Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis y ccds., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.831-RQ, caratulada: “Fernández Larrandaburu, Martín Aníbal s/ Recurso de queja en causa N° 73.082 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 23 de marzo de 2017, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Martín Aníbal Fernández Larrandaburu contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Martín que lo condenó a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma impropia, hurto simple y robo simple, dictando pena única de seis años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la presente y del remanente de pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en causa n° 2.600 (fs. 44/47).
Para arribar a tal decisión, afirmó que las cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para sortear las limitaciones del artículo 494 del Código Procesal Penal (fs. 44 vta./45).
Puntualizó que los cuestionamientos referidos a la supuesta violación del derecho al recurso y utilidad de la defensa pública (arts. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDC y P), por no haberse abordado los agravios llevado en la memoria, en rigor, consiste en una temática de neto corte procesal vinculada con la interpretación de los artículos 451 y 458 del ritual y, como tal, impropia para excepcionar los recaudos del mentado artículo 494 (fs. 45/46 vta.).
Por todo lo expuesto, juzgó que no se demostró la relación directa e inmediata entre las pretensas cuestiones federales y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 46 vta.).
II. La Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, Doctora Ana Julia Biasotti, dedujo queja (50/57).
Alegó que contrariamente a lo afirmado por el a quo se demostró la existencia de una cuestión federal en tanto se denunció la afectación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso y revisión integral del fallo de condena (arts. 18, CN; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDC y P) y se probó la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto. Trajo a colación los fallo “Casal” de la Corte nacional (fs. 53/54).
Luego, sostuvo que resulta arbitrario no abordar los agravios formulados por la defensa en la etapa recursiva ya que deja obsoleta su actuación (fs. 54/vta.).
Manifestó que el Tribunal de Casación, al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encubrió su propia omisión. Resaltó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 54 vta./55).
Concluyó que resulta aplicable la doctrina emergente de los fallos Strada y Di Mascio de la Corte nacional en virtud de que los embates son de naturaleza federal (fs. 56 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente en tanto la recurrente no removió con eficacia el déficit formal vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de la pretensa cuestión federal y se limitó a efectuar afirmaciones genéricas sobre el punto (art. 486 bis, CPP).
En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el artículo 451 del ritual y el ejercicio del derecho de defensa en el contexto de la revisión amplia del fallo condenatorio (conf. P. 78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P.81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis y ccds., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia