Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127572 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado y, en consecuencia, rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación; con costas (arts. 486, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 127.572-RQ - “Sosa, Raúl Alberto s/ Recurso de queja, en causa n° 73.896 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 16 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 127.572-RQ, caratulada: “Sosa, Raúl Alberto s/ Recurso de queja, en causa n° 73.896 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Raúl Alberto Sosa, contra la decisión de ese órgano que rechazó el recurso de la especialidad intentado frente al resolutorio de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, que hizo lo propio ante la apelación deducida contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal formulado a favor del encartado (fs. 38/43 vta.).
Para así decidir, luego que juzgó equiparable a definitiva la sentencia atacada, expuso que en autos no se halla abastecido el requisito vinculado al monto de la sanción que prevé el art. 494 del C.P.P.. De seguido, indicó que si bien tal valladar puede soslayarse ante la existencia de una cuestión de índole federal, las esbozadas por la parte no poseen la aptitud y carga técnica necesaria a tal fin, “siendo la presente impugnación solo una opinión discrepante con lo anhelado por la defensa en el recurso casatorio […] desoyendo los fundamentos brindados en aquel, reeditando nuevamente los agravios […] sin rebatir de forma concreta, clara y fundada los argumentos allí brindados por es[a] Sede” (fs. cit.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial ante la sede casatoria -doctor José María Hernández-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 47/54 vta.
En primer lugar, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación y a los antecedentes de la causa (fs. 47/50 vta.).
Ingresando en la fundabilidad, sostuvo que el canal extraordinario local fue erróneamente desestimado, en clara oposición a la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”; y tildó de arbitrario lo resuelto por el a quo en tanto, desde su óptica, la denegatoria se basó en afirmaciones genéricas y abstractas (fs. 51).
De seguido, adujo que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal, pues los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal. En ese discurrir, expresó que lo que se estaba debatiendo era la infracción al principio de legalidad mediante una interpretación analógica del art. 67 inciso “e” del fondal, toda vez que al otorgársele efecto interruptivo de la prescripción a decisiones que son fruto del ejercicio de los derechos de doble instancia y defensa, se atenta contra la revisión de la sentencia condenatoria. Asimismo, esbozó el quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley -art. 16 de la C.N-, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (fs. cit. vta.).
Luego, aseguró que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (fs. cit.).
Agregó que resulta aplicable la doctrina de los fallos citados porque “...se hall[a] en juego el principio de supremacía del bloque federal (...) en una causa que es de jurisdicción provincial [donde] es deber de los Superiores Tribunales de provincia conocer sobre tales puntos regidos por el bloque federal antes de que lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (fs. 52).
De este modo, indicó que las limitaciones a la recurribilidad objetiva del art. 494 del C.P.P. deben ser inaplicadas o declarada su inconstitucionalidad, a fin de tutelar el principio de legalidad e igualdad ante la ley y el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, a ser juzgado en un plazo razonable (fs. cit. vta.).
Señaló que el a quo no sólo aplicó dichas limitaciones de orden local, sino que luego, a fin de negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina “Di Mascio” para declararlos inaplicables, sostuvo la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso, mediante fórmulas genéricas y abstractas (fs. cit.).
Manifestó que el carril extraordinario intentado dedicó una crítica puntual a lo dispuesto en la sede casacional, y evidenció la incidencia directa que tales agravios federales tenían con la resolución del caso (fs. cit./53 vta.).
Finalmente, insistió en la arbitrariedad del auto denegatorio, que derivó en que ésta Suprema Corte “se encuentre cegada a tutelar la supremacía de la Constitución Nacional y los Tratados de rango constitucional en los que la impugnación se fundaba” (fs. cit./54).
III. Liminarmente, cabe señalar que ante esta Suprema Corte tramitaron actuaciones vinculadas a la sentencia condenatoria impuesta a Raúl Alberto Sosa, en virtud de lo cual corresponde efectuar el siguiente racconto:
a) El 10 de marzo de 2008, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata -en el marco de la causa n° 3238- condenó a Raúl Alberto Sosa a la pena única de tres años de prisión, con costas, por considerarlo autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma cuyo poder vulnerable no pudo tenerse por acreditado en grado de tentativa, comprensiva de la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso que le fuera impuesta en causa Nº 1883 por el mismo órgano jurisdiccional, cuya condicionalidad fue revocada.
b) Impugnado dicho fallo mediante el recurso de casación, la Sala Primera del Tribunal homónimo -el 13 de diciembre de 2011- lo rechazó.
c) Ante tal escenario, se impetró recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que se registró como P. 123.308-, luego denegado -por inadmisible- por esta Suprema Corte el 11 de marzo de 2015; decisión que fue notificada a las partes sin que se hubiere manifestado vocación recursiva alguna ante esta instancia.
IV. Ahora bien, del análisis que le compete a esta Corte como juez del recurso (cfe. art. 486 bis) surge que el juicio de admisibilidad negativo al que ha arribado el a quo debe mantenerse, aunque con diverso fundamento.
Acontece que, contra el decisorio dictado por esta Suprema Corte en la causa P. 123.308 que denegó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la parte no dedujo recurso federal -en los términos del art. 14 de la ley 48- a los efectos de continuar con su iter impugnativo (v. certificación obrante a fs. 58 y vta.).
En definitiva, el recurrente reclama la declaración de prescripción de la acción penal de un delito por el cual recayó una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada. Y cabe señalar que, firme la misma, ningún tribunal cuenta con jurisdicción para declarar la prescripción de una acción penal ya fenecida. En efecto, como sostuvo la Corte federal, siendo que la prescripción resta al juicio penal la acción que lo pone en movimiento, ello supone por definición la pendencia de un proceso, situación que obviamente no se presenta cuando -como acontece en el caso- ha mediado sentencia de condena firme (cfe. doctr. Fallos: 329:2005, in re S. 717.XXXVI.- “Sanz, Tomás Miguel s/ calumnias”, sent. del 30/V/2006, cons. 8°).
Por otra parte, más allá de la genérica mención expuesta a fs. 1 de esta causa -desprovista de documentación respiratoria alguna (conf. art. 486 bis del C.P.P.)-, no se ha denunciado la presencia de uno de los supuestos excepcionales en los que esta Corte ha admitido el recurso por hallarse el imputado en situación de indefensión, que se daría especialmente frente al desconocimiento de gestiones conducentes para el encauzamiento de la voluntad recursiva expresada in pauperis por el imputado privado de su libertad (conf. doct. P. 82.833, sent. del 7-11-2007; P. 88.887, sent. del 18-IV-2007; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado y, en consecuencia, rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación; con costas (arts. 486, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia