Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Adrián Leonel Gauna y Fabián Alberto Gauna, con costas (arts. 486 y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 128.520-RQ, caratulada: "Gauna, Adrián Leonel y Gauna, Fabián Alberto s/ recurso de queja en causa N° 73.275 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental que -mediante un acuerdo abreviado- condenó a Adrián Leonel Gauna a la pena de cinco años y ocho meses de prisión, con costas, por la autoría penalmente responsable de los delitos de robo simple, tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública, portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (de guerra) , tentativa de. robo, y por la coautoría del delito de robo agravado por efracción con arma de fuego sin aptitud para el disparo, hechos que concurren entre si materialmente; y a Fabián Alberto Gauna a la sanción de cinco años y dos meses de prisión, con costas, por la coautoría penalmente responsable de los delitos de robo doblemente agravado por efracción, poblado y banda, robo agravado por efracción con arma de fuego sin aptitud para el disparo, y en grado de autoría en el ilícito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud de disparo no ha podido ser
acreditada, hechos que -asimismo- concurren de modo real (v. fs. 27/31 vta.).
Para así fallar, sindicó que si bien el decisorio impugnado revestía finalidad, no se reunía la exigencia del quantum punitivo -art.494, CPP-. Razonó que el carril resultaba inadmisible, si –además- se discutía una cuestión de derecho común; con cita de lo resuelto en P. 109.806 por este Tribunal (v. fs. 28). A continuación, analizó la presencia de algún embate federal que resulte excepcionante del valladar fijado y necesite tutela judicial inmediata por parte del superior tribunal de la causa (v. fs. cit. in fine). En ese marco, razonó que el agravio por el cual la parte sindica vulnerada la garantía de la doble instancia -por vedarse a sus asistidos el derecho a la revisión de la individualización de la pena- mereció tratamiento, "en contra de los intereses de la parte"(v.fs.28 vta.). En virtud de ello, adunó que no logró poner de relieve el compromiso directo de garantías constitucionales que -a su criterio- habilitarla el abordaje en el marco de la doctrina del Máximo tribunal nacional, sin demostrar -además- de qué modo resultaría aplicable al caso (v. fs. cit.).
Concluyó en que el carril carecía de la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el presente caso, estén involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que exijan su atención. Ello, pues -explicó- hizo caso omiso a lo resuelto, esgrimiendo una opinión personal discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio (v. fs. 29), y descartó la arbitrariedad por falta de fundamentación con cita de lo resuelto en P.118.283 (v. fs. cit.).
Selló la inadmisibilidad del carril, y sindicó que nada cabía señalar respecto a la validez constitucional del art. 494 del Código de rito, pues la insuficiencia federal preindicada fue lo que cercenó el avance del remedio (v. fs. 29 vta.). Finalmente, indicó que la impugnación extraordinaria reviste excepcionalidad, no pudiendo constituir "un remedio ordinario donde se busca -como en el presente- una tercera instancia para reeditar y renovar los planteos ya formulados" (v. fs. 30),
II. En razón de ello, el defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- presentó queja (v. fs. 36/45).
De modo preliminar realizó un pormenorizado detalle de los antecedentes de la causa (v. fs. 36 vta./41).
A continuación, denunció que el carril fue erróneamente denegado (v. fs. 41). Señaló que resulta aplicable al caso la doctrina de la Corte federal sentada
Sostuvo que sus agravios revisten la naturaleza aludida -derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, conforme los parámetros de la Corte federal y el Tribunal del sistema interamericano-(v. fs. cit./42). Agregó, que la cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso, en tanto -explicó- procedería la anulación y el reenvió para el tratamiento de la cuestión omitida, planteada y acordada en el juicio abreviado. Aunó que, además, reviste oportunidad su planteo, pues surge con el primigenio fallo del Tribunal de Casación. Finalmente, aseveró que el gravamen guarda actualidad (v. fs., 42). Coligió en que se encuentran dadas las condiciones para que el conocimiento del Máximo Tribunal, por lo que instó a la aplicación de la doctrina mencionada ut supra a los fines del tránsito necesario ante esta Corte (v. fs. cit. y vta.).
En virtud de lo expuesto, señaló que las limitaciones que el art. 494 del código ritual establece en razón de la materia deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales, a fin de tutelar el derecho al doble conforme (v. fs. 43).
Entendió que el auto denegatorio le negó que hubiese demostrado con la suficiencia y carga técnica exigida la concurrencia de una cuestión federal en relación directa con la solución del caso, sin embargo -contrapuso- efectuó una reducción "a su más mínima expresión" del agravio llevado a su conocimiento. Transcribió la parcela atingente del auto adverso y afirmó que su planteo fue "ignorado de manera supina". Concluyó que el resto de las argumentaciones, del resolutorio podrían aplicarse a cualquier otro caso, en virtud del carácter genérico y abstracto que las caracteriza (v. fs. cit.).
Contrapuso su visión sobre el modo de efectuar el análisis de admisibilidad, e insistió en el carácter federal de la denuncia de infracción a la doble instancia "por vía de una revisión inexistente" (v. fs. 43 vta.). Detalló que el carril portó la adversidad del primer fallo casatorio, la mención expresa de la normativa quebrantada -arts. 18 y 75 Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- , y la cita de precedentes de esta Corte, en particular "Spíndola" por su vinculación patente al caso (v. fs. cit./44).
III, La queja deducida es improcedente (art. 486 bis, CPP).
El motivo basal del rechazo del recurso extraordinario de Inaplicabilidad radicó en la insuficiencia del planteo federal. Frente a ello, la parte insiste en la aptitud del agravio a los fines del tratamiento ante esta Corte, cuestión que -como es sabido- configura una técnica inidónea que no logra rebatir los argumentos dados por el a quo, entre los que cabe destacar el no evidenciar el compromiso directo de las garantías constitucionales qué dice conculcadas.
En función de lo expuesto, cabe concluir que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art.494 del Código Procesal Penal no puede prosperar, en tanto -conforme lo especificó el auto adverso- dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Adrián Leonel Gauna y Fabián Alberto Gauna, con costas (arts. 486 y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia