Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128146
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Armando Amado Ali Albornoz o Armando Amado Ali, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
P. 128.146-RQ - “Ali Albornoz, Armando Amado o Amado Ali, Armando s/ Recurso de queja, en causa n° 73.067 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.146-RQ, caratulada: “Ali Albornoz, Armando Amado o Amado Ali, Armando s/ Recurso de queja, en causa n° 73.067 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de junio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Armando Amado Ali Albornoz o Armando Amado Ali, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra; con más declaración de reincidencia (fs. 65/68).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- merced al recurso de queja que articuló a fs. 72/75 vta.
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales y a los antecedentes de la impugnación (fs. 72/73).
Con respecto a la fundabilidad, recordó que en el carril extraordinario local se denunció la arbitrariedad del fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la C.S.J.N., en franca afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y del debido proceso (fs. 73 vta.).
En ese discurrir, entendió que el Tribunal revisor “no realizó una revisión amplia e integral de la sentencia de condena”. Se remitió a lo esgrimido en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, y concluyó en la presencia de una cuestión federal que amerita su tratamiento por parte de ésta Corte, a tenor de lo resuelto por la Corte federal in re “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. cit./74).
Sostuvo que al desplegar el juicio de admisibilidad conferido por el art. 486 del digesto adjetivo, el a quo “no [hizo] más que encubrir su propia omisión”. En abono, trajo a colación lo resuelto en P. 85.977 y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la decisión en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del C.P.P., pues esa labor debe realizarla un superior (fs. 74 vta.).
Argumentó que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H., con cita de diversos precedentes de la C.I.D.H. (fs. cit./75).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional, en desnaturalización del instituto (fs. 75 y vta.).
III. La queja no prospera, en tanto el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por la instancia intermedia (art. 486 del C.P.P.).
En efecto, de la lectura del decisorio en crisis se advierte que si bien la Alzada halló abastecido el recaudo del monto de pena, indicó que no resulta suficiente la mera invocación de la cuestión federal. En dicho marco, señaló los supuestos en los que procede la denuncia de arbitrariedad y estimó que no se había configurado ninguno de ellos (fs. 66 vta./67).
Así, juzgó que -en rigor- las críticas defensistas se vinculan con una temática de neto corte procesal y probatorio, y que no son más que una opinión discrepante con lo decidido (fs. 67).
En función de ello, resolvió que el líbelo impugnativo no presenta la aptitud y carga técnica necesaria para demostrar que en el caso se encuentren involucradas, de manera directa e inmediata, cuestiones federales que deban ser atendidas por el Superior Tribunal de la causa. Al efecto, citó los arts. 494 del C.P.P.; 14 y 15 de la ley 48; y 75 inc. 22 de la C.N. (fs. cit. vta.).
IV. Tal como lo afirmó el Tribunal de Casación, la defensa oficial no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria y no demostró la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso. Ello en tanto, lejos de controvertir de modo eficaz los fundamentos de la resolución atacada, el recurrente limitó sus esfuerzos a reeditar los planteos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desestimado, técnica inidónea para revertir el juicio negativo de admisibilidad (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
En función de lo señalado, la denuncia de arbitrariedad no logra prosperar ya que el juicio desplegado por la instancia intermedia cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de dicho déficit.
Por otra parte, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la C.A.D.H.) tampoco es de recibo, en tanto las argumentaciones esbozadas sobre el tópico resultan genéricas y no se vinculan con la decisión en crisis.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Armando Amado Ali Albornoz o Armando Amado Ali, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia