Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de C.D.M., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.737-RQ, caratulada: "C.D.M. s/ Recurso de queja en causa N° 73.845 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de ese órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Trenque Lauquen que condenó a C.D.M. a la pena de quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delito de abuso sexual simple agravado reiterado en concurso real con abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores agravada (v. fs. 55/58).
II. Ante lo así resuelto, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 60/65.
En primer lugar, alegó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria no resulta oponible en el caso, toda vez que se puso de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (v. fs. 61 vta.).
Esgrimió que en el recurso extraordinario se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia que rechazó por extemporáneo el planteo defensista realizado ante la instancia casatoria y que, en virtud de ello, se afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8 inc. 2 apdo. "h", CADH y 14 inc. 5, PIDCP) -fs. 61 vta./62-.
Destacó que lo fallado atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente "Casal" de la CSJN (v. fs. 62 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 63).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y adujo que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 65 vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. cit.).
En consecuencia, argumentó que la decisión de la sede intermedia, al declarar inadmisible el recurso que denunció la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, "con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias [...] para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada..." (fs. 64 y vta.).
Como colofón, arguyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano "omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de esta parte resultó defectuoso" (fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
1. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación destacó que los reclamos dirigidos contra la porción del fallo que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial, estaban referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (art. 451 y 458, CPP), constituyendo una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la CSJN, resultaba ajena a la instancia federal pretendida (v. fs. 57).
Observó que, sin perjuicio de los intentos de la defensa de asignar a sus planteos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y "...sin que resulte atinente a esta evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal...", sus apreciaciones "no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en el aludido memorial" (fs. 57).
Así entonces concluyó que la presentación bajo estudio además de no sortear los recaudos objetivos de la impugnación, tampoco fue articulada con la suficiencia y carga técnicas necesarias a los fines de posibilitar la competencia de esta Corte (v. fs. 50 vta.).
2. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado en dicho segmento del resolutorio por parte del Tribunal revisor.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite .
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8 inc. 1, CADH- no prospera, en razón que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de C.D.M., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia