Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mario Víctor Mendoza, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 1 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.428-RQ, caratulada: "Mendoza, Mario Víctor s/ Recurso de queja en causa N° 73.131 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 7 de julio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó la vía homónima y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial Quilmes en cuanto condenó a Mario Víctor Mendoza a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, más declaración de reincidente, por la autoría penalmente responsable de los delitos de homicidio en concurso real entre sí (v. fs. 58/60 vta.).
II. Contra ello, el defensor oficial Adjunto, -doctor Nicolás Agustín Blanco-, presentó queja por recurso extraordinario denegado -art. 486 bis del CPP- (v. fs. 64/70 vta.).
En primer lugar efectuó una pormenorizada reseña de los antecedentes del caso (v. fs. 64 vta./67).
A continuación, afirmó que el carril fue erróneamente denegado, y postuló que los agravios versan sobre la interpretación y aplicación de reglas de rango supremo, lo que impone la apertura de la competencia apelada de esta Corte -conf. lo fallado por la CSJN en "Strada", "Christou" y "Di Mascio"- (v. fs. 67).
Consideró que la resolución que motiva la queja en trato importa privación del rol institucional básico que le asiste a este Tribunal, ello es, velar por la administración de justicia -arts. 5 y 31 de la C.N.-. Tachó de arbitrario lo decidido, y denunció que se funda "de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. cit. y vta.).
Manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad revisten naturaleza federal -arbitrariedad en la valoración de circunstancias atenuantes y agravantes, y falta de fundamentación del monto de pena; así como la vulneración al derecho a la revisión de la sentencia de condena-; que la cuestión aludida se vincula de manera directa con la solución del caso; que fue oportunamente planteada y que el gravamen originado -en consecuencia- es actual (v. fs. 67 vta./68 vta.). Adunó que esta Suprema Corte está obligada a tratar la cuestión federal -art. 5 de la C.N.-, y -a todo evento- dejó planteada la inconstitucionalidad de las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal a fin de tutelar derechos de rango supremo -a la no arbitrariedad, defensa en juicio y debido proceso, y doble instancia- (v. fs. 68 vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, además de señalar dicha limitación de fuente local, no halló asidero en las denuncias constitucionales esbozadas al amparo de los precedentes de la Corte federal aludidos, mediante la formulación de "consideraciones dogmáticas e inaplicables a las constancias de la causa", atribuyéndole al remedio denegado el desentendimiento de lo resuelto (v. fs. cit. in fine ).
En dicho razonar, afirmó que el decisor, defendiendo su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresó en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal; lo que -destacó- desnaturaliza la función asignada por el art. 486 del CPP. Citó lo resuelto en causa P. 85.977 (v. fs. 69).
Objetó la falta de fundamentación autónoma que le endilgó el auto, pues -señaló- que no aprecia qué otra fundamentación podría portar el recurso interpuesto. Sobre el punto, advirtió que se tachó de arbitrario el fallo casacional en la fijación del monto de pena, se invocó el derecho a la revisión, y se adjetivó las afirmaciones efectuadas por el revisor como generales y dogmáticas (v. fs. 69 vta. in fine ).
Concluyó que el recurso portaba la fundamentación mínima requerida y mostraba directamente su procedencia (v. fs. 70).
Por último, indicó que la decisión de la casación interpretó de manera arbitraria la concurrencia en el caso de los límites de admisibilidad del art. 494 del Código Procesal Penal, los cuáles han de ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. cit.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
1. Para arribar al decisorio adverso, en primer lugar, el a quo halló abastecida la exigencia respecto al quantum punitivo. A continuación, luego de señalar la aptitud de la vía para la incoación de eventuales embates de naturaleza federal -art. 14, ley 48-, señaló que a los fines de la admisibilidad del reclamo resulta menester su correcto planteamiento -conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la CSJN- (v. fs. 59 y vta.). No obstante, razonó que dicha situación no se configura en la especie en tanto el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto por el tribunal de recurso "sin evidenciar arbitrariedad y falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado" (fs. 59 vta.). Ancló la falencia de la parte en no conseguir demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que alude vulneradas. Expuso que la cuestión recibió tratamiento, otorgándose los fundamentos de su rechazo (v. fs. cit.).
Finalmente, con cita de lo fallado por esta Corte en P.118.283, agregó que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, vinculada con la falta de fundamentación del monto de pena impuesto (v. fs. 59 vta./60). En dicho marco, trajo a colación lo resuelto en P.109.476, y precisó que la parte se desentiende de los argumentos brindados por el órgano para fundar el proceso de determinación de la pena, expresando su opinión contraria a lo decidido, sin hacerse cargo de lo fallado. Concluyó, en que no logra evidenciar que lo acordado sea fruto de un capricho del juzgador e inconciliable con la lógica y la experiencia (v. fs. 60 y vta.).
2. Ahora bien, de lo reseñado en el acápite II surge que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, sin tener en consideración la doctrina citada por el resolutorio en crisis.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio basó su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del CPP -v. fs. 69-, tampoco es de recibo. Pues, tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-; P. 125.506, res. del 3-VI-2015; P. 126.907, resol. de 19-X-2016; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.). En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Mario Víctor Mendoza, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia