Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.860-RQ, caratulada: “Gutiérrez Cabral, Lucas Ezequiel s/ recurso de queja en causa N° 73.814 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 2 de febrero de 2017, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Lucas Ezequiel Gutiérrez Cabral contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 10 de Lomas de Zamora; en consecuencia, descartó dos de las agravantes oportunamente valoradas y readecuó el monto de la pena en veintitrés años y ocho meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por la causa en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada por registrar el autor delito anterior doloso con el uso de arma, robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y abuso de arma en concurso real (fs. 82/85).
Para arribar a tal decisión, afirmó que la defensa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre los agravios de pretensa índole federal (revisión aparente del monto de la pena) y lo debatido y resuelto en el caso (arts. 494, CPP y 14 de la ley 48 -fs. 83 vta./84-).
Explicó que la Sala realizó un análisis exhaustivo de las pautas valoradas en la mensura de la pena, excluyó dos agravantes y disminuyó el monto de la sanción. Frente a ello, la defensa oficial se limitó a expresar su disconformidad sin controvertir los argumentos que dieron sustento al decisorio en crisis (fs. 84).
Concluyó que la defectuosa formulación de los planteos de índole federal no logró superar las limitaciones formales del artículo 494 del ritual (conf. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional -fs. 84 vta.-).
II. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso queja (fs. 90/93).
Alegó que se acreditó la relación directa e inmediata entre la tacha de arbitrariedad en la determinación judicial de la pena y la denuncia de errónea revisión del monto de la condena (art. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDC y P) con lo debatido y resuelto en el caso (fs. 91 vta./93 vta.).
Puntualizó que por razones de prelación lógica, previo a determinar el nuevo monto punitivo, la Alzada debió analizar el agravio referido a la falta de fundamentación de la pena establecida por el Tribunal de grado (fs. 93 vta.).
En función de lo expuesto, señaló que la inadmisibilidad vulneró el acceso a la jurisdicción en el marco de la revisión amplia del fallo de condena (arts. 8.2.h. y 14.5. cit. -fs. cit.-).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1. se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del artículo 486 del Código Procesal Penal y se inmiscuyó en la fundabilidad del libelo impugnativo, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional).
Frente a ello, la defensa oficial no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues no evidenció de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas (violación del derecho a la revisión de la condena y arbitrariedad en la individualización de la pena -v. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 72/81-) se vincularían con lo debatido y resuelto en caso (v. sentencia de casación a fs.59/68, en especial, fs. 63/65; conf. P. 118.465, res. del 25/VI/2014; P. 118.095, res. del 24/IX/2014; P. 118.848, res. del 22/X/2014; P. 118.257, res. del 8/VII/2014).
Finalmente, en lo que hace a la supuesta afectación del acceso a la jurisdicción y derecho a la revisión de la de condena (v. fs. 94), lo cierto es que tampoco se demostró de qué manera, a pesar de que el Tribunal de Casación Penal revisó la sentencia de primera instancia, descartó dos agravantes y, en consecuencia, redujo el monto de la pena oportunamente impuesta, dicha garantía se vería afectada ante la denegatoria de un recurso extraordinario que no abastece los recaudos formales de admisibilidad.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia