Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127614
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.614, "Suárez, Cristian Sebastián s/ Recurso de queja en causa 73.114 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de abril de 2016, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial del señor Cristian Sebastián Suárez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón que lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada por registrar antecedentes de delitos dolosos y abuso de armas criminis causae , todo en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 55, 104 en función del 105, 166 inc. 2 y 189 bis párr. tercero y octavo, Cód. Penal; v. fs. 113/120, con relación a fs. 55/76).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/141), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 143/147), motivó la deducción de recurso de queja (v. fs. 251/259). Mediante resolución de fs. 266/269 esta Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 274/276 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 277 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento del que se diera cuenta en los antecedentes se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, quien dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que planteó agravios vinculados con las pautas de mensura de la pena y el quantum punitivo aplicado.
I.1. Alegó inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y violación del art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 132).
Afirmó que el sentenciante de origen rechazó la petición de ponderar, como pautas atenuantes de la pena, al buen concepto vecinal y al ambiente de violencia y marginalidad en el que vivió en prisión desde temprana edad su asistido, y ante análogo reclamo llevado al tribunal intermedio, éste se limitó a confirmarlo "...sin brindar fundamentos", determinando el dictado de un pronunciamiento arbitrario y vulneratorio de la doble instancia (v. fs. 132 y 133).
También tachó de arbitrario el fallo por haber descartado ambas circunstancias bajo el argumento de que "...denotan cierto apego a concepciones ligadas con un derecho penal de autor, ajeno a nuestro derecho penal de culpabilidad" (fs. 133).
Invocó el apartamiento de la doctrina legal de este Tribunal (conf. causas P. 76.528, sent. de 19-VII-2018 y P. 66.304, sent. de 14-IV-2004) y del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit.).
Concluyó en que la violación de la citada normativa sustantiva implicó la lesión del derecho a la revisión formal de la sentencia por omitir tratar debidamente los agravios llevados por esa defensa (v. fs. 134).
I.2. Por otro lado, alegó la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de la pena impuesta (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 134).
Precisó que en su escrito ante el Tribunal de Casación Penal se agravió de la mensuración de la sanción aplicada por resultar infundada y excesiva. Luego de transcribir lo expuesto por el a quo al contestar el planteo, criticó los argumentos utilizados desde dos puntos de vista diferentes: el "proceso lógico de construcción de la pena" y la "fundamentación" (fs. 135 vta.).
Con relación al primero afirmó que "...no se advierte cuál ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso en concreto, de manera que [esa] falta de conocimiento acerca de esta construcción impide [...] controlar si [...] resulta razonable y ajustada a derecho" (fs. cit.).
Luego de algunas consideraciones sobre el tema, indicó que "...extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes", y que "Ese punto fijo del cual partir ha sido llamado punto de ingreso, y tanto la doctrina, como la jurisprudencia indican que es el mínimo legal", para luego evaluar "...la existencia de agravantes y atenuantes en el caso concreto y al individuo a quien se va a dirigir la pena" (fs. 136 y vta.). Agregó que enumeradas cada agravante y atenuante "...corresponde se les asigne a cada una un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 137).
Sobre el segundo, señaló que el Tribunal de Casación Penal "...no elaboró ningún tipo de análisis ni sobre la escala penal en sí, ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas", es decir "...efectuó un examen parcial y arbitrario al estimar adecuada la sanción impuesta, a la vez que no dio respuesta aceptable a los agravios de la defensa" (fs. cit.).
Consideró que el modo de resolver del a quo al "...confirmar la labor efectuada por el tribunal de la anterior instancia" afecta el derecho a una revisión amplia y vulnera el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 137 vta. y 138).
Finalmente, en sustento de su postura citó el precedente "Ruiz", causa P. 83.260 de este Tribunal y los Fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 139 vta./140 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia conforme a derecho y se evalúen las circunstancias atenuantes que se peticionaron (v. fs. 140 vta.).
II. Tal como propicia el dictamen del señor Procurador General, los reclamos no pueden prosperar.
El Tribunal intermedio ha brindado respuesta a los agravios llevados en el recurso de casación (errónea valoración de las circunstancias mensurativas de la pena; excesivo monto de la sanción aplicada -conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal-; crítica a las agravantes nocturnidad y pluralidad de víctimas y el no haberse ponderado pautas atenuantes -v. fs. 86/90-), acomodando su tarea revisora a los parámetros establecidos por la doctrina de la revisión amplia y con sustento en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que aduce el recurrente como vulnerados, en tanto ingresó al estudio de aquellos planteos y los descartó.
III.1. En ese sentido, el Tribunal de Casación Penal señaló que el reclamo dirigido a criticar el monto de pena impuesto no tendría favorable acogida, pues la parte no había demostrado el agravio concreto que ella le habría generado, dado que la petición había sido realizada de un modo genérico y sin referencias puntuales a la situación personal de Suárez (v. fs. 114 vta.). Agregó "...los Jueces impusieron una pena que resultó acorde a las particularidades del caso, teniendo en cuenta las pautas agravantes invocadas por el Ministerio Público Fiscal (nocturnidad y pluralidad de víctimas)", y en relación a las atenuantes solicitadas por la defensa (buen concepto vecinal y el ambiente de marginalidad y violencia vivido intramuros), resaltó que habían sido descartadas por el juzgador de origen "...fundadamente [...], sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias" (fs. cit.).
Seguidamente se ocupó de fundamentar por qué debía confirmarse la ponderación de las pautas agravantes. Respecto a la nocturnidad dijo que la misma no sólo había quedado debidamente acreditada durante el transcurso de la audiencia de juicio, sino que además fue correctamente valorada pues existió un "...aprovechamiento por parte del incuso, que se tradujo en una mayor posibilidad de no ser aprehendido y de obtener un favorecimiento en la consumación de su quehacer delictivo", ello debido a que "...la perpetración del robo y su posterior huida se verían turbadas con la existencia de luz solar y la presencia de gran cantidad de personas en las inmediaciones", citando en sustento doctrina de esta Suprema Corte (conf. causa P. 68.427; v. fs. 114 vta. y 115).
En cuanto a la pluralidad de víctimas indicó que "...conlleva necesariamente un mayor contenido de injusto, toda vez que se tuvo por acreditado el estado de gravidez en el que se encontraba Verónica Silva, situación de la cual el acusado resultó advertido, mientras llevaba a cabo el atraco, el que lejos de desistir en su obrar, puso en peligro la vida de las víctimas de autos, al utilizar un arma de fuego" (fs. cit.).
Agregó que las pautas seleccionadas podían ser meritadas por los jueces al momento de determinar la pena, toda vez que ellas constituyen la naturaleza misma de la acción y de los medios empleados para ejecutarla que prevé el Código Penal, y esas consecuencias son las que asume el autor al momento de realizar la acción disvaliosa (v. fs. 115 vta.).
Concluyó que "...los magistrados votantes al momento de valorar los agravantes cuestionados han formulado una acabada fundamentación de cómo incidieron [...] en el hecho investigado, y de cómo esos datos hicieron que la conducta de Suárez tuviera una mayor intensidad [...] merecedora de un mayor reproche que necesariamente se reflejó en la pena a imponer" (fs. 116).
A continuación, se refirió a los restantes motivos de agravios llevados y descartó, en lo resuelto por la instancia de origen, un supuesto de "...decisión arbitraria" en tanto que los magistrados "...explicaron sobradamente los motivos por los cuales escogieron y desecharon las pautas atenuantes y agravantes que rodearon al injusto..." (fs. 116).
En relación con la fijación de la pena consideró que "...la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible [...] estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas", por tanto "...para establecer el 'quantum' de pena a imponerse no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social" (fs. 116 vta.).
Con respecto al punto de ingreso a la escala penal señaló que "...no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomadas como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión", permitiendo al juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que "...cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados" (fs. 116 vta. y 117).
Citó doctrina de esta Corte según la cual se encuentra descartada expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, como también que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 56.481, sent. de 27-II-1996 y P. 38.661, sent. de 6-II-1990), como, asimismo, que no existe punto de ingreso a la escala penal (conf. causa P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; v. fs. 117 vta.).
Concluyó que, resultando ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional, luego de haber analizado y valorado el sentenciante las pautas mensurativas que concurren en el caso aquí analizado, correspondía rechazar el agravio invocado (v. fs. cit.).
III.2. Como adelanté, de la reseña efectuada se desprende que el tribunal intermedio dio cumplimiento a los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian en el escrito en estudio, al abordar y expedirse sin cortapisas formales de ningún tipo sobre los motivos de agravios llevados a su conocimiento.
En relación con el primer planteo traído del que se diera cuenta en el acápite I.1 de la presente, al contrario de lo afirmado, la casación brindó argumentos del por qué debía confirmarse la decisión de la instancia anterior en punto a la no ponderación de ciertas pautas atenuantes.
A ese fin consideró que el "buen concepto vecinal" y el "ambiente de marginalidad y violencia vivido intramuros", habían sido descartadas fundadamente por su antecesor y no advertía en su decisión atisbos de absurdo o arbitrariedad.
Cabe traer aquí a colación para un mejor entendimiento que en la tercera cuestión del veredicto, el tribunal del juicio ya las había desechado expresamente pues entendía que "...[esas] pretensiones en la medida que denotan cierto apego a concepciones ligadas con un derecho penal de autor, ajeno a nuestro derecho penal de culpabilidad, no puede ser tenido en cuenta y valorarlo se conecta con la formación de opinión respecto de la personalidad del acusado" (fs. 64, sent. de condena).
En particular, acerca de la pretendida atenuante de buen concepto, debe señalarse además que en el recurso de casación la defensa no insistió con el reclamo de que fuera computada (v. fs. 86 y sigs.) y, en lo que concierne a la restante pauta que solicita -y sin perjuicio de cualquier otra consideración-, la parte no explica cómo podrían compatibilizarse el menor ámbito de autodeterminación derivado del encierro carcelario que alega con la calidad de reincidente que, en virtud de ese mismo encierro, tiene el acusado (art. 495, CPP).
En lo que respecta a la denuncia de errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de la pena (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP, v. apdo. I.2 de la presente), tampoco tendrá favorable acogida pues, según lo reseñado, se aprecia que el a quo efectuó una revisión acorde a dichos parámetros, quien luego de analizar las pautas de mensura tomadas en cuenta por el juzgador de mérito, consideró que la sanción resultó ecuánime con relación a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional.
Bajo aquellas premisas, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta por los agravios llevados- su capacidad revisora, encontrándose ajustado a las pautas establecidas por la Corte federal y las normas supranacionales en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados por el a quo expresando -en consecuencia- su opinión personal contraria a lo resuelto, sin adunarle desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie la violación a las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP).
Tampoco resulta eficaz la exposición a referencias de normativa y precedentes en los que se estableció el imperativo constitucional de la revisión integral, pues no logró demostrar que ese deber haya sido violado en el caso; ni, por ende, que se halle comprometida la garantía de defensa en juicio del acusado en desmedro del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional como cita (v. fs. 138 vta.).
Por otra parte, es infructuosa la denuncia de que el Tribunal de Casación se habría apartado de los precedentes que la defensa invocó a fs. 133 -en relación con el primer agravio- y 139 -respecto del segundo planteo-, pues debió hacerse cargo de sus diferencias con las concretas circunstancias del presente expediente de modo tal de explicitar por qué la solución debía ser la misma. En lo que concierne -por ejemplo- a la denuncia de violación de la doctrina legal establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz", la parte no se ha encargado de demostrar que la ratio decidendi de ese caso resulte trasladable al presente. El quejoso se ha limitado a traer a colación fragmentos de algunos pronunciamientos sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en este expediente, en un escenario en el que tampoco surge mínimamente demostrado que la revisión de la sentencia condenatoria en lo referido a las pautas de mensura y el monto de pena estuviera sometida a algún tipo de cortapisa frustratoria dirimente.
En el citado precedente "Maldonado" (v. fs. 133 vta.), se tuvo en cuenta la especial situación de un menor de edad condenado a una pena de prisión perpetua en el marco del procedimiento previsto por la ley 22.278 y la incidencia que la Convención de los Derechos del Niño tenía a su respecto; además de que la sentencia recurrida fuese dictada a partir de un recurso fiscal contra un pronunciamiento de la instancia anterior que había impuesto al joven la pena de catorce años de prisión.
De igual modo no pueden prosperar los planteos desde la perspectiva de la arbitrariedad de la sentencia.
Viene al caso reiterar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "... no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Así, los embates quedan huérfanos de todo sustento en torno a la demostración de arbitrariedad por restricción indebida de los alcances del derecho a la revisión.
En rigor, alegando falta de fundamentación, la parte no hace otra cosa que poner en evidencia su criterio divergente con la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas o no por el Tribunal tuvieron sobre el quantum de la pena, lo cual no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 77.983, sent. de 11-VI-2003).
Por lo demás, debe recordarse que los arts. 40 y 41 del Código Penal no contienen un régimen matemático sino de valoraciones jurídicas (conf. causa P. 68.751, sent. de 17-X-2001).
En definitiva, el recurrente no evidencia que la casación haya incurrido en omisiones sustanciales, dictado una sentencia carente de fundamentación basada en la opinión subjetiva de los jueces o haya incurrido en otro desvío que encapsule en la pretoriana doctrina de la arbitrariedad (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor
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