Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 128.443-RQ - “Maldonado, Daniel Omar s/ Recurso de queja en causa N° 73.530 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 5 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.443-RQ, caratulada: “Maldonado, Daniel Omar s/ Recurso de queja en causa N° 73.530 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante resolución del 10 de noviembre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Daniel Omar Maldonado contra la decisión de ese mismo órgano que, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón, absolvió al nombrado en orden al delito de encubrimiento y lo condenó, en definitiva, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas de primera instancia, como coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, y autor responsable de los delitos de homicidio agravado por la causa -dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa-y portación ilegal de arma de guerra, agravada por registrar el autor antecedentes por delitos dolosos, todos ellos en concurso real entre sí (fs. 61/64).
Afirmó que el reclamo resultaba tempestivo, interpuesto por la parte legitimada, dirigido a cuestionar una sentencia definitiva superior a los diez años de prisión y que la defensa ancló su agravio a la configuración de una cuestión federal, por lo que debía analizar la exigencia contenida en los arts. 484 y 495 del rito. En esa senda en primer término señaló que el recurso no logra patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que afirma conculcadas y lo resuelto en el caso.
Indicó que el remedio casatorio sólo postulaba un cambio de calificación y que al momento de tomar intervención el Defensor Adjunto mantuvo en todos sus términos ese recurso, pero sin introducir ninguna de las cuestiones federales que ahora plantea y que ya se encontraban vigentes en ese momento.
Expresó que es doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia que en casos como el presente, en los que se ha planteado una cuestión constitucional directa en los términos del art. 14 de la ley 48, rige el requisito de planteamiento oportuno de la cuestión federal.
Coligió, con cita de precedente de esta Corte, que el carril extraordinario es inadmisible por resultar extemporánea la cuestión constitucional planteada (fs.163/166).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo queja (fs. 67/73 vta.).
En primer lugar, destacó que se incurrió en arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas toda vez que el a quo no brinda explicación de porqué las cuestiones federales planteadas no demuestran la relación directa e inmediata con lo resuelto en el caso, considerando que implica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que excede el examen que habilita el primer juicio de admisibilidad formal (fs. 69 y vta.),
En orden al segundo motivo esgrimido por la Casación para desestimar el remedio indicó que “si bien es cierto que al momento de tomar intervención no fueron deducidas las cuestiones constitucionales que porta el recurso extraordinario” ello no es óbice para habilitar el conocimiento de la esta Corte respecto de los agravios referidos.
Afirmó que lo que la Corte federal ha requerido invariablemente es el tratamiento y fenecimiento de los planteos de índole federal en el orden local a partir de la decisión del superior tribunal de la causa, más no se ha expedido respecto de la necesidad de que las cuestiones federales transiten por todas y cada una de las instancias anteriores disponibles en las administraciones de justicia locales. (fs. 70 y vta.).
Finalmente denunció arbitrariedad de la resolución impugnada por apartamiento de las constancias de la causa, pues omitió tratar los argumentos expuestos sobre la oportunidad de los planteos referidos a la gravedad, entidad, actualidad, efectos perjudiciales de esperar hasta la oportunidad del art. 13 del C.P. para discutir la cuestión, la necesidad de prevenir esa situación, el derecho del imputado a conocer la duración de la pena con toda precisión numérica y el riesgo de que se considere a posteriori consentido el alcance de la pena perpetua (fs. 73).
Adunó que frente al embate vinculado con el excesivo monto de la pena, la Alzada dio una respuesta genérica por lo que “no puede desconocerse la claridad del agravio destinado a cuestionar la falta de revisión de la sanción” (fs. 77 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Cabe precisar preliminarmente que el juicio negativo de admisibilidad efectuado por el órgano intermedio se fundó en dos motivos independientes: a) en la falta de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que afirma conculcadas y lo resuelto en el caso y b) el planteo extemporáneo de las cuestiones constitucionales.
De las copias agregadas a la presente surge que en oportunidad de interponer el recurso de casación la defensa sólo denunció violación e inobservancia de los arts. 40, 41, 42, 80 inc. 7, 165, 166 inc. 1 y 2 párrafo segundo, todos del C.P. Solicitó un cambio de calificación legal y como consecuencia de ello la aplicación de una pena acorde que no se aleje del mínimo de la escala penal, a tenor de las pautas de mensuración prevista por los arts.40 y 41 del C.P. (fs. 33/36).
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se quejó de: la imposición de una pena fija en violación al principio de culpabilidad (art. 18 del C.P.) pese a la absolución dispuesta en orden al delito de encubrimiento, violación al derecho a la vida (art. 4.1n C.A.D.H.), al art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos pues la prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa y la declaración de reincidencia conlleva “al encierro de por vida de Maldonado”, violación al derecho a la vida en relación al fin de la pena por el art. 13 del C.P. (art. 4.1 y 5.6 C.A.D.H.) -fs. 48/60 vta.-.
4. El juicio negativo debe confirmarse pues, es motivo suficiente para ello, el argumento basal referido a la desestimación por extemporáneos de los planteos constitucionales, vinculados con críticas en torno a la pena de prisión perpetua impuesta en el caso concreto (v. fs. 165/166), que es coincidente con la doctrina de esta Corte sobre el punto (cfe. doct. P. 111.276, res. del 5/XII/2012; P. 111.276, res. del 5/XII/2012; P. 111.472, res. del 31/X/2012, P. 116.761, res. del 18/XII/2013; P. 120.349, res. del 23/IX/2015 e.o.).
Frente a ello, la defensa oficial no logró remover de manera eficaz dicho obstáculo formal, pues en la presentación directa ante esta Corte no evidenció que los mismos hayan sido postulados tempestivamente
Por otra parte, el pronunciamiento cuenta con fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad. Huelga destacar que el objeto de dicha doctrina “no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado” (C.S.J.N., Fallos: 310:234).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -
Hilda Kogan
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia