Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja intentada por el defensor particular interviniente, contra el auto denegatorio de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad, con costas (art. 486 bis, 489, 491, 494 y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Pablo Karklins por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).).
P. 128.009-RQ - “Torres, Pablo Rubén s/ Recurso de queja en causa Nº 73.745 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.009-RQ, caratulada: “Torres, Pablo Rubén s/ Recurso de queja en causa Nº 73.745 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 1 de septiembre de 2016, desestimó -por inadmisibles- los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad deducidos contra la resolución de dicho órgano que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial San Isidro que condenó a Pablo Rubén Torres a la pena de siete años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial por el término de cinco años, para el ejercicio de la profesión de kinesiólogo, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal (fs. 84/88 vta.).
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Pablo Karklins, articuló recurso de queja “en los términos del art. 486 bis del C.P.P.” (fs. 90/97).
Luego de transcribir fragmentos de la decisión recurrida, consideró que la misma denota una ausencia de motivación que la nulifica en los términos del art. 106 del C.P.P. (v. fs. 94 vta.).
Refirió, que de la simple lectura de la pieza rechazada, surgen refutados todos y cada uno de los fundamentos del fallo de la instancia, así como su relación con las cuestiones federales planteadas. Añadió que se halla demostrada la relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso, siendo la decisión impugnada contraria al derecho invocado por esa defensa (fs. 94 vta. /95).
En cuanto al recurso extraordinario de nulidad, sostuvo que el Tribunal intermedio lo denegó por medio de meras afirmaciones dogmáticas sin una mínima explicación de las razones por las que consideró incumplidos los recaudos exigidos, añadiendo que la admisibilidad se acotó a la letra del art. 491 del C.P.P., “cuando la doctrina y jurisprudencia consideran que dicho recurso permite a las partes controlar la legitimidad de las sentencias” (fs. 95).
Respecto al recurso contenido en el art. 494 del ritual, sostuvo que no siempre las cuestiones de hecho y prueba resultan ajenas a los recursos extraordinarios en cuestión, como resulta en el caso, habida cuenta que se cuestionó la arbitrariedad que lesiona gravemente el derecho de defensa y debido proceso que garantizan los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.
Especificó, que el a quo omitió toda valoración respecto a la grabación de la testimonial de la perito Lavolpe en el debate, incorporada por la instancia al agregarlo al legajo, incluso no consta que haya procedido a escuchar el audio. Explicó que con dicha pieza se acredita que los dichos dirimentes de la referida perito, benefician a su asistido, habiendo sido tergiversados en el acta de debate y en la sentencia condenatoria, en su perjuicio (fs. 95 vta. /96).
Consideró que en el recurso denegado efectuó un profundo análisis con completos fundamentos en relación con la prueba pericial médica, la que se apartó de los principios de la ciencia aplicables al caso en tratamiento (fs. 96). De igual manera, argumentó que se señalaron las contradicciones del fallo de juicio respecto de la valoración de los testigos y de otras pruebas. Todo lo cual ha sido coronado con su relación con las garantías constitucionales del Derecho de Defensa y Debido Proceso (fs. cit. /vta.).
Dijo que se omitió considerar extremos absolutamente probados que exculpan a su defendido, en tanto contradicen absolutamente las pruebas de cargo; y que violan la normativa constitucional, y los tratados con similar rango (art. 75 inc. 22 C.N.). -fs. 96 vta.-.
3. El recurso de queja no es de recibo en tanto las vías de agravio han sido correctamente desestimadas en la instancia anterior.
a. En efecto, las críticas vertidas con relación al rechazo del recurso extraordinario de nulidad, no hacen más que poner de manifiesto la sinrazón de la parte.
Es que, tal como advirtió la instancia anterior, la vía a la que alude el art. 491 del ceremonial sólo resulta admisible frente a la denuncia de omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, la falta de fundamentación legal, el incumplimiento de formalidad de acuerdo y voto individual de los jueces o la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia y 491 del C.P.P. y conf. SCBA P.113.495 res. del 7/3/2012; P.112.868 res. del 14/3/2012; P.113.243 res. del 10/7/2013; P.115.530 res. del 9/4/2014; P.117.747 res. del 7/5/2014; P. 127.802-RQ, res. del 15/XI/2016; P. 124.527, res. del 5/IV/2017, e.o.).
Ninguno de esos motivos de agravio ha sido denunciado en el recurso desestimado. Frente al estrecho marco del carril escogido, el quejoso se desentiende del taxativo elenco de causales que prevé el art. 491 del C.P.P. invocado.
b. En lo que hace a la vía de inaplicabilidad de ley, la quejosa no se ha ocupado de revertir la respuesta del órgano intermedio.
En tal sentido, de la lectura del resolutorio en crisis se advierte, por un lado, que el a quo luego de aludir a que el supuesto en examen no encuadraba en lo normado por el artículo 494 del Código Procesal Penal, consideró que las criticas desarrolladas tampoco habilitaban vía excepcional alguna, observando que aquellas “…sólo se vinculan a temáticas de neto corte procesal, tales como la valoración de la prueba en el marco de la participación penalmente responsable del encausado, las que conforme su naturaleza resultan impropias para abrir la instancia extraordinaria (conf. Fallo 311:2478 “Di Mascio”, consid. 15)” (v. fs. 86 vta.); añadiendo que el recurrente “se limita a esbozar un criterio divergente en cuanto a la revisión de la valoración probatoria efectuada por el órgano sentenciante, e intenta obtener una tercera revisión de los hechos y la prueba por vía oblicua, lo cual resulta materia ordinaria, y de ninguna manera se condice con la naturaleza jurídica del recurso en trato” (fs. 87).
Luego, desechó elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, reiterando que los cuestionamientos resultaron de índole probatoria, inatendibles por esa vía, y remarcando que tales extremos no se abastecen con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación pretende (fs. 87/vta.).
Descartó la existencia de un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edifica su queja, pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo; donde recordó que “…la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad…” con cita de precedentes de la Corte Federal (fs. 87 vta.).
Concluyó que el impugnante no logró patentizar la relación directa e inmediata entre el derecho transgredido -revisión integral del fallo- y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 88).
De lo expuesto, surge que la queja no logra remover los obstáculos sobre los cuales el tribunal revisor cimentó el juicio de admisibilidad negativo (cfe. art. 486 bis, C.P.P.).
Finalmente, cabe recordar que la decisión denegatoria del a quo constituye el exclusivo objeto impugnable por medio de la presentación directa, la que no puede tener otro propósito que rebatir cada uno de los argumentos sobre los que se asentó el rechazo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja intentada por el defensor particular interviniente, contra el auto denegatorio de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad, con costas (art. 486 bis, 489, 491, 494 y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Pablo Karklins por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia