Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127859
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari , Soria , Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.859, "Ramírez, Gabriel Alejandro. Recurso de queja en causa n° 73.851 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires mediante el pronunciamiento del 17 de mayo de 2016, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Gabriel Alejandro Ramírez contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, al hallarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos, en concurso real (arts. 55 y 119 tercer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 186/200).
La señora defensora particular, doctora Erica Brenda Mantzuranis, articuló recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 207/216 vta.), los que fueron declarados inadmisibles por el órgano intermedio (v. fs. 251/259).
Frente a esa decisión, la misma defensora de confianza del imputado articuló recurso de queja ante esta Corte (v. fs. 383/393 vta.), la que resolvió admitirla mediante el dictado de la resolución de 13 de septiembre de 2017 -registrada bajo el número 1.858-, y declarar mal denegados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad interpuestos y, en consecuencia, concederlos (v. fs. 397/399 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 411/415), dictada la providencia de autos (v. fs. 416) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La defensora de confianza denuncia la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial, por considerar que el a quo "...ha omitido claramente el tratamiento de una cuestión sumamente esencial que le fuera sometida" (v. fs. 214 vta.).
Señala que en oportunidad de la interposición del recurso casatorio, había planteado la violación del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), ya que, "...en varias oportunidades y en tiempo y forma", había solicitado al órgano de juicio el audio de debate completo (art. 370, CPP) a los fines de confeccionar el recurso de casación, de lo que acompañó la prueba respectiva, fundando -a su juicio- "...acabadamente el derecho vulnerado" por los magistrados del Tribunal al negarle "...medios de prueba arbitrariamente y sin sustento alguno" (fs. 215).
Explica que el audio era "...sumamente necesario, toda vez que del mismo surgía también las constancias dejadas durante la audiencia de debate, resultando esenciales al momento de interponer el recurso elevado a Casación" (fs. cit. vta.), y que los jueces de Casación omitieron su tratamiento.
Por otra parte, alega que tampoco se expidieron respecto de la denuncia realizada por la defensa en contra de E. P. por el delito de falsa denuncia, de O. P. por el delito de estafa procesal, y de Laura Paiva y Anahí Deriu por el de mal desempeño de funcionario público por haber intervenido en el acto de declaración del testigo Alejandro Machuca (v. fs. cit. vta.).
Señala que el sentenciante cometió "...la omisión de tratar y expedirse respecto de una cuestión esencial que fue planteada, argumentada y de gran importancia [...], siendo que las juezas del debate se habían expedido al respecto..." (ídem).
II. Coincido en parte con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 411/415), pues el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que la defensa -en lo que aquí es de interés y entre otros planteos- había denunciado que "...arbitrariamente y sin sustento alguno" (fs. 215) le fue negada -en violación del art. 370 del Código Procesal Penal- la grabación de la audiencia de debate, con lo que se le coartó una herramienta de defensa por las contradicciones que habría entre lo asentado en el acta respectiva y lo sucedido en la audiencia (v. fs. 164 y vta.).
Más allá de no recibir tratamiento por parte del Tribunal casatorio, lo cierto es que la recurrente no demuestra el carácter esencial ni la incidencia que la cuestión que se dice omitida tendría en el resultado del presente proceso.
Es doctrina de este Tribunal que la esencialidad que se atribuye a una cuestión omitida debe ser cabalmente demostrada por el recurso de nulidad, como así también que esa omisión tenga directa incidencia en el resultado del proceso, aspectoséstos que, como se adelantó, no han sido expuestos en la impugnación en trato (doctr. causas P. 41.162, sent. de 16-IV-1991 y P. 76.228, sent. de 4-VI-2008).
De tal manera, si bien es cierto que la parte alegó la violación al derecho de defensa sobre la base de la falta de entrega de la grabación respectiva, más allá de no explicar el impacto concreto -alude a supuestas contradicciones en general- que tal faltante hubiera tenido para la confección del recurso casatorio, en su reclamo parte de una premisa falsa cual es la de afirmar que dicho material le fue negado "...arbitrariamente y sin sustento" (v. fs. 215). Repárese que de la compulsa de los autos principales surge que frente a los pedidos efectuados en tal sentido por la defensa (v. fs. 575 y 578, causa n° 2.225/2.370, que corre agregada por cuerda floja) el tribunal de juicio denegó los mismos con sustento en que el material en cuestión no había sido solicitado en forma previa al debate, de conformidad con lo previsto por el art. 370 del código de rito (v. fs. 576 y 579 de la principal).
En suma, en el presente agravio no se demostró la transgresión constitucional denunciada.
III.2. En cuanto a la restante cuestión, coincido con la solución propuesta por el señor Procurador General.
En efecto, si bien la parte había articulado un planteo referido a las denuncias realizadas por la defensa en contra de la víctima de autos E. P. por el delito de falsa denuncia, de O. P. por el delito de estafa procesal y de Laura Paiva y Anahí Deriou por el de mal desempeño de funcionario público, y ello no fue abordado en forma expresa por la Casación, del modo en que fuera introducida la cuestión, dependía del éxito del agravio vinculado con la absurda valoración de los elementos probatorios, el que al ser rechazado (v. punto IV, voto del doctor Carral, fs. 191 vta. y 197), desplazó su tratamiento, con lo cual no se advierte que el sentenciante haya incurrido en la omisión alegada por la defensa ni en violación del art. 168 de la Constitución provincial en ese sentido (v. fs. 414 vta., dictamen del Procurador General).
Tiene dicho esta Suprema Corte en reiteradas oportunidades que no se configura la omisión a la que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial cuando la materia se encuentra desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (causas P. 127.083, sent. de 29-VIII-2017; P. 121.642, sent. de 26-X-2016; e.o.).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri.
En lo que respecta al primero de los agravios de la parte, cabe inferir que, en rigor, ni siquiera la propia recurrente reputó decisivo contar con la grabación de la audiencia para motivar su recurso de casación pues, para poner en "...discusión lo establecido en el acta de debate o por la sentencia" como pretendía, contaba con la facultad de ofrecer la prueba pertinente (art. 457, CPP), de la cual no hizo ejercicio. En efecto, la petición de que se agregara la grabación al recurso de casación fue formulada con cita del art. 456 del Código Procesal Penal (v. fs. 623 vta.) y no mediante la articulación del trámite previsto en los arts. 457 y 458 del mismo para la producción de prueba.
Por lo tanto, y como lo indica mi colega, no se demuestra que el asunto fuera una cuestión esencial a abordar por el Tribunal intermedio bajo sanción de nulidad (art. 168, Const. prov).
Por añadidura, el a quo dejó constancia de que había escuchado el registro de la audiencia (v. fs. 674 vta. y 677) de modo que, además quedó implícitamente descartado que de ese material surgieran los déficits del acta de debate y de la sentencia que la defensa les achacó.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, la defensa señala que la sentencia "...luce defectos de fundamentación y motivación que la descalifican como acto jurisdiccional válido" al constituir un "...típico caso de la doctrina de la sentencia arbitraria" (v. fs. 211 vta.).
Afirma que ello es consecuencia de "...la incorrecta, contradictoria, caprichosa y arbitraria aplicación e inobservancia de los preceptos de fondo y forma denunciados", con cita de los arts. 201, 106 del código de rito y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 212).
Agrega que se rechazó el recurso "...en forma dogmática", confirmando una "...sentencia que presenta vicios y fisuras de toda naturaleza" (v. fs. cit.).
Alega que "...se ha incurrido en absurdo valorativo de los elementos probatorios incorporados, en vicios lógicos evidentes, que se reflejan en argumentos y conclusiones contradictorias, arbitrarias, irrazonadas e ilógicas" (v. fs. cit.).
En particular, se refiere a la respuesta brindada por la casación al planteo vinculado con el "...excesivo uso y abuso" de la facultad conferida por el art. 364 del ordenamiento ritual, "...al haberse interrogado de oficio a todos aquellos que comparecieron a declarar en juicio, excediendo el rol de tercero imparcial" lo que invalida el proceso al suplir la deficiencia probatoria de la fiscalía (v. fs. cit. vta.).
Sostiene que lo afirmado por el tribunal revisor al respecto "...no tiene sustento fáctico ni jurídico, toda vez que se desprende de los argumentos vertidos luego en el fallo que DICHOS INTERROGATORIOS FUERON PARTE DE LAS PRUEBAS LUEGO SOSTENIDAS EN LA SENTENCIA" (fs. 213; el destacado figura en el original).
Añade que los jueces de casación "...no explican" en dónde se encuentra exceso en los interrogatorios, ni por qué motivo "...dicho exceso no afectó los pilares del sistema acusatorio", señalando contradicciones en torno a ello (v. fs. cit.).
Por otra parte, transcribe la respuesta brindada por la casación en punto a las objeciones de la defensa en torno a la admisión como prueba de una nueva declaración de la víctima y a la ausencia de interrogatorio por parte de la fiscal de circunstancias vinculadas con eventos que no conformaron la plataforma fáctica imputada (v. fs. cit.), y critica la misma señalando contradicciones con las declaraciones de otros testigos (v. fs. cit. vta.).
Afirma que no se aplicó correctamente el art. 18 de la Constitución nacional en cuanto garantiza el debido proceso y la defensa en juicio y la doctrina legal que versa sobre los principios de no contradicción y congruencia, al afirmar sin sustento alguno que "...la denunciante ya había sido interrogada en forma amplia y exhaustiva y que las inquietudes de la defensa se debían canalizar en el alegato" (fs. cit. vta.).
Finalmente denuncia la inobservancia y errónea aplicación del art. 119 del Código Penal y de varias normas del ordenamiento procesal; violación del art. 18 de la Constitución nacional, entre otras disposiciones constitucionales y convencionales, "...desde el momento en que en el punto IV, al resolver la arbitrariedad planteada por la defensa en la valoración del plexo de cargo probatorio [...] ubican la pericia de la licenciada Ortiz (psicóloga)", la que a su entender es inválido pues la fiscal no la utilizó como prueba ni la citó para acusar, "...más aún cuando [...] se había desarrollado en el marco de la investigación" de otro hecho que fuera retirado por la acusación y resuelto en absolución por el tribunal de primera instancia (v. fs. cit. vta.).
II. Conforme con lo dictaminado por el señor Procurador General, este recurso tampoco prospera.
III. Así, ciñéndome al acotado alcance con que fuera concedido el mismo, debo decir que los reclamos de naturaleza federal traídos por la parte resultan insuficientes (arg. doctr. art. 495, CPP).
La defensa denuncia arbitrariedad con diferentes argumentos, mas del análisis del fallo en crisis surge que, sin perjuicio de otras precisiones que se harán más adelante, el mismo se encuentra a salvo de la tacha intentada, pues ha sido correctamente fundado.
III.1. En primer lugar, en cuanto a la imparcialidad de los juzgadores de origen al interrogar a los testigos, la Casación indicó que "Escuchada que fuera la audiencia de debate, de acuerdo a lo requerido por las impugnantes [...] el tribunal procedió conforme a la manda prevista en el artículo 364 del C.P.P." encontrando ajustado a derecho el temperamento adoptado (v. fs. 188 vta.).
Precisó que no detectó "...en las preguntas formuladas a los testigos ni en aquéllas dirigidas al imputado, que el tribunal haya suplido la actividad de la fiscal actuante" tal como lo denunciaba la parte.
Agregó que, en todos los casos, "...las juezas hicieron uso de la citada normativa, en tanto formularon preguntas [...] de tenor aclaratorio" a los testigos "...y una vez finalizada la actividad probatoria de las partes". Asimismo, no pasó por alto que "...el tenor 'aclaratorio' de las mismas, además de tratarse de un adjetivo calificativo, es también un concepto referencial y por tanto la pertenencia de dicha nota dependerá indefectiblemente del contenido de un relato" (fs. cit. vta. y 189).
Consideró que, para dar adecuada respuesta al agravio, debía fiscalizar si, durante el debate, se había constatado una afectación de la garantía de imparcialidad en los miembros del tribunal.
A continuación, agregó consideraciones teóricas en torno a tal garantía y el alcance del art. 364 del Código Procesal Penal (v. fs. 189/190) y luego indicó que en su parecer "...la conducta de las jue[zas] de la instancia no ha evidenciado la asunción de un rol impropio, del de un tercero imparcial".
Estimó como importante, a su modo de ver, que "...las decisiones y la actividad adoptada por el tribunal en el marco del juicio, no comprometieron la garantía de imparcialidad del juzgador, desde que no se evidencia involucrado en la producción de la prueba superando la propia y exclusiva actividad de las partes" (fs. 190).
Finalmente destacó que no pasaba por alto que en el caso había "...constatado una excesiva utilización de los magistrados de la facultad conferida en el segundo párrafo del artículo 364 del Código Procesal Penal", más sin que ello representase la trascendencia y gravedad invocada por las impugnantes al juzgar incólume "...uno de los pilares del sistema acusatorio". Agregó que "Su rol no se vio involucrado en la adquisición de prueba para el proceso" (fs. 188 vta./190 vta.).
III.2. En cuanto a la igualdad de armas, analizó si en el caso no se había constatado una afectación de la garantía de defensa en juicio.
Para ello señaló que "...la pretensión de la defensa [...] se circunscribió a objetar la no admisión por parte del tribunal", como prueba, "...de una nueva declaración de E. P." (fs. 191).
De acuerdo a lo que surgía de la grabación del debate, apuntó que "...el argumento defensista consistió en advertir contradicciones en tal testimonio, una vez que fuera cotejado con el resto de las deposiciones. Asimismo objetó cuestiones relativas a la ausencia de interrogatorio por parte de la fiscal de circunstancias vinculadas con eventos que, ciertamente no conformaron la plataforma fáctica de imputación" (fs. cit.), y sobre el punto juzgó acertado el temperamento adoptado por el tribunal desde que las razones invocadas por la defensora, se vinculan con aspectos relativos a la credibilidad que se le asigne al testimonio de E. P. y, en consecuencia, no resultaron suficientes para citar nuevamente a la testigo.
Señaló que "No debe perderse de vista que la nombrada fue sometida a un amplio y exhaustivo interrogatorio" y que las magistradas "...por unanimidad, compartiendo los fundamentos dados por la Sra. Fiscal, consideraron que tales críticas, en su caso, debían canalizarse en el respectivo alegato al no vislumbrarse de manera concreta la invocación de puntos novedosos que eventualmente pudieran ameritar la convocatoria de la damnificada" (fs. cit. y vta.).
III.3. Por último, y en lo que interesa, en cuanto a la denuncia de arbitrariedad en la valoración del plexo de cargo, destacó que si bien era cierto que la plataforma probatoria "...se erige desde el testimonio de la víctima", ésta "...no aparece desligada de los hechos indicadores de carácter periférico que contribuyen a fortalecer la hipótesis de la acusación" (fs. 191 vta.).
Luego de referirse a aspectos teóricos vinculados con la valoración de un único elemento de prueba directa para alcanzar la convicción necesaria de acuerdo al sistema que rige nuestro ordenamiento, agregó que "A la directa imputación que surge de la declaración testimonial prestada durante el debate por E. P., la víctima de autos, se suman una serie de testimoniales que también fueron rendidas por ante el tribunal de la audiencia y sujetas al control de las partes, las que permitieron ir reconstruyendo parcialmente, desde diferentes enfoques, lo acontecido" (fs. 192 vta.).
A continuación, se dedicó al análisis de cada uno de los testimonios, comenzando por el de la víctima de autos. Luego se refirió a los dictámenes periciales confeccionados en el curso de la instrucción -ingresados al debate por su lectura, sin objeción de las partes-, los que a su entender "...dan respaldo probatorio a la versión de E. P.", y puntualmente a los informes realizados por los licenciados Gerardo Luis Capurro y María Florencia Ortiz, los que descartaron una "...tendencia fabuladora" en la víctima y dieran cuenta de la situación "...altamente traumática", la "...labilidad emocional" y el temor de la misma frente a los hechos ventilados en la causa.
Luego lo hizo en relación con los testimonios de O. O. P., M. E. S., Y. B. P., C. O. Q. y S. G. V. los que -a entender del revisor- corroboraron los dichos de la víctima.
Por otra parte, se refirió al acta de inspección en la que se constató "...la existencia en los fondos de la vivienda de la familia P. de un galpón en cuyo interior había dos camas y se verificó un estado de gran desorden y suciedad".
Finalmente, luego de ponderar los dichos del acusado, y descartando una actividad sexual consentida como alegaba, concluyó en que el tribunal de instancia "...examinó con parejo detalle el caudal de prueba disponible y brindó oportuna y cabal respuesta a los cuestionamientos de la defensa, encontrando acreditados tanto las materialidades infraccionarias como la autoría responsable de Ramírez, sin quiebres lógicos que permitan desde esta instancia apartarse de sus conclusiones", descartando a continuación que se hubiera consumado en el fallo criticado el vicio de absurdo que fuera denunciado (v. fs. 191 vta./197).
IV. En rigor, la defensa solo opone su propia opinión personal acerca de lo así decidido, sin atender de modo suficiente todos y cada uno de los fundamentos vertidos por el sentenciante y sin que, por otra parte, se advierta ni demuestre la existencia de la arbitrariedad que invoca, lo que sella la suer
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