Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de L.J.R., con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Registrado bajo el N° 2589
“L.J.R. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.652 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II”
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.019-RQ, caratulada: “L.J.R. s/ Recurso de queja en causa n° 73.652 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 27 de abril de 2017, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de L.J.R. contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 6 de San Martín que condenó al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, y por mayoría, lo declaró reincidente, por ser autor penalmente responsable de los delitos de corrupción en concurso ideal con abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización (en al menos dos oportunidades), en concurso real entre sí, en los términos de los arts. 5, 55, 119 primer, segundo y cuarto párrafo con la aplicación de la agravante contenida en el apartado “f” y 125, último párrafo del Código Penal (v. fs. 64/67 y vta. en función de fs. 37/53).
Para arribar a tal conclusión y en lo que aquí interesa, entendió que la crítica dirigida contra la decisión de no abordar los planteos novedosos expuestos por la defensa en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal, resultaba inadmisible por no encontrar acogida en el art. 494 del mismo ordenamiento (v. fs. 66).
Agregó que la recurrente había pretendido desarrollar una cuestión federal que, en esencia, no era tal en razón de remitir a la interpretación de normas de carácter local, materia ajena a la instancia federal (v. fs. cit. vta.).
II. Frente a ello, la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 70/75).
Allí sostuvo que en el recurso extraordinario local explicitó la cuestión federal que estimó comprometida, la que surgió a partir del dictado de la sentencia del a quo que rechazó por extemporáneo el planteo que la defensa realizó ante esa instancia (v. fs. 72).
Consideró que ello implicó la afectación del debido proceso y de la defensa en juicio de su asistido al verse imposibilitado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena. También entendió que ello atentó contra la utilidad de la defensa pública (v. fs. cit.).
Esgrimió que el órgano revisor encubrió su propia omisión. Trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias denunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior.
Sostuvo que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 74).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 74 vta.).
III. La vía directa deducida es improcedente.
Ello por cuanto la parte insiste con el planteamiento de una cuestión federal, haciendo caso omiso a los argumentos expuestos por el a quo que derivaron en la inadmisibilidad de tal extremo de la impugnación (v. reseña del acápite I de la presente).
En definitiva, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, res. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
De otro lado, las alegaciones en torno a la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH) y a la utilidad de la defensa pública no merecen mayor análisis, pues los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En consecuencia, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de L.J.R., con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia