Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128201
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Cristian Javier Escobar, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
P. 128.201-RQ - “Escobar, Cristian Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 73.461 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.201-RQ, caratulada: “Escobar, Cristian Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 73.461 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Cristian Javier Escobar, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Dolores que, en el marco de un proceso abreviado, lo había condenado a la pena de cuatro años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas -más declaración de reincidencia- por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (fs. 43/48).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- merced al recurso de queja que articuló a fs. 54/63 vta.
Arguyó que si bien en el presente no se encuentran abastecidos los requisitos de recurribilidad previstos en el art. 494 del C.P.P., resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa línea, afirmó que “...la decisión que origina esta queja importa una negación de [la competencia apelada], que priva a [esta] Suprema Corte del rol institucional básico (…) de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo”, en franca oposición de la doctrina aludida (fs. 60).
Explicó que los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal, aun cuando ellos atañen a temáticas de hecho y derecho procesal. Así, alegó que sus esbozos “son determinantes” de la solución del caso, en virtud del “alcance de la regla de exclusión de la prueba obtenida ilegalmente y del debido proceso”, en alusión a la legalidad de las detenciones policiales y requisas por fuera de los estándares de ley. Luego, aseguró que la cuestión había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con lo resuelto, y que el gravamen era actual (fs. cit./61).
Recordó la necesidad de someter sus reclamos a conocimiento de esta Corte, como tránsito previo necesario a los fines de abordar al Máximo Tribunal de la Nación, conforme la doctrina que indicó precedentemente. A tal fin, esgrimió que los límites a la recurribilidad plasmados en el artículo 494 del digesto adjetivo “debían ser inaplicados o declarados inconstitucionales” frente a las normas federales que citó (fs. 61 y vta.).
Señaló que el a quo no sólo aplicó dichas limitaciones de orden local, sino que luego, a fin de negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina “Di Mascio”, formuló “una serie de consideraciones dogmáticas (…) inaplicables a las constancias de la causa”. En ese derrotero, expresó que la sede casacional ingresó impropiamente en aspectos que exceden el examen de admisibilidad que el art. 486 del C.P.P. le confiere, y trajo a colación lo resuelto en P. 85.977 (fs. cit./62 vta.).
Frente a ello, adujo que en el carril extraordinario local “se denunció la afectación de los derechos a la libertad e intimidad constitucionalmente amparados y al debido proceso legal, se dijo que la mera invocación de argumentos dogmáticos para justificar la presencia de los estándares legales durante el procedimiento policial de requisa y detención no satisface el control de legalidad que le fue demandado en tutela de esos derechos fundamentales, se invocaron los pronunciamientos de la Corte Federal (…) [y] finalmente se demostró que la Casación se limitó a legitimar el actuar policial con repetición de los argumentos de la sentencia condenatoria que debía revisar…” (fs. 62 vta.).
Como colofón, insistió en que el resolutorio dictado por el Tribunal de Casación negó arbitrariamente la concurrencia de los requisitos que determinan la inaplicación de los límites que impone el art. 494 del cuerpo de forma al recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 63).
III. La queja no prospera, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal.
Así, de la compulsa del auto denegatorio surge que el órgano intermedio, luego de sostener que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos exigidos por el art. 494 del C.P.P. -en tanto Escobar fue condenado a una pena inferior a diez años- argumentó que el recurso adolecía de concreta y debida fundamentación, en tanto no se advierte que se encuentren involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por esta Corte (fs. 44 y vta.).
Adunó que bajo el ropaje de la arbitrariedad relacionada a la denuncia de “fundamentación aparente”, la parte pretendía introducir cuestiones relativas al derecho común, lo que tornaba inadmisible la vía interpuesta al no encontrarse involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal. En esa senda, citó diversos precedentes de esta Corte (fs. cit./46).
Asimismo, expresó que “el reclamo del recurrente se desentiende de lo efectivamente decidido, lo que según doctrina de la S.C.B.A. impide sobrepasar el tamiz de admisibilidad”, afirmación que también sustentó con la transcripción de jurisprudencia de este Tribunal (fs. 46 y vta.).
Por último, remarcó que el carril intentado es una vía excepcional, y no una opción ordinaria para reeditar los planteos formulados y abordados oportunamente (fs. 47).
IV. Como se aprecia, la sede casacional fundó la declaración de inadmisibilidad de la vía intentada en que la parte, bajo la denuncia de arbitrariedad, en rigor pretendía introducir cuestiones relativas a derecho común También se desentendía de lo debatido y resuelto en el caso.
El quejoso -si bien afirma el carácter federal de las críticas esgrimidas, así como su oportuno planteamiento y su relación con la solución del caso e insiste en la inaplicación de los límites objetivos locales- ha dejado incontrovertidos los fundamentos expuestos por el a quo que impidieron el éxito de los reclamos allí vertidos.
Por lo demás, la resolución en crisis cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad. Tampoco se observa una extensión en el juicio desplegado por el Tribunal intermedio que trascienda lo normado por el art. 486 del C.P.P., toda vez que, lejos de expedirse sobre el acierto o desacierto del intento revisor, simplemente compulsó la existencia de un motivo casatorio que habilitara su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Cristian Javier Escobar, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia