Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Ramón Ceferino Ojeda (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Antonio Miguel Solivaret por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).)
P. 127.909-RQ - “Ojeda, Ramón Ceferino s/ Recurso de queja en causa N° 73.096 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 5 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.909-RQ, caratulada: “Ojeda, Ramón Ceferino s/ Recurso de queja en causa N° 73.096 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 18 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes que condenó a Ramón Ceferino Ojeda a la pena de cuatro años de prisión, y al pago de una multa de quinientos pesos, accesorias legales y costas, por la autoría de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -causa N° 4.478- y tenencia simple de estupefacientes -causa N° 4.716-, en concurso real entre sí (fs. 2/3 vta.).
2. Contra lo así decidido, el defensor particular del nombrado, doctor Antonio Miguel Solivaret, articuló recurso de queja en los términos del ar4t. 486 bis del C.P.P. -ley 14.647- (fs. 42/48 vta.).
Sindicó que el decisorio impugnado afectó diversos derechos y garantías con reconocimiento constitucional -de orden provincial y nacional-, así como en instrumentos internacionales, lo que configuró un gravamen irreparable “que s[ó]lo es pasible de resarcirse mediante el presente remedio procesal” (fs. 42 vta.).
Tachó de arbitrario e improcedente el resolutorio y halló configurado un supuesto de denegación de justicia (fs. cit.).
Entendió lesionados los arts. 18, 28, 31 y 33 de la C.N.; 10, 11 y ccds. de la Constitución provincial; 8.2 de la C.A.D.H., 14.2 del P.I.D.C. y P., y los arts. 210 y 486 bis el C.P.P. (fs. 43 vta./44).
Afirmó el carácter definitivo del pronunciamiento recurrido, y la existencia de una cuestión federal que excepciona el valladar objetivo del art. 494 del C.P.P. (fs. 44 vta.).
De seguido destacó que -en autos- no fue considerado el avasallamiento de los derechos prealudidos, en tanto “justamente la errónea y arbitraria valoración de la prueba” conllevó a la inaplicabilidad del art. 210 del Código de rito, y el quebranto del art. 18 de la C.N. Agregó que la desestimación de la vía extraordinaria que aquí confronta afectó el derecho al recurso contemplado en el art. 8.2.h de la C.A.D.H.” (fs. 44 vta./45.).
Confrontó el criterio del a quo respecto a los requisitos de la vía impetrada, y afirmó que “presenta todos los requisitos necesarios para su procedencia”. Reiteró la configuración de un gravamen irreparable, el carácter arbitrario de lo resuelto, y la presencia de una cuestión federal por hallarse “en juego el alcance de las garantías del debido proceso y defensa en juicio” (fs. 45).
Mencionó el deber de intervención que pesa sobre esta Suprema Corte frente a la denuncia de conculcación de un derecho consagrado en la Carta Magna Nacional, a fin de hacer cesar su afectación -arts. 5 y 31 de la C.N.- y trajo a colación los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” (fs. 45 vta./46).
Reconoció el carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad, el que -sostuvo- resulta procedente en el presente caso “por apartamiento inequívoco de la solución normativa” -art. 210 del C.P.P.-. Postuló que el decisorio es descalificable como acto jurisdiccional válido (fs. 46).
Objetó la autenticidad de los hechos juzgados, cuya repercusión en la valoración del plexo probatorio obsta a “una correcta convicción que lleve a una justa solución del fin material del derecho penal” (fs. 46 vta.).
Para finalizar, halló cumplidos los requisitos de procedencia de la vía esgrimida, y requirió a este Tribunal que admita la queja a los fines de su tratamiento (fs. 46 vta. in fine).
3. La queja es improcedente.
a. De la lectura del resolutorio en crisis se advierte que -en primer lugar- el a quo, halló reunidas las exigencias de los arts. 483 y 484 del C.P.P., así como la definitividad del pronunciamiento recurrido, cfe. el art. 482 del C.P.P..
De seguido, se refirió a la insuficiencia de dichos requisitos para la apertura de la vía extraordinaria, y mencionó el valladar referido al monto de pena que establece el art. 494 del código de rito. Afirmó que “no se advierten razones para excepcionar[lo]”, toda vez que Ramón Ceferino Ojeda ha sido condenado a cuatro años de prisión.
En dicho marco razonó que “[t]ampoco se plantea una cuestión de índole federal y si bien se alude a diversos derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, tales referencias fueron realizadas sin un específico desarrollo que, con aptitud y carga técnica necesaria, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes” para habilitar la instancia extraordinaria -arts. 494 del C.P.P.; 18, 75 inc. 22 de la C.N.; 14 y 15, ley 48).
Concluyó, en la inadmisibilidad de la vía extraordinaria pretendida -cfe. arts. 106, 482, 483, 484, 486, 494 y ccds. del C.P.P. -ley 14.647-,18 y 75 inc. 22 de la C.N., 14 y 15, ley 48- (fs. 3).
b. De lo reseñado, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
De ese modo, no logró remover el obstáculo formal vinculado con la falta de aptitud y carga técnica en el planteo de las pretensas cuestiones federales y se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre el punto.
En definitiva, la presentación directa no logra autoabastecerse y se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
4. Por último, corresponde desestimar la denuncia de arbitrariedad en tanto el examen de admisibilidad negativo cuenta con la fundamentación suficiente que lo deja salvo de la tacha intentada.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Ramón Ceferino Ojeda (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Antonio Miguel Solivaret por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia