Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128459
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja traída por la defensa particular a favor de Juan Carlos Vergili, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Germán Diego Balaz por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"VERGILI, JUAN CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.049 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.459-RQ, caratulada: "Vergili, Juan Carlos s/ Recurso de queja en causa N° 73.049 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 7 de diciembre de 2016 -en lo que aquí es de interés- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular contra el decisorio de dicho órgano que -denegando la queja del 433, CPP- confirmó lo resuelto por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, en cuanto -a su vez- mantuvo el decisorio del Juzgado de Garantías n° 1 departamental que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento de Juan Carlos Vergili y dispuso la elevación de la causa a juicio (IPP 06-00-007629/9) –v. fs. 33/37 vta.-.
II. Contra lo así fallado, el señor defensor particular -doctor Germán Diego Balaz- articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 38/48 vta.).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio por fundarse en afirmaciones dogmáticas, carentes de todo sustento, y por omitir dar "cualquier tipo de tratamiento a los argumentos desarrollados por esta defensa" (fs. 38 vta.).
Advirtió que se restringió a su asistido el derecho al recurso. Se explayó en punto al deber de motivación, en estrecha relación a las garantías de defensa en juicio "y un valor extra-procesal de garantía de publicidad". Citó precedentes de esta Suprema Corte, el Máximo tribunal nacional y la Corte IDH (v. fs. 39/42 vta.).
Esgrimió que el carácter inmotivado de la decisión que deniega el recurso la torna nula -art. 106, CPP- (v. fs. 41 vta. y fs. 42 vta.).
De seguido afirmó que el carril denegado cumple con los requisitos de admisibilidad, y objetó -en particular- el argumento del a quo en punto a la materia impugnativa (v. fs. 42 vta.). Expuso que -en su oportunidad- se especificó que el concepto de ley sustantiva incluye el bloque de principios constitucionales federales -art. 75 inc. 22, Const. nac.-; y, posteriormente, se demostró la inobservancia a los arts. 15, 16 y 171 de la Constitución provincial; 1, 5, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH (v. fs. 43).
Transcribió parcelas del auto adverso y señaló que el planteo de arbitrariedad se enlazó con la inobservancia a la ley sustantiva. Especificó que la crítica al decisorio primigenio de la casación -que desestimó la queja del art. 433, CPP- se dirigió "al criterio de sentencia definitiva irrazonable" y la carencia de debida motivación (v. fs. 43 vta.).
Reiteró el carácter genérico y abstracto de las afirmaciones del órgano, en ambos decisorios (v. fs. cit.).
Identificó la falta de aptitud y carga técnica necesaria del planteo federal, y cuestionó que "tampoco explican ni dan las razones de ello" estando constitucionalmente obligados (v. fs. cit.). Agregó que el auto adverso se limita a citar trayectos de fallos de esta Corte, sin aplicarlos al caso (v. fs. 44).
En segundo lugar, cuestionó la falta de tratamiento de cuestiones llevadas ante el a quo . Reiteró el concepto de ley sustantiva, y cuestionó el criterio sobre la definitividad de la sentencia revisora. Expuso que lo fallado le causa a Vergili un agravio de imposible reparación ulterior, por lo que "la resolución atacada mediante recurso de casación debe ser equiparada a una sentencia definitiva". Citó lo dictaminado en "Trusso" por la CSJN (v. fs. 45/46 vta.).
Para finalizar, hizo reserva del caso federal (v. fs. 47 vta.).
III. Ahora bien, para obturar el acceso a esta Suprema Corte, la Sala I del órgano casacional razonó que "el objeto procesal en crisis resulta una sentencia incuestionablemente definitiva", hallando -además- reunidas las exigencias de los arts. 481 y 483 del CPP (v. fs. 33 vta. in fine /34).
De seguido, observó que no se identificaba un supuesto de infracción a la ley sustantiva, y que si bien la parte intentó sortear dicha limitación con la tacha de arbitrariedad y la denuncia de inmotivación del fallo, lo cierto es que hizo caso omiso a lo resuelto, esgrimiendo una opinión personal discrepante con lo fallado (v. fs. 34).
Sindicó que no advertía que el carril presentase la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, estuviesen involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que debieran ser atendidas por el superior tribunal de la causa. En ese razonar, transcribió parcelas de lo decidido en P. 108.624, (v. fs. 34 y vta.). Misma solución le asignó a las tachas de absurdo y arbitrariedad por entender que la parte no logró demostrar que se encuentre configurada alguna de dichas causales. Reforzó ello con cita del precedente P.106.222 de esta Corte (v. fs. 35 y vta.).
A continuación, insistió en que el reclamo de la parte se desentendía de lo efectivamente resuelto (v. fs. cit. in fine /36).
Para finalizar, razonó que no correspondía efectuar ninguna consideración en punto a la validez constitucional el art. 494 del código de rito, pues el obstáculo a la admisibilidad del carril se cimentó en la falta de demostración de una cuestión de naturaleza federal excepcionante (v. fs. 36).
IV. Sentado ello, cabe señalar que el juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal Casatorio debe mantenerse, aunque por diverso fundamento.
Esta Corte tiene dicho que los carriles extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; conf. doctr. Ac. 92.293, 6-VII-2005; Ac. 96.323, 4-X-2006; Ac. 96.632, 31-VIII-2007; Ac.99.201, 11-VI-2008; entre otros).
En tal sentido, la decisión atacada (en cuanto no hizo lugar al sobreseimiento peticionado a favor de Juan Carlos Vergili, disponiendo de tal modo la elevación de la causa a juicio), al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal. Ello, en tanto, la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. Ac. 92.293, res. del 6-VIII-2005).
V. Por último cabe señalar que la invocación de garantías constitucionales o de arbitrariedad no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (CSJN, Fallos: 254:12; 256: 474; 267: 484; 276: 366; 296: 552; 304: 1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
VI. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja traída por la defensa particular a favor de Juan Carlos Vergili, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Germán Diego Balaz por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3087
Fin de la sentencia