Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128261
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta por la defensa particular de Lucas Emanuel Maciel; con costas (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs. del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Ángel Horacio Strazzalino (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"MACIEL, LUCAS EMANUEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.347 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.261-RQ, caratulada: "Maciel, Lucas Emanuel s/ Recurso de queja en causa N° 73.347 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 13 de octubre de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y nulidad deducidos contra la decisión de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento Judicial San Isidro que había condenado a Lucas Emanuel Maciel a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con escalamiento en grado de tentativa (v. fs. 7/13).
II. El letrado de confianza del nombrado, doctor Ángel Horacio Strazzalino, articuló recurso de queja (v. fs. 16/18 vta.).
Dejó sentado que, si bien conforme lo normado por el art. inc. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad se encuentra reservado para cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas provinciales confrontados con normas de la mencionada Constitución, no comparte el criterio sustentado por el a quo. Alegó que se cayó en un excesivo rigorismo formal que afecta la normativa constitucional. Expuso que el fallo recaído en las instancias anteriores le impide a su defendido acceder a la posibilidad de una condena de ejecución condicional. Con cita del precedente "Mill de Pereyra", refirió que nada obsta a que se plantee en este momento procesal la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 50 y 14 del Código Penal.
En lo restante, afirmó que la Sala Primera al momento de rechazar el recurso de casación, omitió tratar una cuestión esencial. Sobre el punto observó que nada se dijo en torno a las condiciones personales de Maciel, así como el tiempo transcurrido desde la supuesta autoría del ilícito que se le reprocha y su voluntad de someterse al proceso penal en todas las instancias, lo cual demuestra su falta de peligrosidad y la innecesariedad de aplicar una pena de efectivo cumplimiento (v. fs. 18).
III. La queja es improcedente.
IV.1. Respecto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el Tribunal de Casación sostuvo que la inconstitucionalidad de normativa de la ley de fondo art. 50 del Código Penal- "no procede por la vía intentada, ya que la presente se reserva a las inconstitucionalidades respecto a la Constitución Provincial". En dicho marco, con cita de precedentes de este Tribunal, indicó que "la vía de impugnación prevista en el art. 489 del Código Procesal Penal sólo procede cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local".
Sin perjuicio de ello, se abocó a verificar si en el presente se encuentran aristas de naturaleza que ameriten la intervención de esta Corte (v. fs. 8 vta.).
En consecuencia, argumentó que el agravio federal que esgrimió la defensa "no encuentra perjuicio actual e inmediato que permita dejar de lado las deficiencias que reviste la presente impugnación (…) debiendo realizarse dicho planteo, en la primer oportunidad procesal que posea la parte, en el momento de querer hacer valer o requerir dicho instituto" (fs. cit.).
Sumó a ello que la petición de la parte no podría ser tomada sin el debido compromiso y pertinencia al caso por parte del juzgador, ya que es éste quien debe, en un primer momento, armonizar las normas puestas.
Asimismo, no hizo lugar a la denuncia de arbitrariedad (v. fs. 10 y vta.).
2. De lo reseñado se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria incoada.
Lo argüido ante esta instancia lejos de demostrar que su pretensión encuadra en las previsiones del art. 489 del código de rito, evidencia aún más que sus planteos no se enmarcan dentro del objeto del remedio deducido por la parte ante la instancia intermedia y denegado por ésta.
3. Ninguna consideración cabe efectuar respecto de la petición de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del Código Penal (v. fs. 18), en tanto esta Corte tiene competencia exclusiva sobre el pronunciamiento impugnado y en la medida del recurso deducido contra éste.
V.1. Con relación a la restante vía deducida, el a quo liminarmente mencionó lo dicho en la causa P. 116.124 en punto a que "según se desprende de lo expresado por la propia recurrente al efectuar una crítica a las respuestas formuladas por el tribunal intermedio, sus reclamos lejos de constituir la denuncia de incumplimiento del art. 168 de la Constitución [P]rovincial, constituyen en rigor, la pretensión de controvertir el acierto o el sentido de lo resuelto, extremoséstos que se encuentran detraídos del acotado marco del recurso en examen". En dicho escenario, señaló que la defensa efectuó una reedición de los motivos oportunamente denunciados en el recurso de casatorio "desentendiéndose de lo resuelto por e[s]a Sede, sin rebatir de forma concreta y circunstanciada dicha sentencia, omitiendo un crítica de su razonamiento" (v. fs. 11 y vta.).
Para más, consideró pertinente también recordar lo resuelto en la causa P. 125.572, en tanto se decidió que "la lectura del recurso bajo estudio da cuenta que las consideraciones traídas por señora Defensora pretenden el examen del acierto o profundidad de lo decidido por el a quo; lo cual constituye materia ajena a la vía extraordinaria de nulidad".
Concluyó que al no encontrarse supuesto alguno de los enunciados en el art. 168 de la Constitución provincial ni agravio federal suficiente, correspondía declarar inadmisible dicho recurso (v. fs. 12).
2. Frente a ello, la parte no reparó siquiera mínimamente en los argumentos expuestos para desestimar la vía extraordinaria de nulidad y, en ese carril, tampoco demostró que los agravios allí contenidos v. fs. 3 vta./5 vta.- encajasen en alguno de los motivos previstos por el art. 491 del Código Procesal Penal.
En efecto, el quejoso no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio desestimó la misma, dejando incontrovertido su fundamento.
VI. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta por la defensa particular de Lucas Emanuel Maciel; con costas (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs. del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Ángel Horacio Strazzalino (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia