada, lograr la declaración de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P.
Puntualizó que la petición de inconstitucionalidad de la norma no resulta abstracto, “pues parte del argumento para su rechazo es el aspecto formal que se entiende agraviante a la Constitución” (v. fs. 51).
Consideró que la limitación contenida en la norma en discusión, lesiona el principio de igualdad ante la ley, la defensa en juicio y el justo proceso, asegurados por el art. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial (fs. 51 vta. /52 y vta.).
Sostuvo que dicha limitación viola directamente lo normado en el art. 161 de la Constitución provincial, en tanto la reglamentación de un derecho no puede alterar su esencia, toda restricción a un derecho debe realizarse de manera razonable (fs. 53).
Argumentó en cuanto a la facultad jurisdiccional de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley; entendiendo que se encuentran dadas todas las posibilidades para que este Tribunal analice y decrete en su caso, la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P., e ingrese al tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley planteado (fs. 53 vta. /57 vta.).
b. En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley, sostuvo que aun cuando no estén satisfechos los requisitos formales, el recurso en trato constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales, a fin de poder permitirle al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (fs. 57 vta.).
Apuntó que la cuestión federal surge de los antecedentes colacionados oportunamente en la crítica a lo resuelto por el Tribunal de Casación; y que de la lectura de la resolución surge un análisis ligero por parte del Tribunal sin dar acabada respuesta a los planteos de la parte (fs. cit. /58).
Refirió que se señaló con meridiana claridad que la apreciación arbitraria de la prueba permite ingresar a la órbita de esta Corte por la vía correspondiente; y se remitió a jurisprudencia foránea, la que reprodujo (fs. cit.).
Alegó que la arbitrariedad o la ilogicidad en el análisis de la prueba, es que la fundamentación que se pretende dar a la resolución no constituye más que un subjetivo engaño, es decir un claro ejemplo de fundamentación aparente, donde justamente alegar elementos insuficientes o inexistentes nos llevan a aseverar que no se ha cumplido con el requisito previsto en el art. 106 del C.P.P. (fs. 58 vta.).
Entendió que corresponde el conocimiento de esta Corte de conformidad con los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, cuando lo discutido son cuestiones federales (fs. cit.).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Si bien el Tribunal intermedio efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -punto sobre el cual el quejoso nada dijo- el juicio negativo debe confirmarse.
En efecto, la improcedencia de la impugnación surge de sus propios términos, en tanto la defensa no controvirtió los fundamentos en base a los cuales el a quo resolvió desestimar los remedios extraordinarios interpuestos, tal cual surge de la reseña efectuada en el punto 1, del presente.
a. Así, el desarrollo argumental relativo a la denegatoria del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que porta la queja, no cuestionó los fundamentos sobre los que se basó la resolución denegatoria.
Como se advierte de los antecedentes del caso la Alzada desestimó el carril extraordinario de inconstitucionalidad con fundamento en que “…la petición de inconstitucionalidad del artículo 494 del C.P.P., carece de virtualidad en la medida en que lo [allí] decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizadas de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia Provincial …” (v. fs. 40 y vta.).
Frente a ello, el quejoso se desentiende de lo decidido, limitándose a exponer similares argumentos a los llevados en el recurso extraordinario, relativos al planteo de inconstitucionalidad del art. 494 del ritual, como medio apropiado para acceder al examen del remedio intentado, mecanismo inidóneo para enervar la denegatoria de concesión de la vía extraordinaria articulada por la parte.
b. En el tramo del recurso de hecho en el que se cuestiona la denegatoria de la vía de inaplicabilidad de ley, se advierte que la queja incurre en el mismo déficit, en tanto -sin hacerse cargo del reproche que se le formulara en el auto que impugna- se limita a insistir en las consideraciones que fueron llevadas en la postulación descartada (v. fs. 57 vta. /59, en relación a fs. 25 vta. /28).
En tal sentido, frente a las cuestiones federales planteadas, el a quo juzgó que bajo su amparo, lo que en definitiva se introdujo fue un tópico de naturaleza procesal -valoración probatoria-. Tal aserto era el que debía controvertirse para remover el óbice adjetivo y lograr poner en juego un agravio federal, susceptible de habilitar la instancia.
Finalmente, cabe recordar que la decisión denegatoria del a quo constituye el exclusivo objeto impugnable por medio de la presentación directa, la que no puede tener otro propósito que rebatir cada uno de los argumentos sobre los que se asentó el rechazo.
En definitiva, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa particular de Juan Silvestre Iñiguez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Juan Alberto Bottegal por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia