Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129685
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Emanuel Fernando Ruiz Díaz, con costas (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
"RUIZ DÍAZ, EMANUEL FERNANDO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.961 Y ACUM. 73.000 Y 73.108 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II"
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.685-RQ, caratulada: "Ruiz Díaz, Emanuel Fernando s/ Recurso de queja en causa N° 73.961 y acum. 73.000 y 73.108 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 29 de agosto de 2017, y en lo que aquí interesa, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de Emanuel Fernando Ruiz Díaz contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora que condenó al nombrado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por la condición de la víctima al tratarse de un miembro de la policía, en grado de tentativa (hecho I) -v. fs. 146/151 en función de fs. 116/138-.
Para arribar a tal conclusión y en lo pertinente, entendió que la crítica dirigida contra la decisión de no abordar los planteos novedosos contenidos en el memorial, refería a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria -arts. 451 y 458, CPP- y que constituían una temática de naturaleza procesal, ajena a la competencia de este Tribunal.
Agregó que pese a que la defensa había intentado asignarles una naturaleza excepcional con fundamento en las previsiones del párrafo 4° del art. 451 del ritual, y sin que resultase atinente a esa evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección de esa exégesis legal, cabía indicar que sus apreciaciones no iban más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento habría provocado (v. fs. 148 vta.).
II. Frente a ello, la Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 154/159 y vta.).
Allí sostuvo que en el recurso extraordinario local explicitó la cuestión federal que estimó comprometida, la que surgió a partir del dictado de la sentencia del a quo que rechazó por extemporáneo el planteo que la defensa realizó ante esa instancia (v. fs. 156).
Consideró que ello implicó la afectación del debido proceso y de la defensa en juicio de su asistido al verse imposibilitado del acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena. También entendió que ello atentó contra la utilidad de la defensa pública (v. fs. cit.).
Esgrimió que el órgano revisor encubrió su propia omisión. Trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias denunciadas en el art. 494, Código Procesal Penal pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. cit./157 y vta.).
Finalmente adujo que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 158 vta.).
III. La vía directa deducida es improcedente.
Ello por cuanto la parte insiste con el planteamiento de una cuestión federal, haciendo caso omiso a los argumentos expuestos por el a quo que derivaron en la inadmisibilidad de la impugnación (v. reseña del acápite I de la presente).
En definitiva, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de la garantía prevista en los arts. 8 inc. 2 "h", Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, resol. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
De otro lado, las alegaciones en torno a la afectación de la utilidad de la defensa pública y del acceso a la jurisdicción no merecen mayor análisis, pues los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15, ley 48).
En consecuencia, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Emanuel Fernando Ruiz Díaz, con costas (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia